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ROSARIO
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martes, 19 de febrero de 2013

Un cómplice civil ante la justicia

Año 6. Edición número 247. Domingo 10 de febrero de 2013
En Política y delito, el sagaz filósofo alemán Hans Magnus Enzensberger relata que el psiquiatra israelí que reconoció a Adolf Eichmann, el asesino nazi de los campos de concentración, lo calificó como un hombre completamente normal (“Después de haberlo examinado me parece más normal de lo que yo mismo me considero”), y otro especialista lo consideró como padre de familia ejemplar, no es extraño que Juan Aleman, ese solícito verdugo de la dictadura argentina que se desempeñó como secretario de Hacienda entre 1976 y 1981, pretenda asumir el papel de abuelito inofensivo y gentil pese a haber presenciado torturas en la ESMA en pleno terrorismo de Estado. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde”, balbuceó Alemann en el juicio que lo tiene como uno de los dos civiles imputados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, cuando uno de los jueces le preguntó quién lo invitó a la ESMA, dijo no recordarlo.
La causa contra Alemann se inició en 2005 a raíz de un reportaje publicado por el autor de esta nota en la revista Veintitrés. En esa entrevista, el ex funcionario admitió que “la ESMA fue el único lugar donde se torturaba por placer. En otros lados sólo se torturaba para sacar información y luego los mataban. Lo de todas las guerras”, dijo Alemann frente al grabador y agregó que “no tenemos que hacer ninguna autocrítica”.
A lo largo de la entrevista, Alemann justificó la desaparición de personas y la apropiación de menores con precisión, desparpajo e impunidad. Como ejemplo: “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y que después las liquidaron. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 que los distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Pero no hubo robo de chicos. Era una irresponsabilidad. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”.
Más tarde, cuando quiso desdecirse, la revista publicó el CD con el audio completo de la entrevista. En una segunda nota, los sobrevivientes Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse aseguraron que el ex funcionario visitó la ESMA en octubre de 1979, luego de un atentado que sufrió y, en esa ocasión, habría estado en el Casino de Oficiales y la denominada “huevera”, donde se torturaba a los prisioneros.
Según los denunciantes, Alemann, acompañado por el jefe de operaciones Adolfo Donda Tigel, el teniente Fernando Peyón,y el jefe de inteligencia Horacio Lorenzón, entre otros, habría estado en la sala de tormentos para conocer de cerca al prisionero Orlando Antonio Ruiz, quien permanecía encapuchado y engrillado junto a su esposa, Silvia Beatriz Dameri, próxima a dar a luz.
Según los militares, Ruiz tenía filiación montonera y había participado en el fallido atentado contra Alemann el 8 de noviembre de 1979. El matrimonio Ruiz Dameri continúa desaparecido mientras que sus tres hijos fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Laura, la más pequeña y nacida en 1980, es la nieta recuperada número noventa.
“Se está aplicando el derecho montonero”, argumentó Alemann sobre la situación de la “actual Justicia argentina”. Asimismo, acusó a jueces y fiscales de aplicar principios “de la Inquisición y de la Alemania nazi”.
En una carta de lectores publicada en La Nación, Alemann explicó: “Me permito señalar que lo que sucede es que se está aplicando el derecho montonero, que va ingresando de contrabando al derecho argentino a través de fallos de jueces y dictámenes de fiscales”.
El economista agregó luego: “Este derecho, en su parte penal, tiene dos raíces: la Inquisición, en la cual la acusación ya constituía la condena, y el derecho del nazismo alemán, en el cual el mero hecho de ser judío constituía un crimen”.
En lo que se podría interpretar como una defensa de la dictadura lanzó: “En el derecho montonero esto cabe a militares y civiles que fueron funcionarios relevantes del Proceso (de Reorganización Nacional). Espero que no pase mucho tiempo hasta que los jueces que aplican el derecho montonero sean llamados a dar explicaciones”.
Tan seguro de ello está como del hecho de que la dirigencia civil que acompañó al golpe de 1976 no tiene nada de qué arrepentirse. Todo lo contrario.
“Había una sensación general de que el gobierno se caía a pedazos. En febrero del ’76 yo estaba en Punta del Este y la conversación era que se iban a hacer cargo los militares. Toda la revolución se hizo por un problema de guerrilla. Las Fuerzas Armadas vinieron para poner orden. A mí me lo dijo un ministro de Isabel Perón con un dicho alemán: ‘Más vale un final con horror que un horror sin final’.”
–¿Pero en qué medida la clase dirigente civil participó...?
–No participó en el golpe. Fue algo puramente militar. Es decir, la dirigencia civil apoyaba, estaba de acuerdo en que esto no iba más, pero sólo algunos participaron activamente –aseguró en la entrevista que lo condujo al banquillo.
Como si fuese el producto de un retrato robot del amigo de José Alfredo Martínez de Hoz, Hans Magnus Enzensberger, en Política y delito, considera a la figura del criminal como retórica, ya que pertenece al acervo mitológico del presente. “Ocupa un lugar en nuestra fantasía que ya no es compatible con su significación real ni con la de sus actividades y que ya no es justificable por lo efectivo de su existencia”. Cree que la Justicia se aferra a antiguos modos de pensar y de actuar; su papel ya no corresponde a la realidad. Es digno de admiración el vigor con que se ha mantenido el derecho penal en un mundo que le es ajeno. Al criminal se le asignan todo un reparto de papeles, lo cual lo hace imprescindible y le eleva al rango de una figura mitológica: 1) contribuye a la tranquilidad, paradójicamente, causando pavor; 2) es la víctima propiciatoria de la sociedad, ya que quien no es sancionado es inocente (él es el único culpable); 3) recibe el castigo de todos porque sólo él se permite lo que a todos se prohíbe; 4) al luchar por el individuo y contra el orden social en general, se coloca junto al Estado y, por tanto, contra éste: le disputa el monopolio sobre el poder.
Si alguien se toma el trabajo de seguir los diarios argentinos descubrirá que el ayer es ahora con demasiada frecuencia. Basta con echar un vistazo a la nómina de civiles que colaboraron con la dictadura para comprobar que en la Argentina el pasado no termina de pasar. Apellidos como Solanet, Durrié, Aguado, Zorreguieta, Estrada, Klein, Diz o Reynal siguen rigiendo los destinos de la Argentina.

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