COMPARTIMOS PARA CONOCIMIENTO

CATEDRA DEL AGUA

Señores Diputados y Senadores

Del Honorable Congreso de la Nación Argentina

De nuestra mayor consideración:

                                                    La Cátedra del Agua (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) de la UNR conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, nos dirigimos a ustedes a los efectos de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional), para que restituyan   y/o agreguen el siguiente texto en el nuevo Código Civil argentino a sancionar:

            En el Libro Primero. Título III. Capítulo 1. Sección 3era del Proyecto de Reforma del Código Civil Argentino, se tiene que establecer lo siguiente:

            Artículo 241: “…El acceso al agua apta para el consumo, y al saneamiento es un derecho humano esencial…”

            Anteriormente en el Anteproyecto de la Comisión Lorenzetti, estaba prevista. Luego, cuando se remite al Congreso de la Nación Argentina, fue quitado. Por eso es que peticionamos que se agregue y/o restituya el Artículo 241 de la manera ut supra expresada.

            Todo ello lo fundamentamos en cuestiones jurídicas y sociológicas que en Anexo se acompaña a la presente.

            Los  saludamos con deferencia:

Dr. Aníbal I. Faccendini

Director

CATEDRA DEL AGUA

                                                                                   F.C.P. Y RR. II. - UNR

ANEXO

El  acceso  al agua y al saneamiento,  debe ser un derecho en el nuevo Código Civil.

 “…Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado…”  Martín Heidegger

            El siglo XXI, está subrayado por el agua.  Varios motivos así lo indican, entre ellos por ser un derecho humano esencial y ser fundamental  para la vida y que menos del 1% de la masa acuática es dulce y susceptible de ser potabilizada, ello nos da algunas señales, de las tantas, de la importancia de este bien.

            La Argentina que en la primera mitad del siglo XX, estuvo primera en la provisión de agua potable, actualmente está detrás de Cuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay, México y Chile. Presenta la grave situación de que 21,60% de personas  carecen de agua potable y 57,50% de habitantes no tienen sistema de cloacas. El panorama, a todo ello,  se agravaría cuando se incremente el consumo en más del 50 por ciento en el período 2025-2050 en el mundo,  con lo cual quedarían seriamente comprometidas las futuras generaciones. 

            La Organización Mundial de la Salud define a la salud como "…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…". Este concepto enmarca a la salud en una perspectiva social integral, que resulta palmariamente vulnerado por la situación antes descripta. El agua es un bien de la humanidad, es un bien de la vida y así debemos reconocerlo. Es un derecho humano al igual que el saneamiento, declarado por Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, Resolución 64/292. En definitiva es un bien común universal.

            Es desde un pensamiento complejo e interdisciplinario, que el nuevo Código Civil argentino debe dar cuenta sobre el agua, cristalizándolo en un derecho.

            Necesitamos tener una percepción comunitaria del agua y desde ésa visión abordar entre otras cuestiones la  problemática urbana y rural, la tensión calidad y cantidad, el diagnóstico de la problemática y la prevención del stress hídrico como así también la razonabilidad de la huella hídrica. Todo ello ayudaría a proteger y juridizar el agua.

            Importante es denotar que el bien del que hablamos, viene a reflejar distintos procesos políticos. Testimoniando sobre la inequidad en el acceso al agua, y por ende la vulneración de ciudadanía que produce.

            Al ser un derecho humano fundamental y un bien común universal de toda vida, el agua está fuera del comercio. Es un derecho inalienable e imprescriptible. Este marco situacional nos sindica que el agua debe estar en manos públicas, democráticas y de intensa participación ciudadana efectiva. Es necesario remarcar que la temática del agua está atravesada por dos ejes fundamentales a saber, que el agua y el saneamiento es un bien común y un derecho humano esencial, y que debe ser gestionada por la administración pública y comunitaria.

            El problema de la no accesibilidad al agua apta para el consumo, es un problema fundamentalmente de los países del hemisferio sur. Los guarismos indicativos de no accesibilidad al agua apta para el consumo al igual que el saneamiento, se patentizan en América Latina, Africa y Asia. No se refleja en los países desarrollados, dónde la cobertura  promedio es  de más del 90%.

            El Código Civil argentino vigente, responde a la cultura cartesiana e individualista decimonónica. Este cuerpo de  normas jurídicas coadyuvó a conformar el Estado Individual de Derecho. Donde familia, propiedad y herencia eran en el siglo XIX bases sistémicas fundantes.

            En el mundo a fines del siglo XX, comienzan  a agitarse, entre otras cuestiones, la problemática ambiental en general y el derecho al agua en particular. Sus fuentes, entre otras, la podemos ver en la  Conferencia de Estocolmo de 1972, los Límites al Crecimiento del Club de Roma, el documento de la Fundación Bariloche, el trabajo de Rachel Carson de la “Primavera Silenciosa”, la Conferencia de la ONU sobre el Agua en Mar del Plata en 1977, el Informe Bruntland de 1987 sobre desarrollo sustentable y la gran conferencia de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro.

            Este proceso de concientización hídrica y ambiental, se va a ver fortalecida en el año 1997,  cuando el  pensador Riccardo Petrella, Director Honorario de la Cátedra del Agua (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) UNR, publicó su obra el  “Manifiesto del Agua”, en la que  va a evidenciar la importancia del agua como bien común y base esencial de cualquier otro derecho. A tales fines también ayudó, la Cumbre de los Pueblos en Río + 20, que sostuvieron que el acceso al agua y al saneamiento es un  derecho humano esencial.

            El derecho al agua es transversal a todo el derecho, incluido al civil. 

            El proyecto del nuevo Código Civil, debe dar respuesta a la corriente jurídica latinoamericana que recepciona al agua como derecho humano.  Debe dar cuenta también conteste con el artículo 41 de la constitución de la nación argentina, en declarar como bienes comunes al agua y al aire. 

            El nuevo Código Civil, debe reestablecer el artículo 241, expresando lo siguiente que  “…El acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento es un derecho humano esencial…”. Hay que tener en consideración que la Argentina, el 28 de julio de 2010, votó en la Asamblea de la ONU la resolución nro. 64/292 donde se estableció que el acceso al agua y saneamiento es un derecho humano esencial. Sin este derecho no se puede construir juridicidad alguna.

            La realidad nos indica que tenemos que ir hacia un Estado Social Ambiental de Derecho. Estableciendo que el agua es un derecho humano.

