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ROSARIO
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viernes, 12 de octubre de 2012

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

La APDH levanta nuevamente su voz en defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas frente al impune asesinato de Miguel Galván, 40 años, en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero en el día de ayer.

El hecho que repudiamos fue ejecutado con arma blanca por un sicario presuntamente de la empresa agropecuaria La Paz de Rosario de la Frontera – Salta que pretende alambrar parte del territorio de las Comunidades Indígenas Lule Vilela.

Esta muerte se suma a otras causadas por empresas agropecuarias y poderosos terratenientes que violando la ley nacional que prohíbe los desalojos de comunidades indígenas cometen invasiones territoriales a costa de bienes y vidas de Pueblos con derechos ancestrales sobre sus tierras.

Hacemos un fuerte llamado a funcionarios de gobierno y judiciales como también al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a prestar especial atención a esta ilegal forma de avasallar los derechos indígenas por causa de insaciables intereses económicos.

Reclamamos también la inmediata investigación del hecho que costó la vida de Miguel Galván y la aplicación de la ley al agresor y sus cómplices.

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012
 

A. P. D. H. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
TE: 4372-8594/ 4373-0397/ 4814-3714
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domingo, 7 de octubre de 2012

por
Claudia Abraham
 
  • Lo que sigue es parte de un debate que tuve en mi muro luego de haber subido una opinión que la compañera Norma Vermeulen, Madre de Plaza de Mayo, dio a la prensa el jueves 4 de octubre. Esto era lo que expresaba: "Esto se ha estado planeando desde hace tiempo. Primero los cacerolazos, después esto de los gendarmes y prefectos, y hoy desapareció un testigo del caso Ferreyra. Esto quiere decir que están agazapados. Los que están ahora son algunos hijos del huevo de la serpiente. Por eso tenemos que estar atentos. Siempre digo que tengo un pie más afuera que adentro de este mundo, pero por mis nietos quiero un país que merezca ser vivido".
    Ante algunas respuestas que recibí y los comentarios que leo en algunos muros, en los que se plantea que el amotinamiento de las fuerzas de seguridad es algo que organizó el propio gobierno para que le tengamos lástima y salgamos a vivarlo, he decidido reproducir lo ya escrito antes con algunos leves retoques y agregados. 
    Cuando los milicos están en la calle organizados no lo hacen para atacar a un presidente burgués, sino para disparar sus armas contra el pueblo. 
    Cuando lo derrocaron a Hipólito Yrigoyen- fusilador de obreros durante la Semana Trágica, en La Forestal y en la Patagonia- el hombre estuvo un tiempo en la isla Martín García. Nunca denunció torturas. Las torturas y fusilamientos que ordenó Uriburu bajo el imperio de la Ley Marcial, fueron contra el pueblo trabajador. 
    Cuando Perón- el presidente que reprimió a los collas del Malón de la Paz, envió a la Gendarmería a Las Lomitas para que fusile a los pilagás en Rincón Bomba y encarceló a comunistas que en muchos casos fueron salvajemente torturados- fue derrocado, se refugió un tiempito en Paraguay, luego en Panamá y finalmente en España, bajo el amparo de Franco. 
    Las balas de la Libertadora- que contó con el apoyo y la colaboración del Partido Socialista, que puso a Alicia Moreau de Justo como integrante de la Junta Consultiva Nacional creada por la dictadura- fueron a parar al corazón del movimiento obrero. 
    Cuando Frondizi - el presidente que ejecutó el Plan CONINTES que habilitaba a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares- fue derrocado, estuvo también un tiempito en la Isla Martín García sin recibir un solo rasguño. Un año después, se reincorporó a la vida política. Felipe Vallese, obrero metalúrgico y militante peronista, no corrió la misma suerte. Tras el golpe de José María Guido, fue torturado hasta la muerte en la Comisaría 1º de San Martín y luego se hizo desaparecer su cuerpo. 
    Cuando los milicos derrocaron a Arturo Illia- con el beneplácito del imperialismo, la Sociedad Rural y la cúpula de la CGT que asistió a la asunción de Onganía- ,el hombre se volvió a su casa, la única que tenía, y fue el único presidente que tuvo la dignidad de no aceptar la jubilación de privilegio. Arturo Illia se mantuvo activo en la militancia y tuvo la suerte de vivir hasta los 83 años. Los estudiantes Santiago Pampillón, Juan Bautista Cabral, Adolfo Bello y el estudiante y trabajador metalúrgico Luis Norberto Blanco, no tuvieron la oportunidad de vivir tanto tiempo. Las balas de la Revolución Argentina terminaron con sus jóvenes vidas mientras se movilizaban junto al pueblo en Córdoba, Corrientes y Rosario.
    Cuando fue derrocada María Estela Martínez de Perón- que junto a su marido Juan Domingo y el ministro López Rega sostuvo a la Triple A, ejecutora de los asesinatos de 1500 compañeros-, la dama estuvo de lo más cómoda en dos residencias adonde los milicos la alojaron, una en Neuquén y otra en Vicente López. Después se fue a vivir tranquilísima a Madrid, adonde hoy toma el té con señoras de la alta sociedad. 30000 desaparecidos, 500 bebés secuestrados, miles de presos políticos y compañeros asesinados y 40000 exiliados, fueron el saldo del último golpe de Estado, el más sangriento que vivimos. 
    De más está decir que todos los golpes fueron dispuestos por el imperialismo yanki, la oligarquía y los empresarios vernáculos. Es larga la lista de socios civiles que aún conservan sus privilegios: Acindar, Ledesma, Celulosa, Mercedes Benz, Loma Negra, Techint, la Sociedad Rural, directorios de bancos, dueños de grandes medios de comunicación, representantes de la Iglesia y varios dirigentes políticos y sindicales.
    En este siglo XXI la modalidad de los golpes, tiene otras características. Lo vimos en Honduras y Paraguay, adonde el gobierno quedó a cargo de civiles y a los ex presidentes se les ha respetado su integridad física, mientras el pueblo es el que sigue recibiendo las balas.
    No estar atentos a esto que sucedió en otros países latinoamericanos; olvidar lo que hace un par de años ocurrió en Ecuador o en Bolivia, es peligroso. 
    Con golpes al estilo Plan Cóndor o a la “paraguaya”, lo cierto es que los caídos siempre pertenecen al campo popular. 
    La presidenta y sus funcionarios pueden alojarse en sus cómodas residencias. Pueden quedarse en la Argentina o en el exterior. No es contra ellos la cosa, sino contra el pueblo trabajador, que desde el año 2003 a la fecha tiene 30 compañeros asesinados en las protestas sociales, cinco mil luchadores procesados, a Julio López desaparecido por segunda vez y a Silvia Suppo asesinada. Sobre el pueblo trabajador también se descargan la Ley Antiterrorista y el proyecto X, nacidos de las entrañas del gobierno nacional, y también es sobre el pueblo que caen las balas del gatillo fácil y las muertes en las cárceles, con la anuencia de todos los gobernadores, incluido el “socialista” de la provincia de Santa Fe. 
    Razones para que los militantes del campo popular salgamos a la calle a repudiar todas las medidas antipopulares del gobierno nacional y el provincial hay de sobra. Para lo que no hay razón es para que perdamos la independencia política y salgamos a reproducir lo mismo que dicen los “periodistas” del portal de SEPRIN, una página diseñada por los milicos.

