NOTA PUBLICADA EN ENREDANDO

Elecciones en Santa FeLas deudas pendientesEn el marco de las elecciones en la provincia de Santa Fe, enREDando consultó a referentes de diversas organizaciones sociales sobre las grandes deudas pendientes que los tres niveles de gobierno deben agendar para responder a las demandas del campo popular. Expectativas, luchas, reclamos y perspectivas ante un nuevo escenario político. La provincia de Santa Fe recurrirá a las urnas una vez más para elegir a sus candidatos de gobierno. Las próximas elecciones generan expectativas ante nuevos escenarios políticos que se definirán a través del voto de la ciudadanía, aunque esto no implique necesariamente, una renovación que el campo popular espera desde hace tiempo. Las demandas y reclamos que desde las organizaciones sociales se vienen llevando adelante, más allá de la coyuntura eleccionaria, son genuinos y necesarios. Son, sobretodo, expresiones populares, ciudadanas y conjuntas que luchan y se hacen oir ante cada nuevo horizonte político que se presenta a nivel nacional, provincial y municipal. La necesidad de establecer políticas de Estado que favorezcan y respondan a las necesidades de las mayorías es la gran deuda pendiente, el desafío a construir y el reclamo histórico de todas las organizaciones. Cada una, desde su lugar y su lucha, trabaja por generar espacios de participación que incidan en las políticas públicas, que influyan en la agenda política de los candidatos a gobierno y que de una vez por todas, sean valorados por quienes dicen llevar adelante procesos de cambio y transformación, más allá de los tintes partidarios. enREDando se acercó y consultó a referentes de organismos y organizaciones sociales, que desde diferentes perspectivas dan cuenta de las demandas pendientes, las perspectivas futuras y el análisis que a nivel nacional enmarca lo que en los próximos días se definirá en la arena política de Santa Fe. Derechos humanosEn el campo de los derechos humanos consultamos a Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a Oscar Lupori, coordinador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Norma Ríos señaló que en la ciudad, y esto se evidenció con la protesta realizada en la Plaza San Martín por la CCC, hay “300.000 personas viviendo sin trabajo, con planes trabajar o changas esporádicas bajo la línea de pobreza o de la indigencia, con la máxima precariedad, sin agua potable, sin viviendas, con una educación desvastada y sin posibilidades reales de inserción social”. En este sentido, “el panorama no es muy optimista y allí se está violando el derecho humano elemental que es el derecho a tener una vida con dignidad.” Por otra parte, remarcó situaciones comunes de carencia que se viven a nivel provincial y municipal como la solución al problema de los inundados, donde la realidad es muchísima más grave en Santa Fe, a las vivienda y posesión de las tierras, a la contención infanto - juvenil (clubes, planes de trabajos, estudios, aprendizaje de oficios alimentación) “y otras carencias producto del ejercicio del gobierno de la provincia desde hace 24 años por un signo político, que tiene entre sus prioridades, los negocios personales productivos de sus miembros.” Denunció, en este aspecto, carencias de medidas políticas, “planes, proyectos que sean una solución para el pueblo, porque la indiferencia también es una política activa.” Estas ausencias de políticas se evidencian en la educación “no solo de nivel, contenidos y salarios de los educadores y trabajadores no docentes, sino también, la tristísima situación edilicia de las escuelas”. En Salud, “la situación de hospitales, médicos y medicamentos sin cargo (integral).” Además, “una falta de profundización y avance de los juicios sobre el Terrorismo de estado y las tres AAA, la protección de mujeres y niños contra la violencia social/familiar, para resolver y terminar con los casos de gatillo fácil, incluidos los juicios de diciembre 2001, para terminar o al menos comenzar a enfrentar seriamente el tema de la policía que maneja la prostitución infantil, el juego clandestino y el trafico de drogas (se denuncian entre ellos), para revertir una situación en cárceles que apuesta a la pena de muerte de hecho, nunca a la re socialización de los detenidos. Y terminar con la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta.” Con respecto a las expectativas que generan estas elecciones, particularmente en Santa Fe, la militante de APDH cree que “si bien se plantean posibles cambios, aparecen más como discursos de campaña que como políticas reales. Un signo político diferente gobernando en la provincia crea expectativas, pero los condicionamientos reales de años de entrega, corrupción y negocios sucios, crean un condicionamiento real para cualquier gobierno futuro.” Y en este aspecto, sostiene que “la carencia fundamental para conseguir lo planteado como necesidades, es la falta de protagonismo popular en las decisiones de fondo. Falta la unidad, la organización, el