Cabanillas, dos notas que construyen la historia de otro genocida condenado.

El país|Domingo, 3 de abril de 2011

LA HISTORIA DEL CASO CABANILLAS, EL OFICIAL DE ORLETTI CONDENADO A PERPETUA

De a pedacitos apareció la verdad y llegó la justicia

La realidad completa de Cabanillas, uno de los oficiales que comandaba el campo de concentración de la Operación Cóndor, fue conociéndose por retazos que pudieron armarse después de las cartas públicas de Gelman. Los detalles.

Por Martín Granovsky

El represor Eduardo Cabanillas en el juicio en el que fue condenado por los crímenes del centro clandestino Automotores Orletti.

La condena a prisión perpetua del ex general Eduardo Cabanillas, el jueves último, es parte de una larga historia que ilustra cómo fue construyéndose socialmente la plataforma que permitió juzgar a todos los represores acusados por delitos de lesa humanidad. El inicio fueron las cartas públicas de Juan Gelman al entonces jefe del Ejército, Martín Balza, que Página/12 reprodujo en 1999.

En abril del ’99, Gelman había acusado a Cabanillas, que era general de división y jefe del Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, como responsable mediato del robo de su nieta, la criatura de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia, secuestrados en 1976 en el campo de concentración Automotores Orletti, en Venancio Flores y Emilio Lamarca, del que el entonces capitán era subjefe. Por sus acciones en Orletti es que fue condenado el jueves a perpetua.
Balza, que hoy es embajador en Colombia, llamó entonces por teléfono a Gelman y se puso a su disposición. Pero el camino hacia la Justicia civil debió remover muchas barreras de casta. Cabanillas intentó esquivar la Justicia gracias a la complicidad del Tribunal de Honor del Ejército, que lo investigó por dos “faltas”, definidas de este modo por el propio general de división:
n La primera, “faltar a la verdad al jefe del Estado Mayor del Ejército, a mis camaradas y a la sociedad en general, al negar mi participación en 1976 en un presunto lugar de reunión de detenidos”.
n La segunda falta, “ocultar y/o adulterar tal antecedente de mi legajo personal, para facilitar mis sucesivos ascensos”.

Contradicciones

Pero cuando aparecen papeles sostener una falacia es más complicado. Cabanillas dijo en 1999 ante el Tribunal de Honor que él nunca había ocultado la verdad, ni siquiera en la declaración que prestó en 1977 en un sumario militar. El dato clave es que el propio Gelman había aportado ese expediente. Allí Cabanillas reconoció que revistaba en un organismo llamado OT 18, dependiente de otro llamado OT 1, a cargo del teniente coronel Rubén Visuara. El general siempre negó que la OT 18 tuviera algo que ver con Orletti. Pero cuando se desató el escándalo, concedió un reportaje al diario La Mañana del Sur.
“Yo trabajé todo lo que era contrainteligencia”, dijo Cabanillas. “Se recibían en la SIDE nombres, gente que estaba trabajando en estas organizaciones defensoras de los derechos humanos. A partir de ahí, los grupos operativos, llámase Jardín o Automotores Orletti o los inorgánicos, operaban, sacaban gente y la ponían a disposición de la SIDE. Luego se les tomaba declaración y se los entregaba a la Justicia. Ese era el procedimiento que yo conocía.”

“Sin datos”

En cuanto al segundo cargo por el que Cabanillas intentó protegerse en el Tribunal de Honor, también es útil para dar cuenta de la transición democrática en la Argentina.
Tras la publicación de las cartas de Gelman, Página/12 consultó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Dos dirigentes, ya fallecidos, Alfredo Bravo y Simón Lázara, investigaron el caso y aportaron una conclusión valiosa para explicar por qué Cabanillas había podido seguir ascendiendo en democracia y sorteado todos los obstáculos en la Comisión de Acuerdos del Senado.
El truco era simple. Según la APDH, cada vez que el pliego del oficial llegaba al Congreso lo hacía con dos letras, s.d., que significa “sin datos”. Aludía al período en que Cabanillas había estado en comisión en la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Frente al Tribunal de Honor declaró el general de brigada retirado Enrique Lusso, compañero en el Colegio Militar de Cabanillas y su amigo.
–No tenía actividades en ningún LRD –dijo Lusso como si todo el mundo entendiera–. LRD significa “Lugar de Reunión de Detenidos”. En castellano, campo de concentración.
El Tribunal formuló a Lusso sólo cuatro preguntas. Al coronel retirado Rubén Víctor Visuara le hizo siete. Igual a Visuara se le escaparon algunas precisiones. Dijo que no debía hablarse de OT 1 sino de A III 1 e informó que de él dependían un “grupo de apoyo a jefatura”, una “división reunión”, una “división interior”, una “división apoyo” y un “grupo guardia”.
En su conclusión, el presidente del Tribunal de Honor, Miguel Angel Viviani Rossi dijo que “Silva (es decir, el represor no militar subordinado a los militares Aníbal Gordon) y su gente operaban Orletti, pero revistaron o se ampararon en la OT 18”. Y que “Calmon y Cabanillas revistaron en la OT 18 pero no operaban ni conocían Orletti. El grupo Silva era operacional y secreto. La sigla, denominación o cartel OT 18 les venía bien para encubrir sus actividades. También les venía bien manifestar que la OT 18 tenía jefe y segundo jefe. Desviaban responsabilidades”.
Viviani Rossi aclaró que presidía “un tribunal de conciencia que se basa en la palabra de honor de todos los que declaran en este Tribunal Superior de Honor”, y dictó la absolución por este motivo: “Mi conciencia me dicta que el hoy general Cabanillas no faltó a la verdad cuando declaró sus actividades en la corta comisión que cumplió en la SIDE”.
Los generales retirados Alejandro Soria, Héctor Lubin Arias, Isaías García Enciso y Juan Mabragaña dieron su bendición.
Pero antes de esa decisión de casta, Balza decidió pasar a Cabanillas a disponibilidad, paso previo a su retiro, y pidió a la Justicia civil que investigara el tema.