jueves, 4 de octubre de 2012

Apareció Alfonso Severo, el testigo del caso Ferreyra
El hombre se presentó en una remisería de la zona de Gerli en buen estado de salud, aunque con signos de haber sido golpeado. Según las primeras informaciones, habría sido secuestrado y llevado a una casa de Avellaneda. 
El testigo que debía declarar este jueves.

CIUDAD |  LA MILITANCIA SE SUMÓ A LA RONDA DE LAS MADRES

Un millar de rosarinos abrazó a la democracia

04/10/2012
Movilización por la democracia
Foto: Charlie Welti
Integrantes de organizaciones sociales y políticas participación de la habitual ronda de las Madres en la Plaza 25 de Mayo “en defensa de la democracia y sus instituciones”, ante las operaciones montadas alrededor del reclamo de prefectos y gendarmes.
La concentración se inició pasadas las 17.30 de este jueves con la presencia de cerca de un millar de personas, entre ellos militantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles.
La ronda fue encabezada por las Madres de Plaza de Mayo, organizadoras del encuentro junto a la agrupación HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el resto de las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad. También participaron de la concentración La intendenta Mónica Fein y el vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn.
Los organismos llamaron a participar en la ronda junto a las Madres “en defensa de la democracia” ante “la oleada de mensajes antidemocráticos” y “las operaciones montadas alrededor del reclamo de prefectos y gendarmes”.
Al finalizar la movilización, la Madre Celina Koffman pronunció un discurso mediante el cual advirtió que “la democracia debe ser defendida con todas las fuerzas”.
“Costó mucha sangre, muchas vidas, recuperarla y la vamos a defender con todas nuestras fuerzas. Hoy les decimos: no pasarán, nunca más”, añadió.
En cuanto al reclamo de los gendarmes y prefectos, la referente de las Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe dijo que “las fuerzas de seguridad tienen el derecho constitucional de peticionar por sus derechos, pero por los canales adecuados.Pero jamás usando las armas que le da el pueblo para custodiar su seguridad, sus fronteras y su soberanía”, advirtió.
Por su parte, el diputado provincial del bloque Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, señaló como un “gesto positivo” la presencia de la intendenta junto al vicegobernador, ya que “se diferencia de otros sectores de la oposición como el radicalismo, porque una cosa es un reclamo salarial y otra es jaquear las instituciones democráticas”.
“El reclamo pude ser legitimo, incluso ya fue reconocido por el Gobierno Nacional y se tomaron medidas al respecto, pero otra cosa es lo que gira al rededor de esta medida de fuerza que tiene que ver con los intereses de los medios concentrados que tienen que enfrentarse a la plena vigencia de la Ley de Medios a partir de diciembre próximo”, sostuvo Toniolli.
En este sentido, el diputado afirmó: ” Interpretamos que el conflicto salarial fue manipulado y fogoneado por fuera de su cauce normal”, y añadió: ” No nos preocupa ni Beccar Varela, ni Cecilia Pando, ni Aldo Rico que son marginales y representan a un sector mínimo, en cambio sí nos preocupan los medios de comunicación que tienen otro rol en la sociedad y que tienen la capacidad de influir sobre el conjunto de la población”.
De la ronda participaron también Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Ex presos Políticos de Santa Fe y el Foro contra la impunidad y por la justicia.
Además, se convocaron dirigentes y militantes de la Juventud Peronista, agrupación La Cámpora, JP Evita, La Fede, Partido Comunista, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), entre otras.

Caso Ferreyra

Este jueves, se sumó el pedido por Alfonso Severo, el testigo que debía declarar en el juicio por el asesinato de Ferreyra y está desaparecido desde el miércoles por la noche.
Por la desaparición del testigo, partidos de izquierda y organizaciones también tenían previsto realizar otra marcha a las 18 en la Plaza San Martín.

miércoles, 3 de octubre de 2012



LaCapital.com.ar


Miércoles, 03 de octubre de 201216:52 | Informacion General

Organismos de derechos humanos convocan en Rosario a la ronda de las Madres "en defensa de la democracia"

Apdh, Hijos, familiares y el Colectivo de ex Presos Políticos convocan a marchar mañana a las 17 en la plaza de Laprida y Córdoba de Rosario.

