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ROSARIO
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martes, 31 de julio de 2012


Por Indymedia Rosario - Saturday, Jul. 28, 2012 at 1:18 AMrosario@indymedia.orgEn el largo listado de conflictos laborales en Rosario el caso de Cristian Tonarelli, referente gremial en la cadena de supermercados COTO, es emblemático. No sólo en su recorrido, que conllevópersecución dentro del ámbito laboral, elecciones gremiales fraudulentas, despido injustificado y la represión violenta de la protesta por parte de fuerzas oficiales y de seguridad privada de la empresa. Sino en la posibilidad de que el fallo que se desprende del juicio laboral iniciado en 2009 siente jurisprudencia, al reconocer al joven como referente de hecho de los trabajadores y considerar su despido como discriminatorio y ligado a su activismo sindical.
Persecución en COTO:...
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Yo te conozco...
Una de cal y una de arena
No obstante, la ley que se invoca para introducir la monetarización, no da esta opción. “El acto discriminatorio es de nulidad absoluta”, definió Gatti. Por este motivo, el fallo actualmente está parcialmente apelado.
Una gota en el desierto



Cristian Tonarelli ingresó a trabajar en la red de supermercados de COTO CICSA en noviembre de 2004. Durante su relación laboral, el personal reclamó derechos laborales básicos como jornada laboral de 8hs, pago de horas extras, cese de despidos, descanso dominical, entre muchas otras. Encabezados por la agrupación Resistencia Mercantil, a la que pertenecía Cristian, las demandas fueron el inicio de una prolongada persecución, probadas éstas en la causa llevada adelante en el Juzgado de 1ª Instancia de Distrito en lo Laboral de la 2ª Nominación de Rosario, a cargo de María Andrea Deco.
El día 23 de abril de 2006, Tonarelli es electo delegado de la Sucursal Nº 99 de COTO. Dos meses después, realizando una protesta frente a dicha sucursal, los mercantiles denunciaron presiones y amenazas de la empresa para que cesen con los reclamos, lo que fue coronado con 7 despidos.
Impedimento de ingreso al lugar de trabajo, seguimiento “cuerpo a cuerpo por personas puestas por la empleadora al punto de seguirlo hasta al sanitario de la sucursal”, golpizas y arresto dentro del mismo comedor de COTO fueron algunas de las acciones llevadas adelante por la patronal contra el gremialista y denunciadas ante la justicia.
Reelecto en su cargo como delegado, el joven fue por otro mandato en 2008. Pero el acto electoral tuvo ciertas irregularidades que llevaron a un pedido de impugnación del mismo frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. “Quince días antes del acto, por orden de la empleadora, varias personas de la ciudad de Buenos Aires que decían ser empleados de la patronal fueron trasladadas a la sucursal 99 de Rosario, modalidad de “traslados masivos” que nunca había existido hasta ese entonces, personas que se retiran (en su mayoría) de Rosario luego de realizado el fraudulento acto electoral”, denunció Tonarelli, declaraciones que retoma Deco en su fallo.
Justo un año después, cuando se vencía la protección que establece la Ley de Asociaciones Sindicales para quienes detentaron cargos gremiales, COTO despide al referente de Resistencia Mercantil. “Lo despiden sin justa causa, lo que se rechaza planteando que la verdadera causa del mismo era su activismo sindical. Nosotros consideramos que el despido era nulo por ser discriminatorio. Durante todo su mandato oficial fue un reconocido referente de sus compañeros, esto es el meollo de la cuestión”, apuntó Matilde Gatti, abogada de Tonarelli y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario y de la Asociación de Abogados Laboralistas. En ese momento se inicia el largo camino judicial, exigiendo la reinstalación por considerar el despido discriminatorio y por ende, nulo.