A la Justicia

La decisión de Balza no tenía precedentes en ese momento. El propio jefe del Ejército enviaba a la Justicia federal el expediente del Tribunal de Honor sobre el general Eduardo Cabanillas. Y en otra decisión sin precedentes, la última página del expediente indicaba que Balza “no comparte” y “califica cuanto menos de excesivos” “algunos de los términos” de lo actuado por el Tribunal.
El documento, obtenido entonces por Página/12 en medios judiciales y publicado, tiene un párrafo que explica por qué todo el expediente puede interesarle a la Justicia. Dijo Balza: “Es criterio del suscripto que en el desarrollo de la investigación se habrían abordado aspectos que trascienden el marco fáctico que el específico campo del honor militar impone, motivo por el cual corresponde que tales antecedentes sean puestos en conocimiento del Juzgado Criminal y Correccional federal No 7 de la Capital Federal, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco, por considerar que los mismos podrían resultar de interés en la causa que dicho magistrado instruye en relación a la desaparición de menores”.
Balza también evitó aprobar la absolución del Tribunal de Honor. El entonces jefe del Ejército consideró que como el Tribunal de Honor había absuelto a Cabanillas, era “inoficioso”, es decir superfluo e inútil, dictar una resolución especial que santificara a los santificadores de Cabanillas.
La entonces defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, una de las abogadas más experimentadas en causas de derechos humanos desde el primer día de la dictadura, también había tomado el tema como propio. Oliveira criticó que el Tribunal de Honor tuviera facultades para deliberar en secreto, que también fuera secreto el expediente y que hasta los términos exactos de la resolución final fuesen reservados. Para la abogada, la falta de control de los actos públicos es propia de sistemas tiránicos.
Alicia Oliveira llegó a advertir al entonces presidente Carlos Menem que si el expediente no se hacía público ella presentaría una demanda contra el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La publicidad de cada paso y la presión permanente de Gelman y de abogados y organismos de derechos humanos llevó a Balza para concluir, con su decisión de ese momento, que el honor militar no está por encima de las leyes y que la conciencia de un tribunal administrativo no basta para determinar la conciencia o la culpabilidad de un oficial sobre faltas mucho más severas que mentir.

Corporaciones

El Tribunal de Honor que absolvió a Cabanillas podría formar parte de un manual sobre corporaciones al margen de la ley. Nunca sancionó a nadie violar los derechos humanos pero sí castigó a oficiales que, incluso, antes de la autocrítica pública de Balza sobre el papel del Ejército, difundida en 1995, condenaron la represión durante la dictadura.
El Tribunal ni siquiera investigó por qué el entonces general de división sometido a su veredicto regalaba siempre un libro de la Agrupación Aunar, del represor Fernando Verplaetsen, que considera al Nunca Más un libro “anestesiante”. Balza consideró que regalar ese panfleto era, en sí misma, una causa suficiente para el pase a disponibilidad de un alto oficial. Fue ese hecho el que utilizó para separar a Cabanillas del Ejército y dejarlo sin protección ante la Justicia. Lo hizo por un radiograma comunicado al propio Cabanillas. Recién después lo informó al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que a su vez trasladó el dato a Menem.
“La misiva pública del señor Juan Gelman fue efectivamente conocida por mí en su oportunidad”, señaló ayer Balza en un texto que envió desde Colombia ante la consulta de este diario. “Habiendo comprobado la veracidad de las afirmaciones del distinguido poeta, procedí, en mi condición de máxima instancia jerárquica de la Fuerza, a relevar del mando al general Cabanillas y a disponer su pase a situación de retiro, aun con la oposición del entonces ministro de Defensa.”