Las Madres marchan mañana en la Plaza 25 de Mayo de Rosario.
En el marco de las protestas de gendarmes y prefectos —a la que se sumó un grupo de suboficiales de la Armada— mañana jueves a las 17 en la plaza 25 de mayo el Colectivo de ex presos, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) , Familiares e Hijos rondarán junto a las Madres en “defensa de la democracia”.
Los organismos de derechos humanos llamaron a participar “de una ronda especial junto a las Madres en defensa de la democracia” ante “la oleada de mensajes antidemocráticos” y “las operaciones montadas alrededor del reclamo de prefectos y gendarmes”.
Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos consideraron que “detrás del conflicto salarial de los uniformados, el cual ya se encuentra encaminado en términos administrativos, se ha montado una operación política de sectores que lo que pretenden es poner en riego la continuidad democrática”.
Por la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos
Por Equipo de Comunicación de la CTA Rosario - Wednesday, Oct. 03, 2012 at 4:28 PM
"Los presos de Corral de Bustos son presos de la política de criminalización de la protesta social" | Martes 2 de Octubre de 2012, por Equipo de Comunicación de la CTA Rosario | El jueves 27 de septiembre de 2012 a las 18,30 hs. se proyectó el documental sobre la Pueblada de Corral de Bustos, “Se me ha perdido una niña”, con el objetivo de presentar en Rosario la campaña por la libertad de los presos políticos de la localidad cordobesa, protagonistas de la lucha popular y condenados en un juicio plagado de irregularidades.
Por la libertad de l...
Imagen: Norma Ríos, presidenta de APDH Rosario, junto a Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Provincia de Córdoba.

El 4 de diciembre de 2006 en Corral de Bustos se torció la historia. Los habitantes de esa localidad cordobesa, cerca del límite con Santa Fe, reaccionaron, hartos de corrupción y maltrato del poder.

Un ejemplo del estado de situación: esa zona era denominada "el triángulo de las bermudas" por los propios lugareños, por los niveles que alcanzaban los crímenes de "pirateo del asfalto". También asolaban la zona el narcotráfico y las permanentes sospechas que cruzaban los distintos estamentos del estado.

Pero hubo un hecho que fue la gota de más en un vaso ya demasiado lleno. Ariana Sabache, una niñita de sólo tres años de edad, fue asesinada, brutalmente golpeada, con señales de abuso sexual.

Los vecinos reaccionaron masivamente ante la actitud de encubrimiento con que jueces, fiscales y policías locales actuaban frente al crimen.

Como señalaba en su momento la agencia APN "desde la falta de atención a las denuncias de la abuela de la chiquita anteriores al hecho, pasando por el secreto a voces de las pistas de aterrizaje clandestinas para tráfico de drogas con apoyo policial local, hasta policías y fiscales más dedicados a fraguar causas que a investigar los verdaderos delitos, muchas veces cometidos por ellos, sus patrones o sus amigos, hicieron que el pueblo, luego del entierro de Ariana, se dirigiera a la plaza, exigiendo que saliera el juez a dar explicaciones".

En el marco de la masiva movilización, de repente se desató un incendio en los tribunales. Aunque los vecinos aseguraron que el fuego empezó dentro del edificio, los mismos cuestionados, juez y policías, desataron una feroz persecución judicial de los manifestantes. Cuarenta y dos personas fueron detenidas, entre ellas dos periodistas que registraban los sucesos. Algunos de ellos estuvieron más de un año en la cárcel. Algunos de los detenidos: un hombre mayor y enfermo, comerciante de 65 años acusado de haber tirado molotovs, un camionero que estaba en Rosario durante los hechos, y un joven de 20 años, lavador de autos, que se negó al pedido de la policía de declarar en contra de sus vecinos.

La movilización popular, que comenzó pidiendo justicia por Ariana, continuó para combatir la impunidad del poder. Seis años después, la historia no se ha cerrado. Doce personas fueron condenadas en un proceso plagado de irregularidades.

"Los presos de Corral de Bustos son presos de la política de criminalización de la protesta social: participaron de la protesta de su pueblo en diciembre de 2006 en contra de la putrefacción de la justicia provincial" dicen los vecinos en Septiembre de 2012. "Fueron querellados por la misma "justicia" que los declaró culpables".

La campaña da sus primeros pasos en Rosario

El jueves 27de septiembre de 2012 a las 18,30 hs. la Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario presentó en ATE Rosario el documental sobre la Pueblada de Corral de Bustos, “Se me ha perdido una niña”. Norma Ríos, presidenta de APDH Rosario, realizó la introducción a la actividad junto a Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Provincia de Córdoba. La Central cumplió un importante rol en acompañar y apoyar el proceso de la organización popular.

Jorge Alberto Luna, ex detenido por la pueblada de Corral de Bustos planteó que "Estamos repudiando ahora la condena de los seis compañeros, otros y yo. Sabemos que hay una ’mala praxis’ si así se lo puede llamar, una mala introducción del juicio y así se llevó adelante hasta llegar a la condena. El mismo secretario del juez, después de haber sido condenados, nos dijo bien clarito que agradezcamos que la causa está mal redactada, porque sino ’caíamos 26’. Queda bien en claro que no debería haber empezado el juicio. Y que fue muy manoseado".

Luna consideró que hubo un intento ejemplificador contra la organización popular: "Han querido demostrarnos que con el poder corrupto no se juega, nosotros somos los que mandamos".

Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Provincia de Córdoba, contó que "Corral de Bustos era una comunidad hastiada moralmente de la ignominia de los gobernantes y las autoridades. Ariana Sabache era una niña que estaba desnutrida, golpeada, y los vecinos recorrieron todo los estamentos, hablaron con la policía, con el juez de paz, con la justicia ordinaria, y nadie tomaba ninguna decisión sobre esto. Hasta que aparece el cuerpito en un campo. Y esto produce una rebelión en el pueblo que fue al cortejo fúnebre y después, los tribunales aparecen quemados. Pero se quemó de adentro, no desde afuera. La gente vió la llama e intentó ingresar, pero se quemó desde adentro. Y después imputan a 44 personas, y después caen detenidos al penal de Villa María. Y los compañeros de la CTA de Villa María advierten esto y me cuentan, y nos fuimos a Corral de Bustos a hablar con la gente".

"Y los vecinos hablaban de todas estas cuestiones, lavado de dinero, el casino, la ignominia de los funcionarios. Ya antes de esta causa, esta zona era conocida como ’el triángulo de las bermudas’, porque se perdían camiones enteros con la carga. Este era el mar de fondo anterior a la revuelta. Todas estas cosas se acumularon y el caso de Ariana Sabache es la gota que rebalsa el vaso".

"Fuimos a la cárcel, hicimos asamblea con la gente, hacíamos asambleas en la plaza y fuimos de menor a mayor, en un pueblo de 13 mil personas juntábamos 2500 todos los lunes durante un año hasta que se logró la excarcelación de todos. Hubo un interregno en el que estuvieron todos en libertad hasta que se sustancia el juicio. Bueno; el juez que hizo la instrucción fue destituido en un jury por la misma justicia porque estaba loco. De ese tipo dependía la comunidad de Corral de Bustos. El fiscal Villamonte, que fue un encarcelador... no hicieron peritajes, demolieron la prueba. Le pagaron el edificio del tribunal al dueño y la tiraron abajo, borraron todas las pruebas. Dicen que una molotov de plástico fue la causante del fuego, pero la botella no se quemó, se quemó todo el edificio y la botella no. Con ese plástico que no se quema, nos podemos hacer famosos".

"La policía corrupta torturaba gente para que dieran falsos testimonios. La causa fue armada, la rebelión logró la excarcelación. Cuando se sustanció el juicio, no logramos retomar el nivel de movilización. Y la causa fue armada. Cuando se incendia un edificio es delito federal, solicitamos que pasara de la justicia ordinaria a la federal pero nunca nos dieron lugar".

"Queremos poner en visibilidad pública este conflicto, hay seis presos políticos por haberse animado a protestar contra la impunidad. Estamos impulsando una campaña nacional, hay personalidades como Osvaldo Bayer y Nora Cortiñas que se han ofrecido a colaborar. Nuestro destino es sacar a los compañeros de la cárcel.

Imágenes: APDH Rosario / Equipo de Comunicación CTA Rosario

Equipo de Comunicación de la CTA Rosario

Por la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos
Por Equipo de Comunicación de la CTA Rosario - Wednesday, Oct. 03, 2012 at 4:28 PM
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Por la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos
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Félix Díaz fue convocado a formar parte de la APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ha decidido por unanimidad invitar a formar parte de su Consejo de Presidencia a Félix Díaz, líder del pueblo Qom, por su lucha y destacada labor en la defensa de los Derechos Humanos de los pueblos originarios de nuestro país.

La invitación a Félix Díaz condice con la importancia de poner en agenda la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios por los cuales la APDH ha venido luchando desde hace muchos años.

Félix Díaz ha aceptado la invitación con beneplácito y en ocasión de su visita a Buenos Aires la APDH invita a ustedes a acompañarnos el próximo viernes 5 de octubre a las 18.30 horas en su sede social sita en Av. Callao 569 3er cuerpo 1er piso, Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
Mesa Directiva de la APDH

sábado, 29 de septiembre de 2012

COMPARTIMOS PARA CONOCIMIENTO

CATEDRA DEL AGUA

Señores Diputados y Senadores
Del Honorable Congreso de la Nación Argentina

De nuestra mayor consideración:
                                                    La Cátedra del Agua (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) de la UNR conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, nos dirigimos a ustedes a los efectos de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional), para que restituyan   y/o agreguen el siguiente texto en el nuevo Código Civil argentino a sancionar:

            En el Libro Primero. Título III. Capítulo 1. Sección 3era del Proyecto de Reforma del Código Civil Argentino, se tiene que establecer lo siguiente:

            Artículo 241: “…El acceso al agua apta para el consumo, y al saneamiento es un derecho humano esencial…”
            Anteriormente en el Anteproyecto de la Comisión Lorenzetti, estaba prevista. Luego, cuando se remite al Congreso de la Nación Argentina, fue quitado. Por eso es que peticionamos que se agregue y/o restituya el Artículo 241 de la manera ut supra expresada.
            Todo ello lo fundamentamos en cuestiones jurídicas y sociológicas que en Anexo se acompaña a la presente.
            Los  saludamos con deferencia:

Dr. Aníbal I. Faccendini
Director
CATEDRA DEL AGUA
                                                                                   F.C.P. Y RR. II. - UNR
ANEXO

El  acceso  al agua y al saneamiento,  debe ser un derecho en el nuevo Código Civil.
 “…Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado…”  Martín Heidegger