            En definitiva Argentina, debe ambientalizar al nuevo Código Civil,  siguiendo así la legislación  de países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay.

            La ley es una necesidad para la realidad.  Metaforizando,  es la foto que da sentido a la película social. El agua es la foto de todos los tiempos y sociedades, llegó la hora que la ley la tome,  para  transformarla  en derecho.

lunes, 24 de septiembre de 2012

Las prisiones domiciliares, una deuda interminable

HIJOS La Plata 

En un informe de 2011, los números oficiales de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, que depende del Ministerio Público Fiscal, confirmaron que cuatro de cada diez represores procesados en todas las causas del país están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. En términos formales hay excarcelados por garantías procesales y por lo que los abogados llaman “cese de la prisión preventiva”, es decir, porque pasaron más de 2 años presos sin condena. Según estos números, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en sus casas, libres o con domiciliaria.
En 2010 un fallo de la Corte Suprema intentó detener las excarcelaciones pero, como lo confirma la Unidad Fiscal en 2011, aún se propagan las autorizaciones de los jueces federales de primera instancia o de la Cámara de Casación. Las  Salas I y III de Casación esgrimen en sus fallos viejos criterios que están revestidos de un aparente garantismo, pero lo que garantizan es más impunidad: para los genocidas procesados la prisión preventiva es una excepción, no la regla.

Este argumento desencadenó gran cantidad de pedidos de excarcelación, e hizo que el 2010 se convirtiera en el año record de liberados. El ministerio Público, a través de Pablo Parenti de la Unidad Fiscal, opina que predomina en los jueces “un análisis muy liviano del entorpecimiento del proceso, que puede darse con el riesgo de fuga o con la amenaza de destrucción de pruebas. Lo que yo pregunto es, ¿cómo repercute que esas personas estén en libertad en casos como los de Rosario y Vesubio? ¿Con qué libertad puede declarar una persona sobre las torturas cuando puede encontrarse en la esquina a quien está acusando? La prueba no se produce en total libertad. ¿Y entonces cómo impacta la libertad en la prueba? Hay gente que atraviesa todo el juicio en libertad, con riesgo de fuga y de gran intimidación a los testigos. Hay quienes se encuentran con sus torturadores en la calle y en la puerta del Tribunal y también sucede con personas que están condenadas y quedan en libertad mientras se revisa la condena. Esas revisiones suceden además muy lentamente, con graves demoras en Casación”.

Tomemos el caso del Juicio que se lleva en La Plata desde septiembre de 2011. El Juicio “Circuito Camps” es la más extensa de la acumulación de causas llevadas a juicio hasta el momento en esa ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP - 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro) y una apropiación relacionada a la Brigada de Investigaciones de San Justo.  En el debate serían juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. En el transcurso del juicio murieron impunes los represores Paez y Arias Duval.

Pero al comenzar el juicio, la mayoría de los represores llegaban a las audiencias excarcelados o con domiciliaria. Atento a esta situación, el espacio Justicia Ya La Plata pidió que se revocaran las domiciliarias de que gozaban 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta: Almeida Domingo, Patrault Luis Vicente, Berges Jorge Antonio, Campos Rodolfo Anibal, Arias Duval Alejandro Agustin, Lujan Horacio Elizardo, Ibérico Saint Jean, Sita Mario Victor y Smart Jaime Lamont. Además, se denunció el caso de Norberto Cozzani a quien el juez Federal Arnaldo Corazza, dejó vencer el plazo de la Prisión Preventiva otorgándole la libertad en Enero de 2011. En el escrito también se solicitó que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, y que son: Tarela Eros Amilcar, Verduri Sergio Arturo, Grillo Roberto Omar, Kearney Miguel, Lencinas Daniel Jorge, Ferriole Pedro Antonio, Paez Ruben Oscar, Cabrera Roberto Antonio, Corrales Bernabé Jesus, Machuca Raul Orlando, Svedas Fernando y Antonini Santiago.

Justicia Ya apeló esta última decisión ante la CSJN en Febrero de 2009, y cuestionó a los magistrados Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi, integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal. Por entonces se dijo que “resulta inconcebible y manifiestamente insultante para las víctimas y para la sociedad toda, que en el marco de la impunidad que reinó los últimos 33 años, se pretenda tomar como argumento decisivo que hasta el presente los imputados no registren condenas ni hayan procurado mantenerse prófugos de una Justicia que nunca los requirió”. Además se afirmaba por entonces que con esta medida: “Por un lado, se pone en riesgo la concreción del castigo a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad; por otro, se afectan los derechos que tienen las víctimas a que la justicia investigue y sancione a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosos fallos que el hecho de que no se sancione a los responsables genera un amedrentamiento permanente hacia las víctimas, familiares y operadores judiciales a cargo de las investigaciones”.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de varios de los genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza) y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Pero la Sala III concedió la excarcelación con argumentos como: “que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado”. O bien que “la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad, hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones”. (Juez Riggi en el caso de Paez). O bien “que mantener la actual situación de encierro, vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo”. (Jueces Tragant, Ledesma y Riggi en el caso de Kearney). También que “la investigación continúa en su etapa instructoria, razón por la cual no se avizora que la situación procesal del imputado sea resuelta en forma inminente”. (Jueces Tragant, Ledesma y Riggi en caso Machuca). O bien que “la privación de la libertad procesal sólo podrá autorizarse cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia, pero menos gravosa a los fines del proceso”. (Juez Tragant en caso Machuca). Y hasta que el hecho de que “el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados también constituye un fundamento válido para dictar la medida al inicio de la investigación. Pero cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva”. (Juez Tragant en caso Machuca).
Estos represores, beneficiados con recursos que la propia  gravedad de lo que se juzga determinaría que deberían ser extraordinarios, tuvieron una funcionalidad central en el esquema represivo del Circuito Camps en La Plata. La mayor parte de estos imputados en Causas BILP y Arana estuvieron detenidos sólo entre abril y diciembre de 2008.
La mayoría de los jueces federales que otorgan este tipo de beneficios a los genocidas citan para apoyar sus decisiones la doctrina establecida en el fallo plenario de la Cámara de Casación Penal conocido como “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación”. En ese Plenario de Cámara de fecha 30/10/2008 se fijó la siguiente doctrina: no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal.