Cristian Tonarelli, encadenado en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Junio de 2009.
La resolución de primera instancia, resulta contundente en sus considerandos. Entre los argumentos de la jueza, la representación que Cristian ejercía “de hecho” ante sus compañeros es un dato significativo que se sale de los cánones de los fallos de la justicia laboral santafecina.
“En razón de todo lo hasta aquí analizado ha quedado acreditado que el actor fue perseguido y presionado durante toda la relación laboral; que los compañeros que se le acercaban sufrían amenazas de traslados o despidos; que le fue prohibido el ingreso a su trabajo desde la instalación de una carpa blanca (...) En suma, juzgando que el despido dispuesto por la demandada fue un acto discriminatorio el cual se encuentra prohibido por la Constitución Nacional art.16, y el art.1 de la Ley 23.592, considero que el mismo es nulo (art.1.044 C.Civil) debiendo ser el perjuicio reparado reponiendo las cosas al estado anterior al acto lesivo (art.1 Ley 23.592 y 1.083 CC) condenando a COTO a abonar los salarios caídos desde la fecha de la desvinculación hasta la efectiva reinstalación del actor a su puesto habitual de trabajo”, afirma la sentencia de Deco.
Para Gatti, el fallo “sienta un precedente importantísimo, porque son criterios a los que los jueces pueden adherir en casos similares. Creemos que es importante que se reconozca a un trabajador como activista, como representante de sus compañeros de hecho, más allá de su rol formal”.
La Ley 23.592, en su artículo 1º establece que todo acto que sea discriminatorio, es nulo y debe retornarse al estado anterior de que se ejecute el mismo. No obstante, a la hora del fallo propiamente dicho, la jueza dejó la puerta abierta para la monetarización del conflicto.
“Condeno a COTO CICSA a reinstalar a CRISTIAN SAMUEL TONARELLI a su puesto habitual de trabajo en el plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la presente y a pagarle los salarios caídos. En caso de incumplimiento de la demandada con la reinstalación ordenada, ésta quedará sustituída de pleno derecho por la obligación de abonar, una indemnización adicional equivalente a un año de remuneraciones (13 salarios) correspondientes al momento en que debió cumplirse la reinstalación, por el carácter discriminatorio del distracto, amén de las indemnizaciones correspondientes por despido incausado”, sentenció Decco.
Basándose en el fallo del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A., la jueza contempla la vía pecuniaria. “En el momento de esa resolución, la Corte –que tiene 7 miembros- tiene fallo dividido: cuatro reconocen que Álvarez y sus compañeros habían sido despedidos discriminatoriamente y mandan a reinstalarlo. Los otros tres jueces, adhieren en que el despido es discriminatorio y deben reinstalarlo, pero terminan dando una opción a la empleadora diciendo que si en 10 días no lo reinstalan tienen que reemplazar la reinstalación con una sanción pecuniaria. Terminan monetarizando el conflicto. Bueno, a ese criterio minoritario se adhiere el fallo de Cristian Tonarelli”, especificó la abogada de la APDH Rosario.
Los últimos datos que retoma el Observatorio del Derecho Social sobre cantidad de delegados y comisiones internas en los lugares de trabajo, data de 2008. Según ellos, en el 85,8% de las empresas no hay delegados. En este marco, la existencia de precedentes judiciales en el fuero laboral que tiendan a la preservación de derechos básicos de los trabajadores, no deja de ser importante.
“Es una de las primeras en este sentido. Lo más importante de la sentencia es que, además de la posibilidad de sentar jurisprudencia, la Jueza dice que atenta a la prueba ofrecida por todos los testimonios surge claramente de que él era un activista y representaba a sus compañeros, aun terminado su mandato. Y plantea que esa fue la causa de su despido, por lo que manda a reinstalarlo”, apuntó Gatti.
Actualmente en la sucursal en la que Tonarelli se desempeñaba, el activismo sindical sería casi nulo. Cristian es hoy un empleado no formal, que se esfuerza en desarrollar una carrera universitaria y sigue luchando por su reincorporación en COTO.
Sin lugar a dudas, el fallo tiene sabor a poco y la sentencia no es proporcional al peso de los considerandos, pero muestra una vez más que ante los embates de las empleadoras, es la perseverancia y la disputa colectiva las que pueden cimentar un camino que se erija en más justo para los que viven del trabajo propio.

lunes, 23 de julio de 2012

NORMA RIOS ES ACEPTADA COMO QUERELLANTE EN LA CAUSA FECED POR APDH ROSARIO

Lunes, 23 de julio de 2012
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Impulsan la investigación de los delitos económicos cometidos contra la Vigil.

"Es una deuda con nuestra democracia"

Lo dijo el fiscal federal Stara que ya emitió el dictamen correspondiente. También fueron aceptados como querellantes los ex directivos de ese proyecto cultural que fue desmantelado por la dictadura militar.

Por Lorena Panzerini
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Augusto Duri, ex titular de la Biblioteca Vigil, fue detenido y torturado.
Eran poco más de las dos de la madrugada del 10 de mayo de 1977, cuando Augusto Duri recién llegaba a su casa, después de vender bizcochos en Cañada de Gómez. Era el trabajo que había conseguido tras ser removido de la presidencia de la biblioteca Constancio C. Vigil, por el terrorismo de estado, que buscaba "normalizar" la institución mediante una intervención. Todavía estaba despierto cuando "gente de la Armada" irrumpió en su casa para llevárselo, al igual que en las de otros siete miembros de la comisión directiva. Casa por casa, todos fueron cargados en un camión para terminar en la Jefatura de Policía de Rosario, donde fueron detenidos y torturados, hasta la Navidad de ese año. Treinta y cinco años después, Augusto, su hija Celina ﷓que tenía 11 años cuando fue sometida a interrogatorio por Telmo Alcides Ibarra, integrante de la Patota de Feced, con un arma sobre su escritorio﷓, y los ex directivos Raúl y Antonia Frutos, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fueron aceptados como querellantes en la causa que investigará esos delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal también apuntará a investigar los delitos económicos, que no tienen antecedentes en la provincia, contra el patrimonio social y cultural de la Vigil. "Vamos a ver reactivada la biblioteca", se esperanzó Augusto, orgulloso.
Pocos días antes que comenzara la feria judicial, el juez Federal Nº 4, Marcelo Bailaque, resolvió tener por parte querellante a los ex directivos de la biblioteca, en la causa Feced. También resolvió aceptar la participación de la APDH, para impulsar la investigación de los hechos que tuvieron como víctimas a los ex directivos y a la hija de uno de ellos.
En tanto, la semana que viene el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, impulsará el dictamen para iniciar formalmente la investigación de los delitos económicos cometidos en la ex Biblioteca Popular, que revisten la categoría de delitos de lesa humanidad por su conexión con los hechos de los que fueran víctimas los directivos de la mutual, sobrevivientes del Servicio de Informaciones, enmarcados todos ellos en el plan sistemático de represión ilegal desplegado durante el terrorismo de estado, que incluyó numerosos delitos contra la propiedad que aún no fueron investigados.
La Vigil llegó a constituir su Editorial Biblioteca en el mayor proyecto editorial que funcionó en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado en el interior de Argentina. La última dictadura que asoló al país, la intervino el 25 de febrero de 1977. En ese entonces, se desarticuló la organización institucional, se persiguió y secuestró a sus dirigentes, se liquidó el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas, fueron cesanteados docentes, empleados y obreros, se interrumpieron prestaciones esenciales (guardería, servicio materno﷓infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para la APDH y las víctimas constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos".
En diálogo con Rosario/12, el fiscal Stara señaló: "Solicité al juez Bailque que indague a los miembros de la denominada patota de Feced por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados cometidos en perjuicio de los ex directivos de Vigil en el ámbito del ex servicio de informaciones, y se encuentra pendiente de resolución". Al mismo tiempo, y en relación a los delitos económicos, indicó: "Propusimos la realización de una pericia contable. La investigación de los hechos que desmantelaran la experiencia de la Biblioteca Popular Constancio Vigil es una deuda de nuestra democracia. Desde la fiscalía investigaremos las responsabilidades que le cupieron a quienes llevaron adelante el desguace de la tan reconocida mutual, emblema de nuestra ciudad".
Según consta en la presentación de octubre pasado ante el fiscal Stara, el 25 de febrero de 1977, una "comisión normalizadora", apoyada por las fuerzas armadas de la policía, ingresó a la sede de la Biblioteca Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva.
Tras ser aceptados como parte querellante, la APDH que dirige Norma Ríos en Rosario manifestó su satisfacción. "Como acompañantes de las víctima, nos parece importante que se sepa qué pasó con el patrimonio de la Vigil, luego que los represores se hicieron cargo de los destinos de la biblioteca", señaló Eliana Masegosa, abogada del organismo de Derechos Humanos. En ese sentido, aseguró que el de la dictadura fue "un plan sistemático": "Primero secuestraron a los directivos, después despojaron a la Vigil de todos sus bienes, para luego continuar con la persecución de alumnos, directivos y la quema de libros. No es casualidad lo que planteamos, y eso es lo que queremos demostrar como organismo ante la Justicia".
La APDH se presentó como querellante por ser un organismo de Derechos Humanos habilitado por el artículo 83, con la nueva modificación del Código Procesal Penal de la Nación. En ese sentido, las abogadas de la organización comenzarán con un trabajo de recolección de pruebas para "que haya una labor conjunta con el fiscal y que la ciudad pueda entender qué había en ese lugar de Alem y Gaboto"