            El siglo XXI, está subrayado por el agua.  Varios motivos así lo indican, entre ellos por ser un derecho humano esencial y ser fundamental  para la vida y que menos del 1% de la masa acuática es dulce y susceptible de ser potabilizada, ello nos da algunas señales, de las tantas, de la importancia de este bien.
            La Argentina que en la primera mitad del siglo XX, estuvo primera en la provisión de agua potable, actualmente está detrás de Cuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay, México y Chile. Presenta la grave situación de que 21,60% de personas  carecen de agua potable y 57,50% de habitantes no tienen sistema de cloacas. El panorama, a todo ello,  se agravaría cuando se incremente el consumo en más del 50 por ciento en el período 2025-2050 en el mundo,  con lo cual quedarían seriamente comprometidas las futuras generaciones. 
            La Organización Mundial de la Salud define a la salud como "…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…". Este concepto enmarca a la salud en una perspectiva social integral, que resulta palmariamente vulnerado por la situación antes descripta. El agua es un bien de la humanidad, es un bien de la vida y así debemos reconocerlo. Es un derecho humano al igual que el saneamiento, declarado por Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, Resolución 64/292. En definitiva es un bien común universal.
            Es desde un pensamiento complejo e interdisciplinario, que el nuevo Código Civil argentino debe dar cuenta sobre el agua, cristalizándolo en un derecho.
            Necesitamos tener una percepción comunitaria del agua y desde ésa visión abordar entre otras cuestiones la  problemática urbana y rural, la tensión calidad y cantidad, el diagnóstico de la problemática y la prevención del stress hídrico como así también la razonabilidad de la huella hídrica. Todo ello ayudaría a proteger y juridizar el agua.
            Importante es denotar que el bien del que hablamos, viene a reflejar distintos procesos políticos. Testimoniando sobre la inequidad en el acceso al agua, y por ende la vulneración de ciudadanía que produce.
            Al ser un derecho humano fundamental y un bien común universal de toda vida, el agua está fuera del comercio. Es un derecho inalienable e imprescriptible. Este marco situacional nos sindica que el agua debe estar en manos públicas, democráticas y de intensa participación ciudadana efectiva. Es necesario remarcar que la temática del agua está atravesada por dos ejes fundamentales a saber, que el agua y el saneamiento es un bien común y un derecho humano esencial, y que debe ser gestionada por la administración pública y comunitaria.
            El problema de la no accesibilidad al agua apta para el consumo, es un problema fundamentalmente de los países del hemisferio sur. Los guarismos indicativos de no accesibilidad al agua apta para el consumo al igual que el saneamiento, se patentizan en América Latina, Africa y Asia. No se refleja en los países desarrollados, dónde la cobertura  promedio es  de más del 90%.
            El Código Civil argentino vigente, responde a la cultura cartesiana e individualista decimonónica. Este cuerpo de  normas jurídicas coadyuvó a conformar el Estado Individual de Derecho. Donde familia, propiedad y herencia eran en el siglo XIX bases sistémicas fundantes.
            En el mundo a fines del siglo XX, comienzan  a agitarse, entre otras cuestiones, la problemática ambiental en general y el derecho al agua en particular. Sus fuentes, entre otras, la podemos ver en la  Conferencia de Estocolmo de 1972, los Límites al Crecimiento del Club de Roma, el documento de la Fundación Bariloche, el trabajo de Rachel Carson de la “Primavera Silenciosa”, la Conferencia de la ONU sobre el Agua en Mar del Plata en 1977, el Informe Bruntland de 1987 sobre desarrollo sustentable y la gran conferencia de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro.
            Este proceso de concientización hídrica y ambiental, se va a ver fortalecida en el año 1997,  cuando el  pensador Riccardo Petrella, Director Honorario de la Cátedra del Agua (Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales) UNR, publicó su obra el  “Manifiesto del Agua”, en la que  va a evidenciar la importancia del agua como bien común y base esencial de cualquier otro derecho. A tales fines también ayudó, la Cumbre de los Pueblos en Río + 20, que sostuvieron que el acceso al agua y al saneamiento es un  derecho humano esencial.
            El derecho al agua es transversal a todo el derecho, incluido al civil. 
            El proyecto del nuevo Código Civil, debe dar respuesta a la corriente jurídica latinoamericana que recepciona al agua como derecho humano.  Debe dar cuenta también conteste con el artículo 41 de la constitución de la nación argentina, en declarar como bienes comunes al agua y al aire. 
            El nuevo Código Civil, debe reestablecer el artículo 241, expresando lo siguiente que  “…El acceso al agua apta para el consumo y al saneamiento es un derecho humano esencial…”. Hay que tener en consideración que la Argentina, el 28 de julio de 2010, votó en la Asamblea de la ONU la resolución nro. 64/292 donde se estableció que el acceso al agua y saneamiento es un derecho humano esencial. Sin este derecho no se puede construir juridicidad alguna.
            La realidad nos indica que tenemos que ir hacia un Estado Social Ambiental de Derecho. Estableciendo que el agua es un derecho humano.
            En definitiva Argentina, debe ambientalizar al nuevo Código Civil,  siguiendo así la legislación  de países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay.

            La ley es una necesidad para la realidad.  Metaforizando,  es la foto que da sentido a la película social. El agua es la foto de todos los tiempos y sociedades, llegó la hora que la ley la tome,  para  transformarla  en derecho.

lunes, 24 de septiembre de 2012



lunes, 24 de septiembre de 2012

Las prisiones domiciliares, una deuda interminable


HIJOS La Plata 

En un informe de 2011, los números oficiales de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, que depende del Ministerio Público Fiscal, confirmaron que cuatro de cada diez represores procesados en todas las causas del país están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. En términos formales hay excarcelados por garantías procesales y por lo que los abogados llaman “cese de la prisión preventiva”, es decir, porque pasaron más de 2 años presos sin condena. Según estos números, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en sus casas, libres o con domiciliaria.
En 2010 un fallo de la Corte Suprema intentó detener las excarcelaciones pero, como lo confirma la Unidad Fiscal en 2011, aún se propagan las autorizaciones de los jueces federales de primera instancia o de la Cámara de Casación. Las  Salas I y III de Casación esgrimen en sus fallos viejos criterios que están revestidos de un aparente garantismo, pero lo que garantizan es más impunidad: para los genocidas procesados la prisión preventiva es una excepción, no la regla.