Para muchos de los jueces que entienden en las causas de Lesa Humanidad, no son suficientes los argumentos de que cercano al comienzo de un juicio es razonable determinar que los represores deben ser detenidos para poder juzgarlos. O bien que por la responsabilidad que tiene el Estado para con las víctimas, su deber de reparación en la medida en que puede hacerlo treinta y tantos años después, deben ser encarcelados para someterlos a juicio. O Bien que existe riesgo de comisión de nuevos delitos, y que no escapa al entendimiento de los tribunales la existencia de un aparato de criminalidad que hasta el día de hoy opera como mecanismo de intimidación de testigos. (Casos Lopez-Gerez-Puthod-Suppo-Martínez-Caso Gil en Santa Fé).  Y que Por ello, para contribuir a un marco de protección a los testigos y sobrevivientes durante la audiencia que determina una posible condena, los represores deben ser encarcelados.

La discusión central nos lleva a rever el criterio habitual para concederles el beneficio de la domiciliaria o excarcelación: no poseer antecedentes penales anteriores o haber estado a derecho o algún tipo de valoración positiva sobre las condiciones personales de los genocidas. A esta altura habría ya que discutir si es relevante ese criterio para los casos de delitos de lesa humanidad cometidos desde las estructuras del Estado, por la gravedad de los delitos y por la dureza de las potenciales penas. Y a esta altura, es incomprensible que tras más de 30 años de lucha constante e inclaudicable de los organismos defensores de los derechos humanos y de la mayoría del pueblo, el Poder Judicial insista en minimizar el genocidio dando mayor valor a criterios secundarios sobre la situación de los represores (la edad de los imputados, que sus residencias sean estables, que sus núcleos familiares estén consolidados, o sus comportamientos en prisión sean correctos), que a los cientos de crímenes aberrantes e impunes por ellos cometidos.

Además existen argumentos resueltos por la Cámara Federal de La Plata en la causa Etchecolatz, donde se señalaba que la naturaleza de los delitos de lesa humanidad imputados a los represores “denota la importancia y la necesidad de un trato diferente de las personas imputadas o condenadas por esa índole de crímenes, sin que ello implique desconocer, obviamente, sus derechos fundamentales o decidir, respecto de ellos, en forma discriminatoria o sin igualdad en ‘igualdad de circunstancias’. El argumento central proviene del derecho internacional de los derechos humanos que responsabiliza a los Estados nacionales ante la comunidad internacional, de que sea entorpecida la investigación de la verdad, el juzgamiento y, de suyo, el cumplimiento de la pena de los delitos de lesa humanidad".

Por si fuera poco, existen en la Cámara de Diputados varios  proyectos de ley para incorporar el art. 33 bis a la ley 24.660, disponiendo que no será aplicable la prisión domiciliaria cuando se trate de delitos de lesa humanidad. Recordemos que esa ley (votada en 1996) determina en su artículo 33 que “el condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique”. A la vez que estipula en su artículo 34 que “el juez de ejecución o juez competente revocará la detención
domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo
aconsejaren”.

Uno de los proyectos de reforma de la benevolente ley 24.660 fue presentado en marzo de 2008 por el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (FPV), hijo del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976 en la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, y posteriormente asesinado. Por el hecho fueron condenados a perpetua Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en 2008, pero en mayo de 2011 el Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso que cumplieran la condena con el régimen de domiciliaria. El proyecto de Vargas Aignasse duerme el sueño de los justos en la comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional, y en su desarrollo afirma que:
“En los fundamentos de la ley 24.660 se trata el beneficio como una excepción de carácter extraordinaria para aquellas personas mayores de 70 años a los que los titula como "ancianos" sin capacidad para afrontar vida carcelaria ni de fuga en caso de estar en un domicilio vigilado, o el del enfermo terminal para que los cuidados de su salud los hagan en un domicilio vigilado y para que este con sus familiares sus últimos momentos de vida, no olvidemos que nuestro sistema penal es contrario a la pena de muertes y tiene un tilde católico en el sentido que el sistema no puede ordenar la muerte de ningún ser humano cualquiera sea el delito cometido”. Puntualmente, Vargas Aignasse analiza que “la memoria, la justicia y la verdad se honran con trabajo, como miembro del
parlamento no puedo ver que genocidas como Videla, Massera, Suárez Mason, Bussi, Menéndez, Arrechea y tantos otros pasen sus días en countries residenciales con piscinas, recibiendo visitas y dando paseos en bicicletas alegando 70 años de edad o enfermedad terminal y acogiéndose a beneficios de la ley 24.660 que en su espíritu no contempla a delincuentes contra derechos humanos sino a delitos comunes de los tipificados en el cuerpo del código penal vigente”.

Si bien la propuesta de Vargas Aignasse no fue aprobada, en 2008 hubo una modificación del art 33 de la 24.660, para extender el beneficio de la domiciliaria a las madres privadas de su libertad y a enfermos terminales: “Podrán cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria: a) El condenado mayor de 70 años; b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El condenado que padezca una enfermedad o discapacidad graves y que por tal condición requiera tratamiento o atención especial que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario; d) La mujer embarazada; e) La madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad, a su cargo”. Curiosamente, la inclusión de la categoría “condenado mayor de 70 años”, no hizo sino ser el justificativo al cual se acogen la mayoría de los abogados de los genocidas para pedir el beneficio. Para peor, en Enero de 2009 se publicó en el boletín oficial la ley 26.472 que modifica la ley 24.660 en lo que se refiere a la prisión domiciliaria y se amplió en su artículo 32 los supuestos en los cuales procedía la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin hacerse ninguna excepción al respecto cuando se tratara de condenados por delitos de lesa humanidad. El criterio de aplicación del beneficio, al no distinguir los graves delios de lesa humanidad de los comunes, es que se debe aplacar igualitariamente, para “no generar discriminaciones donde la ley no hace diferencias”. Las consecuencias de ese pretendido “igualitarismo” son nulas en una justicia de clase como la argentina, donde la mayoría de los internos de los servicios penitenciarios Federal y provinciales sufren la Prisión Preventiva como pena anticipada.