martes, 17 de julio de 2012

Repudio a los daños ocurridos en APDH La Matanza

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia la violación y daños ocurridos en la sede APDH La Matanza el pasado domingo 15 de julio en horas de la tarde.
Sin duda alguna la acción, hasta ahora impune, tiene relación con el firme compromiso y denuncias de la hermana organización de APDH La Matanza en diversos casos donde la policía provincial esta implicada como lo es la desaparición de Luciano Arruga.
Reclamamos a las autoridades provinciales hacer la debida investigación y castigo a los responsables de tan lamentable suceso que se suma a otros donde la policía de la Provincia de Buenos Aires deja ver su violento uso del poder.

Buenos Aires, 16 de julio de 2012
Mesa Directiva de la APDH

sábado, 14 de julio de 2012

LIBERTAD YA A LOS PRESOS POLITICOS DE LA PUEBLADA DE CORRAL DE BUSTOS
El 4 de diciembre de 2006 en la localidad de Corral de Bustos (Córdoba) se produjo una pueblada en contra de la Justicia Provincial de la localidad.
Corral de Bustos es una pequeña ciudad de 12 mil habitantes en la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con Santa Fe. Ubicada sobre una de las rutas de  entrada a la provincia, es uno de los tantos lugares donde las mafias del narcotráfico, la trata de blancas y otras están enquistadas en el poder político y judicial.
El hartazgo ante el encubrimiento y la impunidad de varios crímenes y asesinatos (18) cometidos en la zona – que en función del encubrimiento a las mafias la justicia nunca resolvió-  estallaron en bronca popular cuando la pequeña Ariana Sabache fue violada y asesinada en su propio ámbito familiar.
Unos 2000 vecinos del pueblo se concentraron ante el Juzgado para expresar su repudio, ante la negativa del fiscal de salir a dialogar con los manifestantes se rompieron los vidrios del Juzgado. Pero la pueblada estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a los manifestantes. 
Si bien la pueblada podría haber sido leída por el poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel,  la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión y la judicialización de la protesta. En pocos días comenzó en el pequeño pueblo una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado más de 40 detenidos, que fueron encarcelados en el complejo penitenciario de Villa María (ciudad ubicada a unos 180 km de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una sensación de temor permanente hacia los  manifestantes que el día de la pueblada estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría nuevas órdenes de captura.
Luego de un intrincado recorrido judicial de la causa, viciada por innumerables irregularidades, el caso se llevó a juicio en septiembre de 2011.
El resultado del mismo tiene para la justicia de Córdoba, juez y parte en este caso, un claro sentido "ejemplificador".