Este argumento desencadenó gran cantidad de pedidos de excarcelación, e hizo que el 2010 se convirtiera en el año record de liberados. El ministerio Público, a través de Pablo Parenti de la Unidad Fiscal, opina que predomina en los jueces “un análisis muy liviano del entorpecimiento del proceso, que puede darse con el riesgo de fuga o con la amenaza de destrucción de pruebas. Lo que yo pregunto es, ¿cómo repercute que esas personas estén en libertad en casos como los de Rosario y Vesubio? ¿Con qué libertad puede declarar una persona sobre las torturas cuando puede encontrarse en la esquina a quien está acusando? La prueba no se produce en total libertad. ¿Y entonces cómo impacta la libertad en la prueba? Hay gente que atraviesa todo el juicio en libertad, con riesgo de fuga y de gran intimidación a los testigos. Hay quienes se encuentran con sus torturadores en la calle y en la puerta del Tribunal y también sucede con personas que están condenadas y quedan en libertad mientras se revisa la condena. Esas revisiones suceden además muy lentamente, con graves demoras en Casación”.

Tomemos el caso del Juicio que se lleva en La Plata desde septiembre de 2011. El Juicio “Circuito Camps” es la más extensa de la acumulación de causas llevadas a juicio hasta el momento en esa ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP - 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro) y una apropiación relacionada a la Brigada de Investigaciones de San Justo.  En el debate serían juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. En el transcurso del juicio murieron impunes los represores Paez y Arias Duval.

Pero al comenzar el juicio, la mayoría de los represores llegaban a las audiencias excarcelados o con domiciliaria. Atento a esta situación, el espacio Justicia Ya La Plata pidió que se revocaran las domiciliarias de que gozaban 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta: Almeida Domingo, Patrault Luis Vicente, Berges Jorge Antonio, Campos Rodolfo Anibal, Arias Duval Alejandro Agustin, Lujan Horacio Elizardo, Ibérico Saint Jean, Sita Mario Victor y Smart Jaime Lamont. Además, se denunció el caso de Norberto Cozzani a quien el juez Federal Arnaldo Corazza, dejó vencer el plazo de la Prisión Preventiva otorgándole la libertad en Enero de 2011. En el escrito también se solicitó que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, y que son: Tarela Eros Amilcar, Verduri Sergio Arturo, Grillo Roberto Omar, Kearney Miguel, Lencinas Daniel Jorge, Ferriole Pedro Antonio, Paez Ruben Oscar, Cabrera Roberto Antonio, Corrales Bernabé Jesus, Machuca Raul Orlando, Svedas Fernando y Antonini Santiago.

Justicia Ya apeló esta última decisión ante la CSJN en Febrero de 2009, y cuestionó a los magistrados Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi, integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal. Por entonces se dijo que “resulta inconcebible y manifiestamente insultante para las víctimas y para la sociedad toda, que en el marco de la impunidad que reinó los últimos 33 años, se pretenda tomar como argumento decisivo que hasta el presente los imputados no registren condenas ni hayan procurado mantenerse prófugos de una Justicia que nunca los requirió”. Además se afirmaba por entonces que con esta medida: “Por un lado, se pone en riesgo la concreción del castigo a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad; por otro, se afectan los derechos que tienen las víctimas a que la justicia investigue y sancione a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosos fallos que el hecho de que no se sancione a los responsables genera un amedrentamiento permanente hacia las víctimas, familiares y operadores judiciales a cargo de las investigaciones”.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de varios de los genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza) y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Pero la Sala III concedió la excarcelación con argumentos como: “que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado”. O bien que “la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad, hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones”. (Juez Riggi en el caso de Paez). O bien “que mantener la actual situación de encierro, vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo”. (Jueces Tragant, Ledesma y Riggi en el caso de Kearney). También que “la investigación continúa en su etapa instructoria, razón por la cual no se avizora que la situación procesal del imputado sea resuelta en forma inminente”. (Jueces Tragant, Ledesma y Riggi en caso Machuca). O bien que “la privación de la libertad procesal sólo podrá autorizarse cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia, pero menos gravosa a los fines del proceso”. (Juez Tragant en caso Machuca). Y hasta que el hecho de que “el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados también constituye un fundamento válido para dictar la medida al inicio de la investigación. Pero cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva”. (Juez Tragant en caso Machuca).
Estos represores, beneficiados con recursos que la propia  gravedad de lo que se juzga determinaría que deberían ser extraordinarios, tuvieron una funcionalidad central en el esquema represivo del Circuito Camps en La Plata. La mayor parte de estos imputados en Causas BILP y Arana estuvieron detenidos sólo entre abril y diciembre de 2008.
La mayoría de los jueces federales que otorgan este tipo de beneficios a los genocidas citan para apoyar sus decisiones la doctrina establecida en el fallo plenario de la Cámara de Casación Penal conocido como “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación”. En ese Plenario de Cámara de fecha 30/10/2008 se fijó la siguiente doctrina: no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal.