Sólo en el mes de mayo de este año, la justicia federal platense se despachó con una chorrera de domiciliarias que no trascendió tanto como las crónicas del juicio “Circuito Camps”. En la causa N° 15.274 caratulada “Ferreyro Miguel Angel” y que imputa a este represor del CCD Brigada de Lanús, excarcelado desde junio de 2011, los jueces Rozansky, Jantus y Vega del TOF1 le prorrogaron por 6 meses la preventiva con domiciliaria bajo condición de someterse a control del Patronato de Liberados. En Causa N° 35, que investiga los secuestros, torturas y desapariciones cometidos por la Armada y Prefectura entre la militancia del Astillero Río Santiago, el juez Humberto Blanco confirmó la preventiva con domiciliaria de 5 genocidas (Schaller, Meza, Vañek, Errecaborde y Mendez) y dispuso una hasta entonces inexistente consigna fija de Gendarmería en sus domicilios. Igual retardada medida tomó Blanco sobre el represor Eduardo Gargano, con preventiva domiciliaria en Causa N° 29 por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearze; en causa Pozo de Quilmes sobre 9 genocidas; en Causa Pozo de Banfield sobre otros 5 y en Causa Brigada de San Justo sobre otros 14, incluido aquí el otorgamiento de la domiciliaria al genocida Juan Acosta.

El panorama no es mucho más alentador si hablamos de condenas concretas. En lo que va de 2012 hubo en todo el país 13 juicios concluidos, con sólo 55 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 5 absoluciones, por un total de 284 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Si bien el año no concluyó, hay en curso un grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, si se tiene en cuenta  que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 13 en 2009, 19 en 2010 y  17 en 2011.

Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 (menos 2) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Suman entonces 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios.

Es que el festejado proceso de reapertura de las causas lleva casi una década en marcha, y sólo ha posibilitado el 18 % de condenas sobre el total de genocidas procesados en todo el país, cifra que a esta altura representa una pequeña dosificación de Justicia que, en una proyección sencilla, y de acuerdo al desempeño de 18% de condenas en 9 años, nos llevaría a una larga tarea de un par de generaciones para completar.
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace 9 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Y a la vez denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión. Los datos están a la vista.

HIJOS LA PLATA

Nota de REDACCIÓN ROSARIO- DIARIO DIGITAL

Ciudad |  Repintaron el mural de la resistencia

“Las paredes son las imprentas de los pueblos”

23/09/2012

Este sábado fue finalmente repintado el mural. | Foto: Graciela Borda.

Este sábado, en la esquina de Jujuy y España, se realizó una jornada cultural por la memoria convocada por el Colectivo de ex presos y sobrevivientes de la dictadura en la que se repintó el mural en homenaje a las más de 450 víctimas de la resistencia en Rosario en el Colegio San José.
La movida, que estuvo organizada bajo el lema “Mate, memoria, mural”, congregó a cientos de participantes entre sobrevivientes de la dictadura, familiares de desaparecidos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
Desde temprano por la mañana, militantes de La Cámpora, el Movimiento Evita y Martín Fierro, colgaron sus banderas junto a las del Colectivo de ex presos políticos,  las Madres de la plaza 25 de Mayo y APDH, frente al colegio San José, donde se realizó la pintada.
Acompañaron además, representantes de Hijos Rosario, del Espacio Juicio y Castigo, y los concejales Roberto Sukerman, Norma López y María Fernanda Gilgliani.
La actividad tuvo un marco signado por la celebración del “hecho político y simbólico que representó la posibilidad de repintar el mural en homenaje a unos 500 rosarinos asesinados desde la resistencia peronista iniciada en el ’55 hasta las víctimas de diciembre de 2001″, explicó a Redacción Rosario Mónica Garbuglia, secretaria de prensa del Colectivo de ex presos políticos.
El mural había sido tapado por autoridades del Colegio en junio pasado. Luego de una mediación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario, la dirección del colegio accedió a ceder un espacio de 26 metros de largo por 1,65 de alto para que se reconstituya el mural.

Mediación del Concejo

Junto a los concejales Sukerman y López, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, María Fernanda Gilgliani, también festejó la concreción del mural. “Me siento muy contenta de que hoy (por este sábado) se esté realizando esta actividad, y también orgullosa del trabajo que hicimos junto a los concejales de la comisión para mediar entre los integrantes del  Colectivo y las autoridades del San José”, indicó la edila.
Es que tras varias reuniones entre la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, autoridades del Colegio San José y el Colectivo de Ex Presos Políticos, se logró convencer a las autoridades salesianas para que se vuelva a pintar el Mural de la Memoria.
A partir de la firma del acta celebrada en el Concejo semanas atrás, el Colegio San José “otorga el derecho de uso del zócalo de 1,65 metros de alto por 26 de largo, desde el inicio de la ochava por calle Jujuy hasta la tercer ventana de calle España para ser utilizado en el mural testimonial alusivo a desaparecidos y presos políticos desde el año 1955 al 2001, en la ciudad de Rosario y zona de influencia”.
En el acta se precisó que se pintarán exclusivamente los nombres y apellidos y el nombre de la organización a la que pertenecían. En tanto el Colegio dispondrá del siguiente espacio, siempre por calle España, hasta el portón que allí se encuentra “para confeccionar un mural alusivo a los derechos humanos con los alumnos del colegio”.
Finalmente, el mural pudo ser pintado y tal como señalara a Redacción Rosario uno de los sobrevivientes de la dictadura presente en la jornada, con él  ”se concretó esa máxima setentista que tanto utilizamos durante nuestra primera militancia, de que las paredes son las imprentas de los pueblos”.

Informe sobre criminalización en la Corte

Fecha: 

 19/09/2012 - 18:54

Organismos de DDHH presentaron Informe sobre Criminalización de la Protesta ante la Corte Suprema de Justicia. 

Reproducimos nota publicada en el blog de Liberpueblo.

Integrantes de los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron recibidos en Audiencia en la que entregaron el Informe sobre Criminalización de la Protesta 2001-2012 elaborado y publicado en marzo pasado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); y Liberpueblo, Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo.

Participaron de la audiencia Enrique Fukman y Veronica Jeria por la AEDD, Myriam Bregman por el CEPRODH, Nicolás Tauber por Liberpueblo, Martín Alderete por CADEP, Alejandra Giordano por CADHU, y Liliana Alaniz por APEL. Fueron recibidos por el Dr. Ricardo Lorenzetti.

Durante el desarrollo de la audiencia, Enrique Fukman y Verónica Jeria por la Asociación de Ex -Detenidos Desaparecidos informaron cómo se confeccionó el informe, que releva las causas judiciales abiertas en todo el país contra integrantes de más de 150 organizaciones entre los años 2003 y 2012. Fukman destacó la persecución centralmente dirigida contra gremialistas, pueblos originarios, reclamos y luchas por tierra y vivienda, y en los últimos dos años la profundización de la judicialización de las luchas contra la megaminería contaminante. Se destacó que a medida que aumenta la conflictividad sindical y, aumentan la cantidad de delegados de base criminalizados.