Los compañeros fueron condenados a diversas penas. Ellos son:
 Víctor Barbero (abogado)  y Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006.
Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio".
 Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva. Estos compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba.
 Además, seis de ellos fueron condenados a penas de cumplimiento condicional:
 Karina Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
 Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio César Suárez(empleado de comercio) fueron encontrados coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.
 Mientras, Hugo Daniel Dobba (jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces.
Llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, colectivos, agrupaciones, personalidades, etc, a ser parte de la campaña de solidaridad y por la libertad inmediata de los presos políticos de Corral de Bustos.
El día 28/07 realizaremos en Corral de Bustos una actividad de difusión y solidaridad con todos los compañeros condenados, para exigir su libertad inmediata.
LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
Primeras firmas:
 APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario
Coordinadora Contra La Ley Antiterrorista (Córdoba)
Coordinadora Anticarcelaria,
Central de Trabajadores Argentinos (CTA- Cordoba) 
CADH - Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario,
Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario.
Colectivo de Formación de la Clase Trabajadora de Rosario
Partido Revolucionario Guevarista (PRG),  
Taller Permanente de la Mujer del Cordón Industrial
Blog Viento en Contra  
Biblioteca Popular Natalio Sviser 
Agrupación Telefónicos 23 de Diciembre
Partido Obrero Revolucionario ( POR )
Partido Obrero - Rosario
Alcira Argumedo, diputada Nacional por Proyecto Sur
APDH – Delegación Mar Del Plata – Juan Carlos Wlasic, secretario de educación
Colectivo expresos Políticos y Sobrevivientes- Rosario, Luis Megías, presidente
Inés Izaguirre, socióloga, Vice Presidenta APDH Nacional
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario, Elida Luna, presidenta
Laura Figueroa, abogada querellantes juicios de lesa humanidad, Tucumán 
Marisa Gabriela Armida, docente universitaria de Rosario
Herman Schiller, conductor del programa “Leña al Fuego”, Buenos Aires
Claudia Abraham, docente, secretaria de prensa suplemente de AMSAFE Rosario
Gremial de Abogados, Dra. Gabriela Cónder, Dra. Marina Schifrin
APDH Filial San Rafael, Silvana Yomaha  (secretaria coordinadora), Patricia Galván ( vicepresidenta), Richard Ermili (presidente)
Frente Popular Darío Santillán Regional Rosario
Equipo Educación Popular Pañuelos en Rebeldía,  Adriana Delfa
Mario Zuvialde, Miembro de Asamblea de S. Ortiz y Córdoba, CABA
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD
Alberto Guilis, coordinador carrera “Capitalismo y DDHH”, Univ. Popular Madres de Plaza de Mayo y Raquel Angel, docente carrera “Capitalismo y DDHH”
Santiago Bauer, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, miembro del MEDH
Gabriel Alejandro Robert
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Centro de Profesionales por los DDHH de Rosario - CeProdh
Cátedra del agua, Dr. Aníbal Facendini
LADH Filial Rosario, Dra. Leticia Faccendini
Dr. Miguel Angel de Boer, médico psiquiatra, escritor, poeta – Comodoro Rivadavia, Chubut
Socialismo Libertario Rosario
Socialismo Libertario Córdoba
Socialismo Libertario Buenos Aires
Convergencia Socialista, Santa Fe
Raúl Jauzat, “Programa Desde el Sur”
Marta Diana, escritora, autora del libro Biografía de Santucho TODO o NADA
ZAINUCO, Neuquén
Hilda Presman, Red de Derechos Humanos de Corrientes
VACAP Villa María en la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos
Asociación Civil La Cantora
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Regional Rosario
Colectivo Agencia Walsh
Estudiantes de Sociología del Centro Universitario Devoto
Rodolfo Rodriguez - CUD
Oscar Castelnovo - AgruPasión Para La Libertad
M.a.iz. (Movimiento Amplio de Izquierda)
Casa de la Memoria - Rosario
Dr. Fernando Armas, Secretario Asuntos Institucionales SIPRUS
Comisión Gremial de la Toma - Rosario
Daniel Berretoni- Programa Radial CONTRA LAS PARED
 
seguimos.......

martes, 10 de julio de 2012

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos


Comunicado de prensa
APDH intervendrá en el  primer Juicio de Lesa Humanidad en Jujuy

El jueves 12 de julio ante el Tribunal Oral de San Salvador de Jujuy se presentarán los Dres. Ernesto Moreau y Antenor Ferreyra, ambos abogados de la APDH, patrocinando a varias familias, entre ellas la del reconocido médico Luis Arédez.
El Dr. Arédez fue destituido de la intendencia de Libertador General San Martín por la dictadura, sometido a torturas y luego detenido-desaparecido por denunciar y enfrentar al Ingenio Ledesma cuyos directivos, entre ellos el empresario Pedro Blaquier, están imputados por dar listas de personas y vehículos con los que se materializaban sus desapariciones forzadas.
El proceso reúne cinco expedientes, entre ellos a las víctimas del Ingenio Ledesma, de la Mina El Aguilar y del pueblo de Tumbaya. Estos casos emblemáticos han desnudado el poder que tenían los empresarios locales sobre las fuerzas armadas y –especialmente- la forma en que aquellos mantuvieron y acrecentaron control social y su fortuna durante tres décadas.
El juicio oral se desarrollará en el Juzgado Federal Electoral. El veredicto se espera para el 27 de julio, 36° aniversario de la denominada “Noche del Apagón”.

Buenos Aires, 9 de julio de 2012

miércoles, 4 de julio de 2012

A.P.D.H ROSARIO QUERELLANTE EN LA CAUSA FECED.

PÁRRAFOS DE LA QUERELLA DE APDH ROSARIO EN CAUSA FECED SOBRE GENOCIDIO CULTURAL EN LA BIBLIOTECA VIGIL

de Apdh Rosario, el Viernes, 29 de junio de 2012 a la(s) 20:09 ·

                                    La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH), Asociación Civil con estatus consultivo especial ante el ECOSOC de la ONU, Organización acreditada en el  Registro de OSC de la OEA, ..... representada en este acto por la Presidenta de la Delegación Rosario y Miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional, Sra. NORMA ELBA RÍOS, .. …..con el patrocinio letrado de las Dras. MATILDE GATTI MF T 400 F 402 ,  ELIANA MASEGOSA MF T 403 F 403 y  MARIA DEL CARMEN MARTINEZ (JT 401 F 896),  dentro de la causa caratulada “FECED AGUSTÍN Y OTROS S/ HOMICILIO, VIOLACIÓN Y TORTURAS” (Expte. Nº 130/04)” ante V.S.  se presenta y dice:

                             I.- LEGITIMACIÓN ACTIVA
                                  La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se encuentra legitimada para constituirse en parte querellante, conforme lo normado por el art. 82 bis del CPPenal de la Nación.-
                                   Esto así por cuanto la APDH es una asociación registrada conforme a la ley cuyo objeto se vincula directamente con la defensa de los derechos humanos que se consideran lesionados en esta causa.- En efecto, el art. 2º de sus Estatutos dispone: “ Son sus propósitos promover la vigencia de los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional. Es una entidad de bien público y sin fines de lucro”.-
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                                La querella se dirige contra todos los responsables, tanto en su calidad de autores, instigadores y cómplices de los delitos mencionados, así como de los delitos conexos que existieren y pudieran surgir de la investigación.-
                                         A LA LUZ DE LA INVESTIGACIÓN, quedará claro que los delitos perpetrados con respecto a cada uno de los miembros que fueron secuestrados ilegalmente, vejados y torturados, se ejecutaron a  fin de facilitar el saqueo de la entidad encubierto por un juicio fraudulento de liquidación y de llevar a cabo un verdadero genocidio cultural contra la comunidad que conformaba la Biblioteca Vigil como así todo el sector de la población de Rosario directamente beneficiado por esta Institución y la ciudad toda a quien iba dirigida en definitiva esa obra cultural.-
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 La querella tiene por objeto asimismo, se condene a todos quienes dentro del marco del delito de genocidio, han cometido un verdadero GENOCIDIO CULTURAL, conforme se  analiza seguidamente:
                                  La dictadura militar que operó entre 1976 y 1983 no sólo produjo la desaparición masiva de personas, secuestros, encarcelamientos, torturas y vejaciones de toda índole, sino que implementó un proyecto racional, sistemático, con objetivos definidos, claramente enunciado, centralizado y llevado a la práctica en diversas áreas a lo largo de varios años.-
                                  Juntamente con la desaparición de personas, se proyectó la desaparición  sistemática de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones y su reemplazo autoritario por los propios del poder como instrumento de sometimiento de la población.-
                                    Para el cumplimiento de sus objetivos se diseñó una estructura de control cultural y educativo, compuesta por planteles de educadores, abogados, intelectuales y académicos que llevaron a cabo sus tareas de acuerdo a la planificación organizada que contenía instrucciones a la que debían ajustarse de manera precisa.-
                                     En ese contexto es posible hablar de “genocidio cultural” entendiendo por tal los actos cometidos con la intención de impedir a los miembros de un grupo utilizar su idioma, practicar su religión o realizar las actividades culturales propias del grupo. Este concepto, sin embargo, no está incluído en la definición de genocidio utilizada en el Estatuto de Roma” (Amnistía Internacional- Documento Corte Penal Internacional: folleto 3: Enjuiciamientos por el crimen de genocidio). Para ser tal, el genocidio cultural debe contener alguno de los actos prohibidos o cometerse con la intención requerida en la tipificación de genocidio contenida en el art. II de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.-
                                  Habiéndose determinado ya en nuestra jurisprudencia (casos Etchekolatz – Von Wernick) que los delitos cometidos durante la dictadura militar se enmarcan dentro del delito de genocidio, y atento la destrucción sistematizada en el plano cultural entendemos que todos los delitos cometidos en relación a la Biblioteca Constancio Vigil constituyen un verdadero genocidio cultural.-             
                                  “La represión a la cultura es así, una forma radical de represión política, que produce a la vez, un daño colectivo y un daño en la subjetividad de cada individuo, privándolo del acceso a los bienes a los que tiene un derecho inapelable” (Un golpe a los libros, Invernizzi-Gociol- Eudeba, pág. 23).-
                               Si se hace hincapié en las peculiaridades que los perpetradores asignaban a las víctimas, en general militantes de pensamiento crítico, autónomo, en definitiva opositor a la oscurantista impronta ideológica dictatorial, es indudable que se trataba de un ‘grupo‘ percibido como amenaza de supuestos ‘valores‘, ‘occidentales y cristianos‘, que cesaría como tal únicamente a partir de la eliminación de estos agregados particularmente dinámicos (Feierstein: ‘El genocidio como práctica social‘, Editorial Fondo de Cultura Económica‘, Buenos Aires, 2008, p. 51 y 58).-
                            Vale decir que, en lo que concierne a la identidad, es la pertenencia a algo común, apreciada por los agresores, lo que construye a los enemigos y las víctimas ‘Un terrorista no es solo el portador de una bomba o una pistola, sino también quién difunde ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental‘ (Jorge Rafael Videla a The Times 4-01-1978).
                             En especial relación a la destrucción del patrimonio cultural que implicó el desmantelamiento de la Biblioteca Vigil, con la quema de libros y persecución de sus directivos, alumnos, maestros y personal no docente, resulta apropiado mencionar que existió un plan sistemático de destrucción –genocidio- de quienes formaban parte de la Vigil. Muchos están socios y empleados están desaparecidos, otros sufrieron la ilegal detención (Ej. Detenidos de Vigil)
                          Más concretamente, con la llamada “intervención”,  salvo el Instituto Secundario, el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria , se cierran todos los servicios y departamentos, incluyendo los cursos de Capacitación Popular.
* Son declarados prescindibles la casi totalidad de los docentes, sin causa y sin      indemnización.-
* Son despedidos los empleados con una indemnización al 20 %.-
* Los custodios practican tiro al blanco con los animales embalsamados del Museo.-
* Se destruyen colecciones de diapositivas y material para ediciones de atlas.-
* Desaparecen elementos de alta tecnología del Observatorio Astronómico.-
* Desaparecen  muchas instalaciones  de los inmuebles, (sanitarios), muebles, útiles y material didáctico.-
* Desaparecen, por robo o quema  80.000 libros.-
* Se liquidan a precio vil, diversos inmuebles como las Delegaciones y las instalaciones de calle Gálvez, entre Alem y Ayacucho, donde funcionaban los talleres de Herrería y Automotores.-

