La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH Rosario)
y La Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario (Coordinadora de organizaciones cuya tarea fundamental es la lucha por la libertad de los presos políticos),  han decidido solidarizarce con este tremendo caso de injusticia, por el cual están pasando compañeros y compañeras.

La tarea inmediata es enviarnos notas de adhesión y apoyo,
 porque día 23 de junio, en la sede de ATE VILLA MARIA, Santa Fe 1450 , en horario a definir,
 se realizará una actividad reclamando su libertad.

pueden enviarlas al mail:

apdhrosarioprensa@yahoo.com.ar
aligbernal@yahoo.com.ar

para imprimirlas y entregarlas

Datos para conocimiento:

Presxs políticxs en Corral de Bustos ,Córdoba, Argentina

El 4 de diciembre de 2006 en la localidad de Corral de Bustos (Córdoba) se produjo una pueblada en contra de la Justicia Provincial de la localidad.
Corral de Bustos es una pequeña ciudad de 12 mil habitantes en la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con Santa Fé. Ubicada sobre una de las rutas de entrada a la provincia, es uno de los tantos lugares donde las mafias del narcotráfico, la trata de blancas y otras están enquistadas en el poder político y judicial.
El hartazgo ante el encubrimiento y la impunidad de varios crímenes y asesinatos (18) cometidos en la zona – que en función del encubrimiento a las mafias la justicia nunca resolvió- estallaron en bronca popular cuando la pequeña Ariana Sabache fue violada y asesinada en su propio ámbito familiar.
A pesar de las reiteradas denuncias anteriores y del informe de la trabajadora social interviniente de que la niña se encontraba en riesgo, el juzgado local no actuó en el caso, lo cual fue la gota que rebalsó el vaso en el cuestionamiento al Poder Judicial.
Unos 2000 vecinos del pueblo se concentraron ante el Juzgado para expresar su repudio, ante la negativa del fiscal de salir a dialogar con los manifestantes se rompieron los vidrios del Juzgado. Pero la pueblada estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a los manifestantes. El resultado fue el incendio total del Juzgado, el auto del Juez de Control dado vuelta y quemado, varios policías y vecinos heridos.
Si bien la pueblada podría haber sido leida por el poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel, la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión y la judicialización de la protesta. En pocos días comenzó en el pequeño pueblo una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado 30 detenidos, que fueron encarcelados en el complejo penitenciario de Villa María (ciudad ubicada a unos 320 km de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una sensación de temor permanente hacia los manifestantes que el dia de la pueblada estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría nuevas órdenes de captura.
Luego de un intrincado recorrido judicial – que incluyó impugnaciones por parte de la defensa ya que la Justicia Provincial que se consideraba damnificada era también juez en la causa- el caso se llevó a juicio en septiembre de 2011.
El resultado del mismo tiene para la justicia de Córdoba, juez y parte en este caso, un claro sentido "ejemplificador".

Los compañeros fueron condenados a diversas penas. Ellos son: 

Víctor Barbero (abogado) y Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006.

Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio".

Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva.

Estos compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba.

Además, seis de ellos fueron condenados a penas de cumplimiento condicional:
Karina Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio César Suárez (empleado de comercio) fueron encontrados coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.
Mientras, Hugo Daniel Dobba (jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalia y los jueces.

Libertad a los presos de Corral de Bustos