A su vez, Verónica Jeria detalló la actividad desarrollada por el diputado neuquino Alejandro López quién tuvo la iniciativa de solicitar al poder Judicial que informe las causas relacionadas con la criminalización de la protesta y obtuvo la alarmante cifra de más de mil causas abiertas en la actualidad en esa provincia, con una fuerte acción persecutoria sobre los pueblos mapuches y sectores sindicales. Asimismo, los integrantes de la AEDD informaron sobre el alarmante aumento, a partir del año 2010, en la cantidad de personas asesinadas por luchar por sus derechos, la situación vivida en el parque Indoamericano donde en la causa penal donde se investigan los asesinatos provocados por la Policía Federal y Metropolitana no existen avances, mientras que avanza la causa judicial abierta contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, acusados por el mero hecho de solidarizarse con el reclamo de vivienda y reclamar contra la represión y los asesinatos a manos de la Policía. Finalmente se refirieron sobre el agravamiento de la causa contra 24 integrantes de la comunidad Qom La Primavera en Formosa, y sobre la militarización que se está llevando adelante en esa provincia.

Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, informó sobre otro de los aspectos de la persecución: el espionaje del que están siendo víctimas los representantes sindicales de base. Dio cuenta de la causa conocida como Proyecto X y se refirió especialmente a la actuación del fiscal Paulo Starc, impulsor de la mayoría de las causas que padecen los trabajadores de la zona norte del gran Buenos Aires. También se refirió a la enorme cantidad de juicios de desafueros que están recayendo de mano de las empresas a la par que la justicia penal inicia procesos.

Nicolás Tauber de Liberpueblo se refirió a la situación en varias provincias del país, entre ellas la de Chaco y al caso de Mártires López. Tauber, puso en conocimiento de la Corte que muchas de las causas relacionadas con el “proyecto X”, en especial las referidas a la lucha de los trabajadores de Kraft (ex Terrabussi) del año 2009, estarían llegando próximamente a la Corte Suprema y por eso es de nuestro interés que se conozca en qué marco se está dando este recrudecimiento de la protesta social. Se refirió también a la grave situación vivida en la autopista Panamericana hace unos días cuando el secretario de Seguridad Sergio Berni comandó personalmente la represión llevando a más de 60 personas (incluidos 12 menores de edad) detenidas a Campo de Mayo. Liliana Alaniz de APEL se refirió al asesinato de Mariano Ferreyra y a la actuación de las patotas, ligadas en muchos casos a las empresas. Destacó la situación de persecución que se vive en el ferrocarril Roca.

  PUBLICADO EN:  REDACCION ROSARIO- DIARIO DIGITAL

 

Ciudad |  Diputados aprobó el proyecto de restitución de bienes

Media sanción para la Biblioteca Vigil

20/09/2012
Diputados dieron media sanción al proyecto de ley impulsado por el presidente de la Cámara, Luis Daniel Rubeo, la cual dispone que la Provincia restituya todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil y que les había quitado la última dictadura civico militar que asoló al país.
“Estamos cumpliendo con un acto de estricta justicia y de reivindicación histórica, reparando en parte un avasallamiento a la cultura popular”, afirmó Rubeo.
Luego de la media sanción, el proyecto de restitución de bienes a la histórica biblioteca irá a la Cámara alta para que los senadores le den tratamiento.

La Biblioteca Popular fue el producto de la iniciativa y el trabajo conjunto de vecinos de la ciudad, principalmente de la zona sur de Rosario, que en sus momentos de apogeo llegó a contar con Escuelas de todos los niveles, cursos de capacitación popular, departamento de publicaciones y editorial Biblioteca, teatro, caja de ayuda mutua, observador astronómico, centro recreativo y deportivo, entre otras tantas actividades.

Bienes que la Biblioteca espera recuperar

Los inmuebles ubicados en la manzanas de Leandro N. Alem, Gaboto, 1º de Mayo y el Pasaje Perkins y la manzana enmarcada por las calles Leandro N. Alem,Gálvez, Ayacucho y Virasoro. Lugar donde funcionó históricamente La Vigil.
Los aproximadamente cincuenta mil libros de la Entidad, que quedaron en custodia a cargo de la Biblioteca Pedagógica Provincial “Eudoro Díaz”. Los elementos constitutivos de la mapoteca, discoteca, hemeroteca, diapoteca,y del observatorio.
Además, las piezas de animales embalsamados y colecciones del Museo de Ciencias Naturales de la Institución, y numeros cuadros de pintores locales.
Por otra parte, y entre otras iniciativas, el Cuerpo Legislativo dio Media Sanción al proyecto presentado por la legisladora Silvia de Césaris mediante el cual se declara el 12 de abril de cada año como el “Día del Asistente Escolar”.
La legisladora señaló que: “Debemos apreciar la importancia que tiene el cambio de nombre, y ello está dado porque designar un trabajo por la negativa de otro trabajo es como denigrar, desjerarquizar a un trabajador que cumple, otra función dentro del ámbito educativo. Ya conocemos que el docente (maestro-profesor), enseña, da clases; en tanto, el portero, el ayudante de cocina, el ecónomo cumplen otra tarea, de apoyo, por lo cual, no se los puede seguir denominando por la negativa de otro cargo. Llamarlos como Asistente Escolar, creemos que es un paso adelante al dignificar dicha tarea”.

San Justo, lunes 17 de septiembre de 2012

Repudiamos enérgicamente la agresión sufrida hacia compañeros militantes que el pasado domingo hicieron un acto en conmemoración a La Noche de los Lápices, frente al ex centro clandestino de detención ubicado en la ex Comisaría 2 de Libertad. El lugar fue demolido por orden del Intendente Othacehé en abril de este año, a pesar de la resolución judicial que ordenaba preservar el sitio, por lo que la actividad estaba destinada también a señalar el CCD.

Los militantes que allí estuvieron sufrieron la agresión de una patota que arremetió contra ellos, incluso una persona fue dañada con arma blanca, así como también rompieron fotos de desaparecidos de Merlo. Tres compañeros terminaron hospitalizados.

El presidente de nuestra organización, Pablo Pimentel, estuvo presente junto a Sandra Raggio de la Comisión Provincial por la Memoria, como dirigentes de derechos humanos, llegando minutos después de que se fuera la patota, y acompañaron luego a hacer la denuncia en la comisaría.