pensamiento conjunto popular, que le dé carnadura a una política de cambios profundos.” La gran expectativa esta depositada en que los nuevos gobernantes, como plantea Ríos, “estén a la altura de las circunstancias, porque para eso se candidatean y quieren ganar la elecciones, o soportarán la resistencia popular, que aún con muchas dificultades, no cesa de avanzar.” A nivel nacional, la realidad planteada por la presidenta de APDH se agudiza aún más “en un país que comenzó un plan social, político y económico sobre la base de un genocidio que permitió su implementación”. Se refirió puntualmente a la concentración y acumulación de la riqueza como “la madre de los peores males”. Y remarcó, en primer lugar, “la impunidad más generalizada y naturalizada, en todos los planos. Sin una distribución equitativa de los bienes que se producen, podrás comer más, menos o nada, y/o todos los días, pero tus derechos humanos están vulnerados desde la raíz”, opina Norma Ríos. Su crítica al gobierno nacional es contundente y en este aspecto mencionó y recordó “los asesinatos políticos (Fuentealba y otros), las agresiones al pueblo (Varizat, represiones varias), la desaparición de Julio López luego de la primer sentencia en 30 años a un genocida y los presos políticos como datos de la realidad cotidiana.” Oscar Lupori, referente del MEDH y militante de los derechos humanos también se expresó al respecto, coincidiendo con Norma Ríos en muchos de sus reclamos. A nivel provincial subrayó la necesidad de “reorganizar institucionalmente el Estado con: una reforma constitucional en acuerdo a las declaraciones, pactos y convenciones de DDHH leídos a la luz de las postulaciones de los Movimientos sociales de DDHH, Ecologistas, de Género, de Desempleados, de Nuevo Sindicalismo, de Nuevas Expresiones Artísticas y uso de NTICs, consultando a las organizaciones sociales que los integran; leyes que reorganicen el Estado, hacia una democracia participativa y la justicia social, quitándole los resabios del terrorismo-neoliberalismo como: autoritarismo-centralismo-corrupción: revisar el poder judicial que carga con muchas denuncias, la composición y funcionamiento del ejecutivo (por ejemplo en su ministerios de gobierno y economía, en sus secretarías de seguridad, de trabajo y medio ambiente, reforma policial y del sistema penitenciario, concluir con los trabajos estatales por contrato, blanquear los salarios y tomar medidas contra el trabajo en negro)”. Para Lupori es fundamental pasar de la retórica y colaborar operativamente con: “los juicios por la verdad, la justicia y la reparación; concluir con la obstaculización de justicia por las muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001 y las inundaciones de Santa Fe; la memoria activa, la educación en y para los DDHH y una comunicación en acuerdo a la dignidad humana”. En ese sentido, mencionó la ley de educación en DDHH para que sea reglamentada, la ley sobre el derecho a la información y “asumir en serio la ley nacional de defensa integral de los derechos de l@s niñ@s y de l@s adolescentes; una política y legislación operativa de defensa del medio ambiente en una provincia con denuncias de norte a sur sin ser atendidas”. Además, la necesidad de establecer “políticas de seguridad ciudadana integral, caracterizada por ser de cuidado de la vida, de posibilidad de futuro. Por tanto que luche y trabaje contra el modelo de la exclusión, las precarizaciones y el narcotráfico”. A nivel municipal, Lupori reclama una “autonomía municipal para una política económica social de tipo solidaria que haga al desarrollo humano local.” Y que se trabaje a favor de una “integración urbana de los asentamientos precarios de diferente conformación; un plan estratégico urbano con sentido de cuidado de la vida frente a los riesgos de la vida urbana y previsor de posibles catástrofes; entendimientos entre vecinos, entre trabajadores ante el aumento de conflictos por intereses de paisajes y hábitat, por diversiones y tranquilidad, luchas sociales y molestias mediante asunción pronta de los reclamos, audiencias públicas”. Es decir, "potenciar los canales de participación ciudadano, perfeccionando el presupuesto participativo, el consejo municipal en los distritos, los foros sociales.”, entre otras demandas que involucra el fin de los trabajos con contratos y perfeccionamiento de becas. Las expectativas de un nuevo gobierno bajo el mismo signo político que actualmente gobierna la provincia no son muchas. Síntoma de ello menciona el clientelismo existente, el déficit habitacional, problemas en educación, inundaciones, medioambiente, la obstaculización de numerosas causas judiciales, la falta de reglamentación de una Ley de DD.HH impulsada por el MEDH, la precarización laboral en la Secretaría de DD.HH, entre otros. “Espero que la elección posibilite un gobierno que trabaje con voluntad en este sentido.” En el plano municipal, reclama al socialismo una profundización de las políticas que enuncia. En el marco nacional, Oscar