                           El plan sistemático pergeñado por la dictadura se evidencia desde la misma organización en cuanto a la política cultural. Es así que el “Informe Especial Nº 10propone que la política cultural sea elaborada “conjuntamente  por los Ministerios de Planeamiento y Cultura y Educación”. Y que, una vez aprobada la estrategia, se ponga en funcionamiento “una estructura en la que dos Ministerios, coordinados horizontalmente entre sí, conduzcan uno, el de Cultura y Educación, todo el proceso cultural de la Nación y el otro, el de Interior, todo lo referido a los MCS (Medios de Comunicación Social)….desde su orientación creativa, hasta la sanción restrictiva” (Un golpe a los libros, Invernizi- Gociol, Edit. Eudeba, 227, pá.42).-
                         Es decir, dos grandes ministerios para abordar la “batalla cultural”, que incluyó todo lo relativo a educación y cultura, con control absoluto asimismo de las publicaciones y de los medios de comunicación en general.-
                          En su libro “GENOCIDIO EN ARGENTINA”, la autora Mirta Mántaras sostiene: “….La Directiva 504/77 …de la Junta Militar….decía con una proyección para el año 1978: 1)- Situación Nacional 1978: Básicamente la Estrategia Nacional Contrasubversiva (ENC) vigente debe actuar sobre las bases filosóficas-ideológicas de la subversión, sobre las causas que esgrime y explota el oponente (frustraciones-contradicciones) y sobre los efectos traducidos en sus acciones armadas y de insurrección de masas; …La Batalla Cultural: En la Directiva 504, se abordó la imposición de la ideología del grupo gobernante como una operación militar. En lugar de reglamentos, armaron una completa bibliografía e instrucciones destinada a los coloquios de los maestros con los alumnos. Los genocidas querían “poner en las mentes” de la población su ideología primitiva: una sociedad jerarquizada donde cada quien controlaba al otro para que no se altere la paz para hacer negocios. . …..En los Anexos de la Directiva 504 se despliega la extensión represiva en los distintos ámbitos de la sociedad. El ámbito educacional: Dice el anexo 4 de la Directiva en sus partes significativas: El accionar subversivo en este ámbito se lleva a cabo fundamentalmente a través de: Personal directivo, docentes y no docentes, ideológicamente captados, que a través de decisiones, cátedras o charlas informales, difunden ideologías subversivas. Organizaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario que realizan actividades de captación e intimidación en estrecha vinculación con las Organizaciones Político Militares. ……. A partir del 24 de marzo de 76’, si bien se intentó erradicar la subversión en este ámbito, no se logró alcanzar resultados significativos, fundamentalmente por las características quedantistas del personal intermedio del mismo, reacio a los cambios y poco dispuestos a asumir tareas o responsabilidades acordes con las exigencias de la LCS. El gobierno nacional tiene como objetivo poner en ejecución, a partir del corriente año, un programa de medidas tendientes a vertebrar un sistema educativo coherente y con fines definidos. El mismo será desarrollado por planteles idóneos y estables, identificados con los valores nacionales y conscientes de la responsabilidad que a cada uno compete. Simultáneamente se eliminará a los elementos perturbadores enrolados en la subversión. Las autoridades educativas, culturales y de ciencia y tecnología deberán informar las novedades sobre la detección de agentes o presuntas actividades subversivas a que diera origen el personal a sus ordenes, a las autoridades militares de su jurisdicción. ….. .  También consideró el tándem cívico-militar la literatura infantil en un folleto distribuido por el Ministerio de Educación en 1977 titulado: Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, donde señala que el enemigo despliega una notoria ofensiva en el área de la literatura infantil …”. Para el control del cumplimiento de la Directiva por parte de los maestros y profesores se instaló en el Ministerio de educación un grupo de tareas que operaba en la oficina de “Recursos Humanos”. Concluyen señalando que esperan una activa participación en actos cívicos militares y que sus cuadros militares den conferencias sobre la historia, misión, etc. De las fuerzas armadas, educación física y deportes a los estudiantes. Esta parte de la directiva 504 dirigida a la depuración ideológica en el ámbito cultural, artístico y educativo tuvo como resultado del espionaje la confección de listas negras para eliminar opositores. Alrededor de 8.000 maestros quedaron cesantes. Miles de artistas, profesores, escritores y periodistas fueron al exilio forzoso. Otros fueron muertos y desaparecidos. La CONADEP, a principios de 1984, registró el siguiente porcentaje que muestra que los estudiantes desaparecidos llegaron al 21%, solo superado por los trabajadores desaparecidos, que llegó al 33%, aunque al momento del juicio a las juntas se comprobó que eran casi un 50%...” (Genocidio en Argentina, Mirta Mántaras, 1ra. Edición Septiembre de 2005, pag. 223 a 236).-       
                                               Para poder tener una cabal comprensión del ataque a la cultura y la educación que fue la intervención y saqueo de Vigil citamos también a una publicación del Ministerio de Educación,  Presidencia de la Nación, “Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina que dice: “….El proyecto de disciplinamiento y reorganización de la sociedad durante la dictadura no se limitó a la persecución, la represión y la desaparición de los cuerpos sino que, como necesaria contracara del Estado terrorista, se produjo la censura y la persecución de escritores, artistas, poetas, educadores, periodistas, intelectuales. Es decir, el accionar represivo abarcó también a la desaparición de bienes culturales y simbólicos. La cultura era considerada por los militares como un campo de batalla. Así lo expresó el represor Ramón Campos en la revista La Semana: “La lucha que se llevó a cabo contra la subversión en Argentina, no termina solamente en el campo militar. Esta lucha tiene varios campos y tiene conquistar al hombre. Es decir, todos los sectores de la población deben apoyar esa conquista del hombre, su mente, su corazón”. Diversas investigaciones han dado cuenta de que la dictadura tuvo una política cultural de alcance nacional: una verdadera estrategia de control, censura, represión y producción cultural, educativa y comunicacional, cuidadosamente planificada.    “De un lado estaban los campos de concentración, las prisiones y los grupos de tareas. Del otro, una compleja infraestructura de control cultural y educativo, lo cual implicaba equipos de censura, análisis de inteligencia, abogados, intelectuales y academicos, planes editoriales, decretos, dictámenes, presupuestos, oficina. Dos infraestructuras complementarias e inseparables desde su misma concepción” (op.cit. Hernán Invemizzi y Judith Gociol. Un Golpe a los Libros. Represión a la cultura durante la ultima dictadura militar, BUENOS AIRES, EUDEBA 2002).