No concebimos que sucedan estas cosas en tiempos donde se está juzgando a los genocidas que estuvieron al mando durante la última dictadura militar.

En los últimos tiempos, Merlo ha conformado la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia, buscando frenar la conocida intolerancia a quien piensa diferente por parte de la gestión de Raúl Othacehé, intolerancia que se hace visible en agresiones físicas, persecuciones y despidos.

Exigimos al Gobierno de la Provincia que se manifieste sobre lo sucedido, que den las explicaciones que la sociedad merece, y que no pase como agua un hecho tan grave, que pretende enterrar la memoria, verdad y justicia por la que tanto luchamos.

 

Compañeros APDH La Matanza

 

PERIBEBUY 2383  (1754)  SAN JUSTO  -  Pcia. de BUENOS AIRES  -  ARGENTINA

Tel.: 4482-6500  / Tel/Fax: 4620-2837  E-mail: apedehache@yahoo.com.ar

Manos y alas

Aplaudimos como respuesta a algo que valoramos y apreciamos.  Puede ser un buen orador que nos ha conmovido con sus claras palabras llenas de sabiduría o una orquesta que nos ha emocionado interpretando un excelente concierto. En una ocasión me uní en un aplauso a una puesta de sol que teñía de rosado el horizonte del mar.

El aplauso forma parte de la celebración de la vida cuando una personita comienza a caminar o en la celebración de algún hecho especial de la familia o la comunidad.

Recuerdo el aplauso de despedida  por la vida de alguien que dejaba  huellas hondas por su enseñanza  y compromiso con la sociedad.

Hace tres días  fui parte en el aplauso de la multitud al escuchar la lectura de las sentencias  por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en nuestro país, estábamos frente a la sede de la Universidad  Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca. 

¿Quienes aplaudían? Hombres y mujeres que lucían canas, jóvenes usando camisetas con textos sobre el juicio, abuelos y abuelas con sus nietos, adolescentes que escuchaban con asombro la lista de delitos aberrantes ocurridos en un tiempo por ellos no vividos.

Mirando la escena me vino una pregunta:

¿Qué aplaudían? Varios fallos que hablaban de 14 cadenas perpetuas y años de prisión en cárceles comunes a otros cómplices en los hechos.

Aplaudían el triunfo de la verdad y la justicia sobre la impunidad y el manto de olvido. Esa impunidad que fue un muro, como tantos otros en el mundo, muy difíciles de romper. Ese olvido que intentó borrar aquel inhumano pasado.

 ¿A quienes aplaudían? quizás, sin saberlo, a jueces, fiscales, querellantes, secretarios  y cientos de personas que dieron testimonio de la verdad no sin dolor en el corazón y lágrimas en los ojos. 

Largos y sonoros aplausos que impulsaron a muchas palomas a largarse  a volar desde la terraza de altos edificios como señal de que al batir sus alas se unían en  los aplausos.

Manos y alas celebrando la victoria de la justicia.

Pasaron muchos años para llegar a este momento que nos dice, no ha sido en vano el caminar de las Madres, la búsqueda de las Abuelas, la lucha de Organismos de Derechos Humanos y Sociales en defensa de la vida.  Tampoco  fue en vano la esperanza.

Aldo M. Etchegoyen ( Co Presidente APDH Nacional)

Septiembre 15 - 2012

Domingo, 16 de septiembre de 2012

Primeras testimoniales en la investigación por la biblioteca Vigil

Directivos secuestrados y delitos económicos

Por Lorena Panzerini

La Justicia Federal tomó las primeras testimoniales en la investigación de los delitos económicos ocurridos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, a partir de 1977. El relato de los directivos, que fueron obligados a renunciar, posee un "verdadero carácter histórico" que involucra a "toda una comunidad educativa", afectada por el plan sistemático de represión ilegal desplegado por la dictadura militar. La Causa Vigil ﷓-desprendimiento de la mega causa Feced﷓﷓ se conformó como tal el 6 de agosto pasado, cuando el juez Federal Marcelo Bailaque, hizo lugar al requerimiento de instrucción del fiscal Gonzalo Stara. Las primeras medidas ordenadas por el fiscal consistieron en una serie de declaraciones testimoniales y la realización de una pericia contable. En tanto, está previsto citar a una veintena de personas para las próximas declaraciones informativas: ex empleados, ex docentes y hasta funcionarios actuales de la provincia.

Entre los delitos que permitieron el saqueo de la Vigil, se sospecha que existió "robo agravado, daño agravado, estafas y defraudaciones contra el patrimonio de la biblioteca", que llegó a constituir el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del `60 y `70, en el interior de Argentina. Sin embargo, todo se desmoronó el 25 de febrero de 1977, con la intervención por parte de los integrantes de la patota de Feced.
El centro clandestino del ex Servicio de Informaciones (SI) fue el lugar donde se interrogó a los miembros de la comisión directiva, quienes estatutariamente ejercían funciones de contralor en la entidad, más aún, en el marco de un proceso liquidatorio.
Stara confirmó a Rosario/12 que Raúl Frutos, Augusto Duri y Antonia Frutos fueron quienes inauguraron formalmente la colección de pruebas orientadas a reconstruir la verdad histórica. En paralelo con el despojo de los bienes y la intervención de la biblioteca, los principales directivos fueron secuestrados y torturados, sin tener la oportunidad de ser escuchados ante un tribunal hasta el armado de la actual causa, cuya instrucción se delegó en cabeza del fiscal Stara.
Augusto Duri era, en aquella época el presidente de la institución. El hombre, que recuperó su lugar en la comisión directiva en julio pasado, relató detalladamente el clima vivido el año previo a la intervención y su posterior secuestro. Además entregó a la Fiscalía un listado con más de 40 propiedades que la Vigil poseía al momento de la intervención.
Raúl Frutos, que era vicepresidente de la institución y cumplía funciones como encargado de servicios bibliotecarios, relató que se vio obligado a entregar la Biblioteca al integrante de la patota de Feced Alcides Telmo Ibarra, devenido en "asesor pedagógico". También declaró Antonia Frutos. Ella era miembro de la comisión directiva y directora del jardín de infantes. En su relato, la mujer destacó los avances pedagógicos de la Vigil, "de avanzada aún en nuestros días".
También se escuchó el relato de una ex portera de la Vigil; y del ex síndico de la entidad, Omar Pérez Cantón, quien aportó datos precisos relación al patrimonio de la ex biblioteca popular; incluso el último balance antes de la intervención. Cantón también sufrió su propio secuestro y sometimiento a interrogatorios en el SI.
La abogada María Del Carmen Martínez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH), organismo querellante en la investigación, destacó que la Justicia está instrumentando toda la prueba que requirieron desde el principio, cuando se comenzó a hablar de "genocidio cultural" en la Vigil. Por otro lado, el abogado de los directivos de la institución, Marcelo Scalona, indicó que firmarán el préstamo del edificio de Gaboto 450. "Habrá un lugar físico para inscripciones y actividades", dijo. Además, el próximo 23 se realizará la primera reunión de socios, en el club del Banco de Santa Fe, en Alem y 27 de Febrero.