Lupori destaca las acciones del gobierno en materia de derechos humanos. Sin embargo, aclara, “no se nota la misma decisión respecto a los mentores económicos de ese terrorismo. Pero llama más la atención que no asuma resueltamente las causas del presente ( por ejemplo la represión sangrienta del 2001, la represión en el puente Pueyrredón, las inundaciones en Santa Fe, la muerte de Fuentealba, lo de Varizat en Río Gallegos, y que cuente entre sus aliados a personas acusadas como Reuteman”). Para el referente del MEDH no es solo cuestión de “encarar lo del pasado en la medida que sus protagonistas pierden poder y no enfrentar a los grupos de personas con poder que protagonizan violaciones actuales.” Género El Movimiento de mujeres, desde diferentes espacios sociales y organizaciones, trabaja por un reconocimiento de los derechos vulnerados históricamente. En este aspecto, enREDando consultó a Mabel Gabarra de Indeso y Viviana Della Siega de Insgenar. Para Della Siega, las demandas a nivel provincial y municipal tienen que ver con “la aplicación de un protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para el tratamiento adecuado de las mujeres que llegan a los efectores de salud por problemas causados por un aborto; que se realicen sin problemas las ligaduras tubarias y vasectomías en los efectores públicos, tal como lo establece la ley y que no se judicialicen los aborto nos punibles establecidos por nuestro Código Penal.” Remarcó la necesidad de que “se aumente el número de refugios para las mujeres que padecen violencia en razón del género” y a nivel provincial, específicamente, esperan que se cree “la Secretaría de la Mujer, se establezca el Plan de Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres; se cumpla con la ley de educación sexual capacitando masivamente a docentes y se eduque en derechos humanos con perspectiva de género.” La expectativa a nivel nacional está puesta en la creación de un “Ministerio de la Mujer, que se transversalice la perspectiva de género en todas las políticas públicas, que se realicen campañas permanentes en torno a estos temas, que se legalice el aborto gratuito y seguro; que se adecuen todas las normativas locales a lo que establecen los pactos internacionales en cuanto al cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres; que se introduzca la perspectiva de género en la formación de los profesionales especialmente del derecho y de todas las ramas de la medicina.” Mabel Gabarra coincide en el planteo de éstas demandas y profundiza en la necesidad de generar políticas públicas de prevención y atención de violencia contra las mujeres y que aseguren la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el ámbito provincial. Entre las primeras destaca: a) las establecidas en la ley de violencia familiar vigente y que deben ser implementadas por los Ministerios de Salud, Educación y Gobierno de la Provincia de Santa Fe, b) capacitación de los/las agentes públicos directamente involucrados/as con la atención de las víctimas de violencia familiar (policia, funcionarios judiciales, personal de hospitales, centros de salud, etc; c) conformación de Redes Municipales en todo el territorio provincial para la prevención de la violencia y la implementación de mayores recursos de atención a las victimas (teléfonos de urgencia, refugios, etc) d) Implementación de protocolos de atención de las victimas en los ámbitos de salud y judiciales. e) Campañas en los medios de comunicación dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres.Entre las segundas, remarca: a) la Vigencia del Programa Nacional de Salud Reproductiva b) Implementación de la Educación Sexual en las escuelas c) Garantizar el acceso de todos y todas a la anticoncepción segura y gratuita. d) Acceso irrestricto y sin autorización legal en el territorio provincial al aborto no punible establecido en el Código. Penal. Aprobación de protocolos de atención que lo garanticen. e) Capacitación del personal de salud en la atención. f) Implementación de Consejerías de salud sexual y reproductiva en el territorio provincial. g) Campañas en los medios sobre derechos sexuales y reproductivos. Para Gabarra las expectativas no son muy grandes “ya que los/las candidatos/as, salvo honrosas excepciones, no han hablado de estos temas en su campaña.” A nivel nacional, confía en que “el próximo gobierno nacional seguirá en la misma línea que el actual, donde se han producido algunos cambios favorables a los derechos de las mujeres.” La mirada está puesta en la composición del próximo Parlamento Nacional, “donde esperamos se apruebe una ley que reconozca el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.” Pueblos originarios La lucha de las comunidades originarias de norte a sur en el país es histórica. El reclamo por la posesión de tierras que les perteneces por historia y herencia es eterno y cada vez más ignorado por los gobernantes de turno. Esto no solo sucede a nivel nacional, sino también, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, donde se repiten situaciones de desalojo de tierras donde viven comunidades indígenas. A pesar de esto, ha habido avances que los referentes de las comunidades destacan, entre ellos, la importancia de contar con el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dirigido por los representantes de diversas comunidades. Este nuevo órgano conformado recientemente es una esperanza que se abre para el reconocimiento de los derechos indígenas. Cristina Choque integra la Asociación Indígena de Rosario. Para ella las principales demandas tienen que ver con un mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades. Para esto es fundamental que se contemplen las necesidades de los pueblos originarios y que en el diseño de políticas públicas participen referentes de las comunidades, quienes son los que conocen verdaderamente la realidad dura en la que viven. Mencionó la necesidad de brindar posibilidades de trabajo, educación, salud, “mejorar los barrios, la atención en los centros de salud con mayor amplitud horaria, la infraestructura de las viviendas en los barrios, con cloacas, calles y agua”. En el plano educativo reclamo que haya una “participación de los docentes en las políticas educativas, como también en la cultura.” En otras palabras, “que se cumpla verdaderamente lo establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17.” Para Cristina los gobernantes deberían escuchar “lo que quiere la gente” y que haya una verdadera integración “respetuosa”, es decir, “que se nos respeten como somos, como originarios, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser”. “Tenemos esperanzas que nos escuchen, que haya cambios, mayor trabajo y que se cumplan para nuestros ancianos jubilación y pensión, tengo fe que nos vuelvan a escuchar”, concluía Cristina Choque. Medio ambienteEl pasado 17 de agosto, más de 30 organizaciones sociales presentaron a los candidatos una “Agenda Socioambiental para Santa Fe” en la que se incluye un breve diagnóstico y propuestas concretas sobre temas como participación, modelo productivo, ordenamiento territorial, biodiversidad, desarrollo local, energía, agua y áreas urbanas. La agenda exige mecanismos de participación pública y el acceso a la información, como derechos y pilares fundamentales de la democracia, con vista a la nueva gestión provincial de gobierno. En este sentido, dialogamos con Elba Stancich, integrante del Taller Ecologista de Rosario. “En todos los niveles, si bien hay avances desde los mismos organigramas de las estructuras de gobierno, el tema ambiental sigue siendo sectorial y no se percibe como un aspecto que es necesariamente transversal. Eso se vio claramente en Rosario en ocasión de debatirse el Código Urbano para el área central y primer anillo perimetral.” Entre las demandas pendientes que aun no han sido resueltas en el plano municipal meciona la problemática de los residuos y el transporte. “En en el tema residuos la porción que se recicla es menor a un 5%, una meta sumamente pobre, y tampoco se supo implementar la recolección diferenciada de residuos domésticos peligrosos.Da la sensación que la gestión socialista teme tomar medidas que pueden resultar antipáticas para cierta franja de la población, falta mayor osadía para resolver estos problemas.” En la perspectiva provincial, la integrante del Taller Ecologista hace una fuerte crítica al modelo agroexportador que se incentiva y que atenta con las políticas de conservación de suelos, protección de montes nativos y cursos de agua, utilización de agrotóxicos, fertilizantes minerales que impactan directamente en la salud de la población. “Hay tibios giros para promover la producción limpia en las industrias, pero todavía hay mucho por hacer en este sector.” “El cumplimiento de las políticas ambientales demandadas, se lograrán en la medida que aumente una masa crítica de la población exigiendo esas demandas, no esperamos que sean por voluntad propia y espontánea de quienes ganen las elecciones”, opina Stancih en referencia a las perspectivas futuras ante el nuevo gobierno. A nivel nacional, el eje esta puesto en la mineria y el conflicto de Gualeguaychu, “que empujó al Presidente Kirchner a volver a jerarquizar el área ambiental como una Secretaría de Estado (De La Rua la había desjerarquizado y situado dentro del Ministerio de Salud), y nombrar a una funcionaria con antecedentes en una ONG, en una clara maniobra para posicionarse frente al conflicto y neutralizarlo.” Pero en este sentido, Stancich remarca que “el discurso de que lo ambiental se constituiría en política de Estado, ya nadie lo cree: la minería sigue siendo arrasadora, la Ley de Bosques lleva más de un año de discusión, se relanza el Plan Nuclear de la dictadura, se sube el nivel del embalse de la represa de Yacyretá, se apoya la construcción de más represas como Corpus en el río Paraná y Garabí y Roncador en el río Uruguay. Son muestras más que suficientes que la política desarrollista de este Gobierno no es