Repudio por la represión policial a la comunidad toba de Formosa
Cinco organismos de derechos humanos, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron este jueves su “repudio y condena a la represión policial contra la comunidad Qom (toba) de Formosa que ha dejado ya muertos, heridos y paisanos escondidos en el monte para evitar ser asesinados por la Policía”.
Los violentos hechos ocurrieron este martes pasado en las cercanías de la localidad de Colonia La Primavera, 170 kilómetros al norte de la capital provincial, cuando la fuerza de seguridad intentó desalojar una carretera bloqueada desde hace 4 meses por los aborígenes en reclamo de tierras.Dos de los muertos son el policía Heber Falcón y el aborigen Roberto López. Habría una tercera víctima. Entre los heridos, que se encuentran internados en el hospital de alta complejidad de Formosa, el que reviste mayor complejidad es el estado del aborigen Sixto Gómez, que está en terapia intensiva, en coma farmacológico. Hay otros dos integrantes de la comunidad toba internados en el hospital de Laguna Blanca.
En un comunicado conjunto suscripto también por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre y el Instituto de Relaciones Ecuménicas, los organismos pidieron a las autoridades provinciales “el cese de la represión y persecución, el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios a la tierra regidos por convenios internacionales, leyes nacionales y la Constitución Nacional, que el gobierno de Formosa viola sistemáticamente”.
También solicitaron al gobierno nacional que “garantice una investigación, independiente del poder local, para evitar la impunidad de estos crímenes ya que lo primero, es dejar de actuar como el Ejercito de Roca en la Campaña del Desierto o el del Mitre en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
Amnistía Internacional expresó “preocupación” por los hechos ocurridos el martes en Formosa y destacó en un comunicado que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras “está amparado no sólo por los compromisos internacionales que el Estado ha asumido, sino también por la Constitución Nacional y otras leyes nacionales”.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Gabriela Boada, consideró “preocupante cómo se habla de la comunidad de La Primavera. Hace más de 4 meses que los miembros de la Comunidad exigen al Estado acciones claras”.
“No cortan la ruta por placer, lo hacen por desesperación ante la falta de respuestas. Están exigiendo por sus derechos y sufren un desalojo forzoso, son sometidos a la violencia institucional y los hechos relatados los inculpan como agresores”, manifestó Boada.
La entidad exigió que el Poder Ejecutivo Nacional “cumpla con sus compromisos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país” y advirtió que “no se puede permitir que se continúe, en ningún lugar del país, con este nivel de discriminación, violencia e indiferencia con los pueblos indígenas”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), por su parte, expresó en un comunicado su “respaldo” a los derechos indígenas por la tierra en la Colonia La Primavera.
La entidad dijo “lamentar la muerte de un indígena y un policía, además de los heridos resultado de la represión instrumentada por fuerzas policiales en complicidad con terratenientes que buscan ampliar la frontera agropecuaria por mayores ganancias a las ya abundantes que poseen”.
“Los hechos sucedidos tienen coincidencia con otros similares en otros lugares del país, que afectan a comunidades indígenas radicadas en tierras que les pertenecen por ser pueblos originarios, donde sus antepasados han vivido por largas décadas”, manifestó la APDH.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, en tanto, repudió los hechos ocurridos en la provincia en el marco del desalojo de la comunidad indígena y denunció “al gobernador, Gildo Insfrán, como responsable de los asesinatos y del brutal desalojo”.
“No es la primera vez que ante el reclamo de los pueblos originarios la respuesta del gobernador es el envío de la policía provincial con la orden de reprimirlos”, expresó la entidad en un comunicado.
“Repudiamos, condenamos y execramos la conducta de Insfrán y sus funcionarios y nos solidarizamos con nuestros hermanos tobas”, expresó la Asociación Madres de Plaza de Mayo en el comunicado.
El Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), a su vez, expresó su “dolor y honda preocupación” por los hechos ocurridos en Formosa y destacó que “el gobierno provincial se mantiene intransigente y desconoce sistemáticamente el derecho de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por la comunidad La Primavera”.
La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), en tanto, condenó la “brutal represión contra la comunidad Qom con el trágico saldo de dos muertos y treinta detenidos”, reclamó la “pronta intervención” del gobierno nacional en el conflicto y “castigo a los culpables”.
El Partido Comunista de la Argentina, a su vez, reclamó “enérgicamente que el gobierno nacional garantice una investigación a fondo que tienda a evitar la impunidad de estos crímenes”.
COMUNICADO DE PRENSA
La APDH expresa su respaldo a los reclamos de legítimos derechos indígenas por la tierra en la Colonia La Primavera en Formosa, derechos reclamados por mas de cinco años ante la indiferencia y actitudes racistas del gobierno de la provincia, presidido por el Gobernador Gildo Insfran.
Lamenta la muerte de un indígena y un policía, además de los heridos resultado de la represión instrumentada por fuerzas policiales en complicidad con terratenientes que buscan ampliar la frontera agropecuaria por mayores ganancias a las ya abundantes que poseen.
Los hechos sucedidos tienen coincidencia con otros similares en otros lugares del país que afectan a comunidades indígenas radicadas en tierras que les pertenecen por ser pueblos originarios donde sus antepasados han vivido por largas décadas.
Nos sorprenden estos hechos en un estado de derecho democrático donde el respeto a los derechos humanos, la ley y la dignidad humana deben ser igualitarios para toda persona y comunidad.
Reclamamos del Congreso de la Nación una ley que frene estos desalojos, frutos del autoritarismo y la prepotencia del poder político, económico y policial sobre pueblos que merecen total respeto a su identidad, cultura y valiosa historia.
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