Para muchos de los jueces que entienden en las causas de Lesa Humanidad, no son suficientes los argumentos de que cercano al comienzo de un juicio es razonable determinar que los represores deben ser detenidos para poder juzgarlos. O bien que por la responsabilidad que tiene el Estado para con las víctimas, su deber de reparación en la medida en que puede hacerlo treinta y tantos años después, deben ser encarcelados para someterlos a juicio. O Bien que existe riesgo de comisión de nuevos delitos, y que no escapa al entendimiento de los tribunales la existencia de un aparato de criminalidad que hasta el día de hoy opera como mecanismo de intimidación de testigos. (Casos Lopez-Gerez-Puthod-Suppo-Martínez-Caso Gil en Santa Fé).  Y que Por ello, para contribuir a un marco de protección a los testigos y sobrevivientes durante la audiencia que determina una posible condena, los represores deben ser encarcelados.

La discusión central nos lleva a rever el criterio habitual para concederles el beneficio de la domiciliaria o excarcelación: no poseer antecedentes penales anteriores o haber estado a derecho o algún tipo de valoración positiva sobre las condiciones personales de los genocidas. A esta altura habría ya que discutir si es relevante ese criterio para los casos de delitos de lesa humanidad cometidos desde las estructuras del Estado, por la gravedad de los delitos y por la dureza de las potenciales penas. Y a esta altura, es incomprensible que tras más de 30 años de lucha constante e inclaudicable de los organismos defensores de los derechos humanos y de la mayoría del pueblo, el Poder Judicial insista en minimizar el genocidio dando mayor valor a criterios secundarios sobre la situación de los represores (la edad de los imputados, que sus residencias sean estables, que sus núcleos familiares estén consolidados, o sus comportamientos en prisión sean correctos), que a los cientos de crímenes aberrantes e impunes por ellos cometidos.

Además existen argumentos resueltos por la Cámara Federal de La Plata en la causa Etchecolatz, donde se señalaba que la naturaleza de los delitos de lesa humanidad imputados a los represores “denota la importancia y la necesidad de un trato diferente de las personas imputadas o condenadas por esa índole de crímenes, sin que ello implique desconocer, obviamente, sus derechos fundamentales o decidir, respecto de ellos, en forma discriminatoria o sin igualdad en ‘igualdad de circunstancias’. El argumento central proviene del derecho internacional de los derechos humanos que responsabiliza a los Estados nacionales ante la comunidad internacional, de que sea entorpecida la investigación de la verdad, el juzgamiento y, de suyo, el cumplimiento de la pena de los delitos de lesa humanidad".

Por si fuera poco, existen en la Cámara de Diputados varios  proyectos de ley para incorporar el art. 33 bis a la ley 24.660, disponiendo que no será aplicable la prisión domiciliaria cuando se trate de delitos de lesa humanidad. Recordemos que esa ley (votada en 1996) determina en su artículo 33 que “el condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique”. A la vez que estipula en su artículo 34 que “el juez de ejecución o juez competente revocará la detención
domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo
aconsejaren”.

Uno de los proyectos de reforma de la benevolente ley 24.660 fue presentado en marzo de 2008 por el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (FPV), hijo del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976 en la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, y posteriormente asesinado. Por el hecho fueron condenados a perpetua Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en 2008, pero en mayo de 2011 el Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso que cumplieran la condena con el régimen de domiciliaria. El proyecto de Vargas Aignasse duerme el sueño de los justos en la comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional, y en su desarrollo afirma que:
“En los fundamentos de la ley 24.660 se trata el beneficio como una excepción de carácter extraordinaria para aquellas personas mayores de 70 años a los que los titula como "ancianos" sin capacidad para afrontar vida carcelaria ni de fuga en caso de estar en un domicilio vigilado, o el del enfermo terminal para que los cuidados de su salud los hagan en un domicilio vigilado y para que este con sus familiares sus últimos momentos de vida, no olvidemos que nuestro sistema penal es contrario a la pena de muertes y tiene un tilde católico en el sentido que el sistema no puede ordenar la muerte de ningún ser humano cualquiera sea el delito cometido”. Puntualmente, Vargas Aignasse analiza que “la memoria, la justicia y la verdad se honran con trabajo, como miembro del
parlamento no puedo ver que genocidas como Videla, Massera, Suárez Mason, Bussi, Menéndez, Arrechea y tantos otros pasen sus días en countries residenciales con piscinas, recibiendo visitas y dando paseos en bicicletas alegando 70 años de edad o enfermedad terminal y acogiéndose a beneficios de la ley 24.660 que en su espíritu no contempla a delincuentes contra derechos humanos sino a delitos comunes de los tipificados en el cuerpo del código penal vigente”.

Si bien la propuesta de Vargas Aignasse no fue aprobada, en 2008 hubo una modificación del art 33 de la 24.660, para extender el beneficio de la domiciliaria a las madres privadas de su libertad y a enfermos terminales: “Podrán cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria: a) El condenado mayor de 70 años; b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El condenado que padezca una enfermedad o discapacidad graves y que por tal condición requiera tratamiento o atención especial que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario; d) La mujer embarazada; e) La madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad, a su cargo”. Curiosamente, la inclusión de la categoría “condenado mayor de 70 años”, no hizo sino ser el justificativo al cual se acogen la mayoría de los abogados de los genocidas para pedir el beneficio. Para peor, en Enero de 2009 se publicó en el boletín oficial la ley 26.472 que modifica la ley 24.660 en lo que se refiere a la prisión domiciliaria y se amplió en su artículo 32 los supuestos en los cuales procedía la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sin hacerse ninguna excepción al respecto cuando se tratara de condenados por delitos de lesa humanidad. El criterio de aplicación del beneficio, al no distinguir los graves delios de lesa humanidad de los comunes, es que se debe aplacar igualitariamente, para “no generar discriminaciones donde la ley no hace diferencias”. Las consecuencias de ese pretendido “igualitarismo” son nulas en una justicia de clase como la argentina, donde la mayoría de los internos de los servicios penitenciarios Federal y provinciales sufren la Prisión Preventiva como pena anticipada.