compatible con el cuidado del ambiente.” Derecho a la Comunicación Hace pocos días el Sindicato de Prensa Rosario impulsó una convocatoria abierta a todos los candidatos de gobierno para conocer su posición respecto del postergado proyecto de ley de acceso a la información pública. De la misma participaron numerosos funcionarios/as, legisladore/as, concejales y candidatos/as. Pero más numerosas aún fueron las organizaciones sociales de la provincia que adhirieron a la iniciativa y participaron de la presentación. Todos los candidatos consultados manifestaron su compromiso con el impulso de la ley. “La información no es propiedad de los periodistas, de los medios, ni de los funcionarios. Es un derecho humano. Por eso nuestro hincapié en que haya una ley”, remarcaba Alicia Salinas, integrante de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico en la presentación de la campaña “Queremos saber”, impulsada por el Sindicato. Consultado al respecto, Claudio De Luca espera la implementación de la Ordenanza N° 7249 / 2001 que reglamenta el acceso a la Información Pública. A nivel municipal y provincial reclama que “se establezcan criterios que conlleven a una equitativa asignacion de publicidad oficial en todos los medios, ya sea nacional, provincial, municipal o barrial. La sanción de una ley que haga posible el acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos.” De Luca sabe y reconoce que la lucha no es fácil. “Quién tenga la posibilidad de ser el próximo Gobernador/a no tendrá estos temas como prioritarios en su agenda. Habrá que seguir sumando voces y esfuerzo en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado.” En el marco nacional, también se observa la necesidad de la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública para que “no se retacee la información proveniente del estado, que las y los periodistas podamos acceder a los funcionarios para requerir respuestas a nuestras inquietudes”, expresa Claudio De Luca. Y el reclamo de todas las organizaciones y medios de comunicación independientes recala, sobretodo, en la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión. Esta es, para De Luca, otra de las grandes deudas de la democracia. Es necesario que esta ley “contemple las necesidades de toda la sociedad, como el derecho de las entidades intermedias a tener su propia frecuencia de radio o televisión.”. Trabajo sexual y Movimiento LGTB A.M.M.A.R en Rosario representa a las trabajadoras sexuales que luchan diariamente para defender sus derechos ante la violencia policial e institucional. Uno de los reclamos que actualmente estan llevando adelante tiene que ver con la derogación del Código de Faltas. Es precisamente lo que, desde la organización, repudian ante el gobierno provincial, que presentó un proyecto de reforma del Código en los artículos 83, 93 y 87. Lo que reclaman desde hace tiempo las trabajadores sexuales nucleadas en A.M.M.A.R es la derogación de este Código y no una modificación que continúa avalando el avasallamiento de la policia y penalizando y persiguiendo el trabajo sexual. En este sentido, Claudia Lucero en diálogo con enREDando nos decia: “nosotros queremos libertad de trabajo, que la policia no nos venga a coimear, sino que nos cuide. Nosotros fuimos en varias oportunidades a Santa Fe y les dijimos que no queremos reforma. Queremos derogación. Se sigue castigando el trabajo callejero y las chicas terminan trabajando puertas adentro y terminan siendo explotadas.” Lucero confía en la lucha de todas sus compañeras, no solo por la derogación del Código sino también por el esclarecimiento del asesinato de Sandra Cabrera que todavía sigue impune. Para Guillermo Lovagnini de la Asociación Vox, el nuevo proyecto de reforma del Código de Faltas es un disfraz progresista. “En el artículo 95 proponen la tranquilidad pública, que con eso se puede hacer cualquier cosa, reprimir cualquier cosa, por eso salimos a protestar.” Desde la Asociación entregaron una encuesta a todos los candidatos/as de gobierno, entre los cuales, muchos de ellos no respondieron. Solo obtuvieron respuesta del Frente Progresista Cívico y Social y La Nueva Izquierda. La encuesta tiene por objetivo conocer las opiniones de las candidatas y candidatos sobre diversas reivindicaciones que el movimiento LGBT viene planteando en diversos ámbitos del Gobierno Provincial y entre las preguntas se planteaba la derogación de los Códigos de Faltas, la promulgación de una Ley de Unión Estable de Parejas que otorgue en el ámbito de competencia provincial derechos similares a los del matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo, entre otras. Frente a estas grandes demandas y muchas otras más que desde diferentes campos sociales se vienen llevando adelante con esfuerzo, convicción, lucha y un trabajo permanente las próximas elecciones se presentan como una oportunidad más para demostrar qué es lo que están dispuestos a escuchar los próximos gobernantes. Para agendar hay mucho y para hacer, todavía más.