- La censura y el control cultural estaban claramente centralizados en el Ministerio del Interior, que fue el gran controlador de este tema en Argentina. Allí funcionaba la Dirección General de Publicaciones (DGP), organismo que disponía del poder de policía, para controlar el cumplimiento a través de la Policía Federal pudiendo en caso de ser necesario, solicitar la colaboración de la  FFAA en todo el territorio nacional. Con ese mismo organismo también interactuaba la SIDE, los Estados Mayores de las Tres Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las dependencias propias del Ministerio del Interior, además de mantener un contacto permanente con el Ministerio de Educación (…) Algunos ejemplos tal vez permitan dimensionar el accionar represivo en el campo de la cultura: - la quema de libros en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Se trataba de bibliografía que había sido robada de librerías, bibliotecas y colecciones particulares en abril de 1976; -Los 80 mil libros de la Biblioteca Constancio Vigil que en febrero de 1977 fueron incinerados por la policía de la provincia de Santa Fe; -Las veinticuatro toneladas del CEAL (Centro Editor de América Latina) que en junio de 1980 fueron prendidas fuego en un baldío en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. ; -Muchas personas , por miedo, realizaron quemas   domésticas y destruyeron en forma íntima y privada libros, películas, discos y revistas (…) El accionar en el campo de la cultura y la educación se evidenció también en la denominada Operación Claridad. En 1979, bajo ese nombre se realizaron acciones de espionaje, investigación y persecución sobre personas vinculadas a la cultura y la educación. Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Sergio Renan Pacho O’ Donnel, Horacio Guaraní, Nacha Guevara, Aida Bortnik, Roberto Tito Cossa, Agustín Cuzzani, Eduardo Pavlovsky, Horacio Saguinetti, César Isella, Roque Narvaja y Lito Nebbia, entre otros fueron algunas de las víctimas de esta operación que consideraba que reunían “antecedentes ideológicos desfavorables”. Cabe agregar que en las listas de la denominada operación claridad apareen treinta y nueve estudiantes y docentes que aún hoy están desaparecidosn (Ver Oscar Cardozo, Sergio Ciancaglini y Maríua Seoane. Los archivos de la represión cultural Clarín Segunda Sección.
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                                                  La obra de la Biblioteca Vigil ha sido y pretende seguir siendo señera en el campo de la educación popular en todos sus aspectos, procurando el desarrollo integral de los sectores más desamparados de la sociedad y contribuyendo a la complementación de la cultura de los sectores medios, allí donde el Estado está ausente, así como el desarrollo del espíritu crítico, con la democratización de la enseñanza.-
                                                   La Biblioteca Vigil fue un verdadero hito para su época y  su despojo se enmarca dentro del plan de exterminio pergeñado por la dictadura civico-militar de 1976/1983 destinado a imponer una política económica que beneficiara a la clase dominante, eliminando para ello toda oposición o vestigio de la misma, así como todo espacio democrático y de libertad tanto en lo cultural como en cualquier otro campo.- 
                                                   Esa gran obra fue intervenida y saqueada por la dictadura cívico-militar quien desde el momento mismo de su intrusión se dedicó a liquidar  los bienes, quemar libros, y en definitiva  llevar a cabo la destrucción total de la Biblioteca, produciéndose un verdadero despojo a quienes eran los verdaderos dueños: los afiliados a la institución y la gran cantidad de ciudadanos que  se vieron beneficiados con el aporte cultural que ella significó.- Despojo que subsiste hasta la actualidad
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                                              El 25 de febrero de 1977, se concreta sin aviso previo alguno, la llamada “Intervención Normalizadora”  de la Biblioteca Vigil .- A las diez de la mañana de ese día, encontrándose en plena actividad la institución, con los alumnos en clases, personal policial a cuyo mando se encontraba AGUSTÍN FECED ingresa al edificio central, exhibiendo armas largas.- Juntamente lo hacen, entre otros, TELMO IBARRA, el Contador EMILIO CANCELIERI, el Capitán de Corbeta CÉSAR ESTEBAN MOLINA que fue designado interventor, el abogado MALDONADO PUIG, que durante la democracia fue Procurador General de la Provincia durante el gobierno de Vernet. -
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                                                    El Ministro de Educación Sutter Schneider, sostuvo en la ceremonia que “el    proyecto de la Vigil, había sido confundido por ideas opuestas a nuestro ser nacional”.-   Sin embargo, no tuvo tapujos en distribuir los libros de la Editorial Biblioteca, a las escuelas públicas de Santa Fe, como un aporte del Ministerio de Educación.-
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Se atribuye responsabilidad penal por los hechos descriptos a José Rubén LOFIEGO, Mario Alfredo MARCOTE, José Carlos Antonio SCORTECHINI, Ramón Rito VERGARA, Lucio Cèsar NAST, Carlos Ulpiano ALTAMIRANO, Julio Héctor FERMOSELLE, Ramón Telmo Alcides IBARRA, Ovidio Marcelo OLAZAGOITÍA, Diego Portillo, Pedro TRAVAGLIANTE, Ernesto VALLEJO, Eduardo DUGOUR, Carlos Norberto MOORE, Felipe José Orefice, Carlos SFULCINI, GUZMÁN ALFARO, Ricardo CORRALES y a todos los individuos que tuvieron intervención al producirse los secuestros de los ocho directivos de la entidad, como así también a todos aquellos que cumplían funciones en el centro clandestino de detención mencionado, ya sea que se trate de personal militar, policial, civil y/o eclesiástico  y con absoluta prescindencia de sus diferentes jerarquías, sin perjuicio de ampliar y/o modificar imputados y calificaciones de acuerdo a las probanzas de autos, que esta parte se reserva.-
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                                                   Esos delitos son: 1) delitos económicos que habrá que determinar y 2) un plan de exterminio de la cultura popular que se deben encuadrar dentro del genocidio , habiéndose utilizado como parte de este plan , el secuestro , desaparición y tortura de quienes ostentaban los cargos directivos de la entidad a esa fecha 1977 y que seguramente eran una amenaza para los autores de este complejo hecho.- Ellos son: Todos los mencionados en el ítem A y los que se nombran a continuación: Capitán de Corbeta Esteban César MOLINA., a cargo de la “Comisión Normalizadora”, los asesores legales de la intervención,  Dres Mario Julio PIN y Emilio ECHEN,  el asesor contable, el C.P.N. Emilio CANCELLIERI, el Coronel ® Sócrates Orlando ALVARADO, interventor liquidador, el Psicólogo Raúl PANGIA, nombrado Vicerrector de la Escuela Secundaria, la Directora de la Escuela Primaria, Psic. Marta Susana BLANCO, la Vicedirectora de la Escuela Primaria, Etelvina GIACAGLIA,  el Ministro de Educación de la Dictadura,  y todos aquellos que tomaron por asalto la Institución y que colaboraron en su saqueo, ya se trate de los autores materiales o ideológicos, a quienes acusamos de Abuso de poder (248 CP), allanamiento ilegal de domicilio (181 inc. 1 CP), robo calificado (166 inc. 2 y 164 CP),extorsión (168y sig), estafas y otras defraudaciones (art.172 y sig) abuso de autoridad (248 CP), usurpación (art. 181 CP) , asociación ilícita agravada (210 y ss CP) y demás delitos que surjan de la investigación pertinente, todos delitos de lesa humanidad dentro del marco del genocidio.-