Los castigados

Los ex capitanes José Luis D’Andrea Mohr, ya fallecido, y Federico Mittelbach, conocieron en cambio la severidad del Tribunal de Honor. En los primeros años de la democracia D’Andrea tildó de “heroicas” a las Madres de Plaza de Mayo y de “cobardes” a las juntas militares. Igual que Juan Jaime Cesio, un valiente oficial que siempre condenó la masacre de civiles, D’Andrea fue descalificado por “falta gravísima al honor”. Apeló ante Miguel Angel Viviani Rossi (el mismo portador de conciencia que absolvió la conciencia de Cabanillas) y éste interpretó que D’Andrea era “un soberbio y un irrespetuoso”. Después, el Consejo de Guerra tomó el expediente del Tribunal de Honor y le quitó el grado a D’Andrea. Ya como ex capitán, se dedicó a investigar, con resultados concretos, la desaparición de conscriptos durante la dictadura.
El Viviani Rossi del Tribunal de Honor era padre del Viviani Rossi que fue segundo de Cabanillas cuando el general ofendido en su honor era comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. También es el mismo que, cuando presidía Salto Grande, bautizó las turbinas con el nombre de sus hijas.

El país|Martes, 5 de septiembre de 2006

Está imputado, entre otros casos, del homicidio del hijo del escritor Juan Gelman. Revistó en la SIDE y fue uno de los jefes de Orletti. Participó del acto de Blumberg en la Plaza de Mayo.

Por Adriana Meyer

El juez federal Daniel Rafecas dispuso ayer la detención del general Eduardo Cabanillas.

Al general retirado Eduardo Rodolfo Cabanillas le llegó la hora. Ayer fue detenido en la causa del Primer Cuerpo del Ejército, en la que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Cabanillas está imputado del homicidio, entre otros, del hijo del escritor Juan Gelman. En abril de 1999, Cabanillas era el jefe del Cuerpo de Ejército II cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió su relevo inmediato, con el argumento de que su ascenso en el Senado había sido determinado sin contar con datos clave de su carrera: el militar revistó en comisión en la SIDE y en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde fue uno de los jefes. De este modo, Cabanillas se suma a la lista de detenciones ya ordenadas por el juez federal Daniel Rafecas en la búsqueda de los responsables de este centro clandestino, así como al pedido de extradición formulado por el juzgado respecto de una decena de militares uruguayos.

El nombre de Cabanillas es uno más en la nómina de los imputados, que incluye al teniente coronel retirado Rubén Visuara, al comodoro retirado Néstor Guillamondegui, al ex agente de la SIDE Honorio Martínez Ruiz, alias “Pájaro”, y al ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti, alias “Ronco” o “Guastavino”, que fue preso recientemente.
Cuando era capitán, Cabanillas habría cometido la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 29 personas que permanecieron cautivas en Orletti, que funcionaba desde 1976 en el Bajo Flores, como también el homicidio agravado de cinco de las víctimas. Entre ellos está Marcelo Gelman, cuyos restos fueron hallados en octubre de 1976 dentro de tambores sellados, rellenos con cal y cemento, que habían sido arrojados al río Luján. Esos cuerpos mostraban un impacto de bala en el cráneo.
Cabanillas está acusado de haber sido, desde la SIDE, el superior inmediato del fallecido Aníbal Gordon, quien comandaba ese centro clandestino de detención y tortura. A su vez, este represor tenía como superiores a Guillamondegui y Visuara. Este último respondía directamente al jefe de la SIDE, el fallecido general Otto Paladino. En los próximos días, el juez Rafecas estará en condiciones de decidir la situación procesal de todos los imputados del caso.
Cabanillas, que concurrió a la última marcha del ingeniero Juan Carlos Blumberg en la Plaza de Mayo, revistó en comisión en la SIDE entre el 20 de agosto de 1976 y el 27 de enero de 1977. El mismo reconoció en una entrevista que operó en Operaciones Tácticas 18, como era conocido Orletti en el lenguaje de la represión.
Según relató Juan Gelman, Cabanillas admitió en un expediente militar de 1977 su desempeño en Orletti. Como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comprobó que esto había sido omitido durante la confirmación de su cargo en el Senado, en abril de 1999 le pidió al entonces jefe del Ejército Martín Balza, su relevo. La primera respuesta de Balza fue respaldarlo, argumentando que Cabanillas estaba en condiciones técnicas de sucederlo. El ex jefe del Ejército insistió en que no sería él quien debía cortar la carrera del militar acusado. Y agregó que era la Justicia federal la que debía establecer la responsabilidad de Cabanillas en la apropiación ilegal de la nieta de Gelman, y en otros delitos de lesa humanidad.
“Me dijo que trabajaba en unas oficinas, que nunca presenció ni supo de acto delictivo alguno y que no tenía ningún conocimiento relacionado con ese secuestro”, repetía por esos días Balza. El peso de los acontecimientos hizo que Balza finalmente lo sacara del cargo.