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 INFORME ACERCA DE LA CAUSA: "SUMARIO AVERIGUACIÓN SITUACIÓN BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO C. VIGIL" (Expte. Nº 30/12),

CUYA APERTURA FUE ORDENADA POR EL JUEZ DEL TRIBUNAL FEDERAL Nº 4 DE ROSARIO, DR. MARCELO BAILAQUE DENTRO DE LA CAUSA : FECED AGUSTÍN Y OTROS S/ HOMICIDIO, VIOLACIÓN Y TORTURAS" (Expte. Nº 130/04).-

                         EL FISCAL GONZALO STARA COMENZÓ A CITAR A QUIENES FUERON OFRECIDOS COMO TESTIGOS EN LAS QUERELLAS PRESENTADAS EN LA CAUSA FECED.

EL DÍA 29 DE AGOSTO PPDO., COMPARECIÓ A PRESTAR TESTIMONIAL QUIEN FUERA VICE-PRESIDENTE DE LA BIBLIOTECA VIGIL AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN CÍVICO-MILITAR: EL SR. RAÚL FRUTOS.- 

EL 30 DEL MISMO MES, TESTIMONIO ANTONIA FRUTOS, VOCAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y A SU VEZ, DIRECTORA DEL JARDÍN DE INFANTES Y  SECRETARIA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.-

EL 31 DE AGOSTO TESTIMONIÓ AUGUSTO DURI, PRESIDENTE A LA BIBLIOTECA POPULAR CONSTANCIO C. VIVIL.-

CONCURRIERON ACOMPAÑADOS POR LOS ABOGADOS PATROCINANTES, DE APDH Y VIGIL.

EL FISCAL STARA LES SOLICITO  A LOS TRES UNA BREVE RESEÑA DE LOS ORÍGENES DE LA VIGIL DESDE SU CREACIÓN HASTA LA INTERVENCIÓN ORDENADA POR LA DICTADURA MILITAR EN FEBRERO DE 1977. LUEGO LAS DETENCIONES  , EN EL CASO DE RAÚL FRUTOS Y DE AUGUSTO DURI Y EN EL CASO DE ANTONIA FRUTOS, LA DETENCIÓN DE SU SUEGRO, DE LA QUE FUE TESTIGO, Y LES SOLICITO ASIMISMO RESUMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA INTERVENCIÓN HASTA LLEGAR AL ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN.-

LOS TRES NARRARON CON GRAN PRESICIÓN Y CLARIDAD EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA VIGIL Y CON DETALLES Y ANÉCDOTAS QUE HICIERON DE SUS RELATOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS ADEMÁS DE TESTIMONIOS JURÍDICOS.-

LO MISMO SUCEDIÓ CON LO RELATIVO A SUS SECUESTROS Y LOS SUCESOS PROTAGONIZADOS POR LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES EN LA SEDE DE LA VIGIL, ES DECIR EN LA BIBLIOTECA, ESCUELAS, TALLERES, ETC.

RELATARON EN PARTE LO RELATIVO A LOS BIENES Y DURI APORTÓ PRUEBA DOCUMENTAL.

EN DÍAS POSTERIORES FUERON CITADOS OTROS DIRECTIVOS, (QUE NO SON  QUERELLANTES),

TOMÁS PEDRIDO Y OMAR PÉREZ CANTÓN Y LA SECRETARIA DE LA ESCUELA , DORA OFICIALDEGUI DE BIAGIOLI.-

Y LA PROXIMA SEMANA HARÁ SU DECLARACIÓN CELINA DURI.

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 para ir agendando!!!!

POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS

DE CORRAL DE BUSTOS

27 de septiembre de 2012

a las 18:30 Hs.

en el "quincho" de ATE

San Lorenzo 1882 (3er. Piso)-Rosario

PROYECCION DEL DOCUMENTAL

“SE ME HA PERDIDO UNA NIÑA”

Y POSTERIOR CHARLA/DEBATE

CON LA PARTICIPACION DE ATE-CTA VILLA MARIA, EX -DETENIDOS DE CORRAL DE BUSTOS Y ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN LUCHANDO POR LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS

Invitan: Comisión por las Libertades de Rosario

             C.A.D.H.

             A.P.D.H. Rosario

Datos

El documental sobre la Pueblada de Corral de Bustos, titulado “Se me ha perdido una niña”, se proyectará en ATE Rosario el 27de septiembre de 2012 a las 18,30 hs.
El filme fue dirigido por Sergio Stocchero y producido por Jesús Chirino (ambos periodistas de EL DIARIO).
La historia se inicia con el relato, por parte de una corralense, de la violación y posterior asesinato de la menor Ariana Sabache, de apenas 3 años de edad, ocurrido el 4 de diciembre de 2006.
Con la pantalla en negro se escucha la voz de la mujer que narra cuándo se enteró, por la boca de una niña de 10 años que le contó acerca de cómo sus tíos mataron a Ariana.
Luego se suceden imágenes del incendio, pero no es ese el centro del documental que se interna en una serie de historias que van desnudando qué pasó con la Justicia de aquella localidad provincial antes y después de la pueblada.
Como se recordará, la Central de Trabajadores Argentinos lideró la lucha por el respeto a los derechos de los ciudadanos corralenses. Luego llegó el protagonismo de los vecinos que pelearon para sacar de la cárcel a sus conciudadanos.
La Pueblada de Corral de Bustos derivó en la detención de casi medio centenar de vecinos y muchos de ellos recién a fin de 2007 dejaron la cárcel de Villa María, denunciando vejámenes por parte de las autoridades.
El director Stocchero ha dicho que, entre otras cosas, la obra “plasma la transición de la gente que pasó de una reacción espontánea a la organización de marchas y reclamos por los vecinos presos”.