Sólo en el mes de mayo de este año, la justicia federal platense se despachó con una chorrera de domiciliarias que no trascendió tanto como las crónicas del juicio “Circuito Camps”. En la causa N° 15.274 caratulada “Ferreyro Miguel Angel” y que imputa a este represor del CCD Brigada de Lanús, excarcelado desde junio de 2011, los jueces Rozansky, Jantus y Vega del TOF1 le prorrogaron por 6 meses la preventiva con domiciliaria bajo condición de someterse a control del Patronato de Liberados. En Causa N° 35, que investiga los secuestros, torturas y desapariciones cometidos por la Armada y Prefectura entre la militancia del Astillero Río Santiago, el juez Humberto Blanco confirmó la preventiva con domiciliaria de 5 genocidas (Schaller, Meza, Vañek, Errecaborde y Mendez) y dispuso una hasta entonces inexistente consigna fija de Gendarmería en sus domicilios. Igual retardada medida tomó Blanco sobre el represor Eduardo Gargano, con preventiva domiciliaria en Causa N° 29 por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearze; en causa Pozo de Quilmes sobre 9 genocidas; en Causa Pozo de Banfield sobre otros 5 y en Causa Brigada de San Justo sobre otros 14, incluido aquí el otorgamiento de la domiciliaria al genocida Juan Acosta.

El panorama no es mucho más alentador si hablamos de condenas concretas. En lo que va de 2012 hubo en todo el país 13 juicios concluidos, con sólo 55 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 5 absoluciones, por un total de 284 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Si bien el año no concluyó, hay en curso un grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, si se tiene en cuenta  que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 13 en 2009, 19 en 2010 y  17 en 2011.

Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 (menos 2) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Suman entonces 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios.

Es que el festejado proceso de reapertura de las causas lleva casi una década en marcha, y sólo ha posibilitado el 18 % de condenas sobre el total de genocidas procesados en todo el país, cifra que a esta altura representa una pequeña dosificación de Justicia que, en una proyección sencilla, y de acuerdo al desempeño de 18% de condenas en 9 años, nos llevaría a una larga tarea de un par de generaciones para completar.
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace 9 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Y a la vez denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión. Los datos están a la vista.

HIJOS LA PLATA

domingo, 23 de septiembre de 2012

Nota de REDACCIÓN ROSARIO- DIARIO DIGITAL

Ciudad | 
Repintaron el mural de la resistencia

“Las paredes son las imprentas de los pueblos”

23/09/2012
Este sábado fue finalmente repintado el mural. | Foto: Graciela Borda.
Este sábado, en la esquina de Jujuy y España, se realizó una jornada cultural por la memoria convocada por el Colectivo de ex presos y sobrevivientes de la dictadura en la que se repintó el mural en homenaje a las más de 450 víctimas de la resistencia en Rosario en el Colegio San José.
La movida, que estuvo organizada bajo el lema “Mate, memoria, mural”, congregó a cientos de participantes entre sobrevivientes de la dictadura, familiares de desaparecidos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas.
Desde temprano por la mañana, militantes de La Cámpora, el Movimiento Evita y Martín Fierro, colgaron sus banderas junto a las del Colectivo de ex presos políticos,  las Madres de la plaza 25 de Mayo y APDH, frente al colegio San José, donde se realizó la pintada.
Acompañaron además, representantes de Hijos Rosario, del Espacio Juicio y Castigo, y los concejales Roberto Sukerman, Norma López y María Fernanda Gilgliani.
La actividad tuvo un marco signado por la celebración del “hecho político y simbólico que representó la posibilidad de repintar el mural en homenaje a unos 500 rosarinos asesinados desde la resistencia peronista iniciada en el ’55 hasta las víctimas de diciembre de 2001″, explicó a Redacción Rosario Mónica Garbuglia, secretaria de prensa del Colectivo de ex presos políticos.
El mural había sido tapado por autoridades del Colegio en junio pasado. Luego de una mediación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario, la dirección del colegio accedió a ceder un espacio de 26 metros de largo por 1,65 de alto para que se reconstituya el mural.

Mediación del Concejo

Junto a los concejales Sukerman y López, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, María Fernanda Gilgliani, también festejó la concreción del mural. “Me siento muy contenta de que hoy (por este sábado) se esté realizando esta actividad, y también orgullosa del trabajo que hicimos junto a los concejales de la comisión para mediar entre los integrantes del  Colectivo y las autoridades del San José”, indicó la edila.
Es que tras varias reuniones entre la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, autoridades del Colegio San José y el Colectivo de Ex Presos Políticos, se logró convencer a las autoridades salesianas para que se vuelva a pintar el Mural de la Memoria.
A partir de la firma del acta celebrada en el Concejo semanas atrás, el Colegio San José “otorga el derecho de uso del zócalo de 1,65 metros de alto por 26 de largo, desde el inicio de la ochava por calle Jujuy hasta la tercer ventana de calle España para ser utilizado en el mural testimonial alusivo a desaparecidos y presos políticos desde el año 1955 al 2001, en la ciudad de Rosario y zona de influencia”.
En el acta se precisó que se pintarán exclusivamente los nombres y apellidos y el nombre de la organización a la que pertenecían. En tanto el Colegio dispondrá del siguiente espacio, siempre por calle España, hasta el portón que allí se encuentra “para confeccionar un mural alusivo a los derechos humanos con los alumnos del colegio”.
Finalmente, el mural pudo ser pintado y tal como señalara a Redacción Rosario uno de los sobrevivientes de la dictadura presente en la jornada, con él  ”se concretó esa máxima setentista que tanto utilizamos durante nuestra primera militancia, de que las paredes son las imprentas de los pueblos”.