COMENZO EN ROSARIO EL 3º JUICIO A GENOCIDAS.

El Juicio  consiste en tres causas:

“Muñoz, Jorge, Bossié, Antonio Federico y Saint Amant, Manuel F. s/ Homicidio (art. 79. C.P.) calificado por el art. 80 inc 6 en concurso real”, Caso de “la Masacre de la calle JBJusto” ocurrido en Noviembre de 1976.

“Saint Amant Manuel Fernando s/ Privación ilegal de la libertad, torturas y desapari-ción forzada de personas”, Caso de Militantes de la JP-Montoneros Desaparecidos en los Barrios Trípoli, Don Bosco y Santa Rosa, entre Abril y Mayo de 1977

“SAINT AMANT, Manuel Fernando s/ Privación ilegal de la libertad agravada”,Caso del Locatario de la Casa y Taller de Talabartería. Vivían el matrimonio Almada-Spotti y sus hijos Víctor y Martín. Abril de 1977.

(Informe de las Causas del Primer Juicio Oral de San Nicolás Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás 21 de Marzo de 2012.)


A.P.D.H  Rosario estuvo presente en la primer jornada de juicio, nuevamente en Tribunales Federales, para seguir trabajando, en todas las distintas causas,  enfrentando a todos los imputados, en todos los juicios por Crimenes de Lesa Humanidad desde nuestro lugar para exigir carcel comun, perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus complices civiles.


domingo, 1 de julio de 2012

herMAN@S
de
DESAPARECIDOS
Por la verdad
y la justicia
 
ANTE LOS “BENEFICIOS” CONCEDIDOS A LOS REPRESORES
 
La larga y persistente lucha por condenar a los autores del terrorismo de estado, así como, el firme propósito por construir un país sin impunidad, sostenida por los movimientos y organizaciones sociales, junto con los organismos de DDHH, se ven severamente amenazados por el ligero proceder y la falta de responsabilidad de algunos miembros del Poder Judicial. Dicha amenaza se demuestra en los “beneficios” concedidos a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, condenados a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar -como son los casos de Juan Miguel Wolk, jefe del CCDTyE Pozo de Bansfield o de Raúl Aníbal Rebaneyra, responsable de los crímenes en la U9 de La Plata-; o en otros casos, como son: el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo de la policía Alejandro Acosta, ambos condenados a prisión perpetua, perpetradores de la masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; o el ex policía Darío Poblete, también condenado a reclusión perpetua por el cobarde y vil crimen del maestro neuquino Carlos Fuentealba, en abril de 2007.
 
No podemos permitir que estos criminales caminen libremente por nuestras calles, amparados por jueces que, a pesar de las condenas que pesan sobre estos sujetos, les concedan permisos de salidas “terapéuticas”, traslados a cárceles con regímenes abiertos, los llevan de paseo, no controlan los arrestos domiciliarios para facilitarles las fugas, o peor aún, les concedan dichos arrestos, como si se tratara de un premio a las aberraciones cometidas por estos depredadores.
 
Por lo antes expuesto, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, reclamamos enérgicamente al Poder Judicial de la Nación y al Poder Judicial provincial para que hagan cumplir a los jueces la ley de Ejecución Penal y no permitan que se lleven a cabo estas irregularidades.
 
No Olvidamos
No Perdonamos
No nos Reconciliamos
¡Aparición con vida de Jorge Julio Lopez!
¡Esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo!
Cárcel perpetua común y efectiva a los represores
No a judicialización y a la criminalización de la protesta social
30.000 compañeros detenidos desaparecidos
¡PRESENTES!
Herman@s de Desaparecidos Por la verdad y la justicia
21/06/2012