Historias impresionantes

Aclaró que “el documental no es político-militante, sino más bien apunta a las impresionantes historias de vida de esa gente que fue a pedir justicia y terminó presa”.
La película fue estrenada en nuestra ciudad y luego proyectada en la propia localidad de Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez.
Cabe recordar que en setiembre del año pasado, la Justicia de Bell Ville entendió que el incendio se provocó “de manera intencional y no por una reacción espontánea” y condenó a varias personas a penas de prisión efectiva.
Las máximas condenas las recibieron el abogado Víctor Luis Barbero y el periodista Nelson Omar Pasquini, considerados “instigadores” del incendio. A 5 años fueron condenadas dos personas bajo el delito de daño calificado e incendio y a otras dos como coautores del delito de incendio.

  

Sábado, 01 de Septiembre de 2012 04:59

Custodiados entregamos la nota en Casa Rosada (AW) Referentes de organismos defensores de derechos humanos y de pueblos originarios entregaron el jueves una nota en la Casa Rosada con un pedido de audiencia a la presidenta Cristina Fernández para tratar dos temas: los cambios en al Código Civil referidos a los Pueblos Originarios y la situación concreta de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de Formosa (La Primavera). Hubo dificultades para ingresar a entregar la carta porque la policía impedía el paso a partir del vallado que se encuentra a mitad de la Plaza de Mayo. El siguiente es el comunicado de los organismos defensores de derechos humanos: Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 El jueves 30 de agosto convocamos a que nos acompañen en la presentación de un pedido de audiencia con Cristina Fernández para tratar dos temas: la causa Qom de La Primavera y la reforma del Código Civil. Estuvimos allí, junto a las Madres dando la vuelta eterna a la pirámide, testigo de la historia de nuestro país, en la Plaza de Mayo. Esa Plaza que las refugió en los años más oscuros, en la que tuvieron que comenzar a moverse y girar constantemente, porque la Junta Militar no permitía reuniones en la vía pública. Una Plaza que es de todo el pueblo argentino que lucha por justicia, memoria, verdad y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Esa Plaza aún hoy cobija los reclamos de aquellos que padecen la vulneración de sus derechos. Y frente a la Plaza, está la Casa Rosada. Pero antes de la Casa Rosada, ubicada en Balcarce 50, hay una valla. Y llegamos a lo que hoy queremos denunciar, con bronca y tristeza. Luego de la ronda de las Madres, nos acercamos como habíamos anunciado públicamente a entregar la nota a la Casa Rosada, esperando ser recibidos en mesa de entrada sin ningún problema, como cualquier ciudadano que quiere dejar un mensaje a la Presidenta, para irnos con una copia sellada y esperar una respuesta. Mientras nos acercamos, las vallas se cerraron aún más, el cordón policial creció repentinamente. Tres pañuelos blancos encabezaban el grupo de personas que entregarían la nota. Pero en la valla los policías, y la negativa a dejarnos pasar. Las vallas están cada vez más lejos de la Casa Rosada, los actos cada vez más retirados, el lugar, cada vez más inaccesible. Los pañuelos blancos comunicaron nuestra intención, entregar una nota e irnos. Pero no. Media hora estuvimos para que finalmente nos abran la valla, "que pasen las Madres y 20 personas, no más". Pasamos; militantes y prensa. Lo asombroso es que fuimos custodiados por la infantería. De pronto, escudos y bastones acompañaban nuestro paso por la vereda de la Plaza, hasta que llegamos a la reja de entrada. Y ahí de nuevo. Pretendían recibir la nota desde las rejas, y que nos vayamos. La indignación, la historia de los militantes, de las Madres que tuvieron que ir a ese mismo lugar a preguntar dónde estaban sus hijos durante la dictadura, la indignación, decíamos, de ser tratados con temor, como desconocidos, o como simples terroristas. Finalmente entraron al hall de Casa Rosada las tres Madres, una representante de los Pueblos Originarios, y el presidente de APDH Nacional. Incluso gente que firmaba el pedido de audiencia no pudo entrar a entregarlo como corresponde. Suplicar a las personas de seguridad para entregar una nota destinada a la Presidenta es triste y vergonzoso. Vergüenza por quienes están del otro lado de las vallas, impidiendo el paso a Organismos de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, a los Pueblos Originarios, o a cualquier ciudadano argentino. Nora de Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.  Aldo Etchegoyen, APDH Nacional. Pablo Pimentel, APDH La Matanza.  Miriam Liempe, Área de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA. Próximo >

APDH ROSARIO ADHIERE Y PARTICIPARA DE LA ACTIVIDAD 

INVITAMOS A TODOS Y TODAS

Caminos de la Memoria

El día 15 de septiembre de 2012 en el predio militar Campo San Pedro a las 12 hs, se realizara la colocación del cartel de señalización del lugar que funciono como centro de exterminio y  enterramiento clandestino de militantes populares durante la ultima dictadura cívico militar -1976/1983-

Convocamos a todos/as a participar  y acompañar activamente este importante paso para la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad y la justicia.

Invitamos a la comunidad en general, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones civiles, los centros de estudiantes, las organizaciones barriales, los legisladores, los representantes de los gobiernos comunales, provinciales y nacionales.

La jornada comenzara a las 9hs en el Parque Federal (alt calle Vittori y Gutierrez) de nuestra ciudad, para partir en caravana hacia el predio militar Campo San Pedro y luego se continuara con  un acto en la plaza principal de Laguna Paiva.

Convocan:

Foro contra la Impunidad y por la Justicia

MADRES DE PLAZA DE MAYO-

H.I.J.O.S. regional Santa Fe-

FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS-

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE-

Ex detenidos filial Laguna Paiva,

ASOSIACION EX PRESOS POLITICOS-

EL PERISCOPIO-

AMSAFE- ATE- ADUL- CTA-

TRAMAS-derecho en movimiento-

FETS: frente estudiantil de trabajo social-

MARTÍN FIERRO - agrupación estudiantes –FIQ-

ANDAMIO – FHUC

VECINAL LOS ESPINILLOS Rincón-

AGRUPACION PACO URONDO-

JPV: jóvenes para la victorias-

LEANDRO BUSATO- diputado provincial-JPV-

PARTIDO COMUNISTA-

JUVENTUD GUEVARISTA-

PARTIDO  SI

PARTIDO  PARES

CENTRO DE ESTUDIOS ALEJANDRO OLMOS

Municipalidad de Laguna Paiva

Consejo Municipal Laguna Paiva

Comuna Arroyo Aguiar

Comuna de Campo Andino

Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.