“Una amiga de genocidas no puede juzgarlos”
Piden apartar a la jueza Cosidoy de una causa de lesa humanidad
28/11/2012 Organismos de derechos humanos de Rosario y el Cordón Industrial exigieron que la Jueza Laura Cosidoy “no integre el tribunal” que juzgará represores del Cordón Industrial. “Por su cuestionada trayectoria, las intimidaciones contra ex presos políticos y su declarada amistad con el dictador Galtieri, Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado”, consideraron en un comunicado. El proceso oral y público aludido por las organizaciones comenzaría el próximo 12 de diciembre.
“Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad”, comienza el texto difundido por las organizaciones que integran Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial.
“Ante la proximidad del proceso oral y público –señala el texto de los organismos‒, en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, el Colectivo de ex Presos y Sobrevivientes, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, queremos volver a manifestar: que no queremos que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre ningún tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas”.
Para las organizaciones “la magistrada no está en condiciones de enjuiciar a los militares y represores que han sido subalternos de su amigo genocida”.
En el comunicado, los organismos recordaron que “hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced”.
Y añadieron: “En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorimo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri”.
El próximo 12 de diciembre está anunciado el inicio de un nuevo juicio oral y público contra represores de la dictadura, en el que serán juzgados el Capitán Osvaldo Cervera, el Coronel Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez.
En ese marco el texto de las organizaciones de derechos humanos repudiaron además “la forma en que fue elevado a juicio oral este expediente, separándolo del resto de los hechos de represión de la zona, por una sola víctima, el compañero Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado del cordón industrial”. “Entendemos –agregaron en el comunicado–, que esta decisión es un claro beneficio para los genocidas, no solo en detrimento del resto de los sobrevivientes, sino en detrimento del mismo Manuel Casado, que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los hechos sufridos dentro del plan sistemático, sino que será reducido a un hecho aislado”.
Desde Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial indicaron que realzarán una campaña para juntar firmas contra la presencia de Cosidoy en el juicio.
El comunicado completo
Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad
Una jueza amiga de genocidas, no puede juzgar a represores
Ante la proximidad del proceso oral y público en el que se juzgará por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos en la zona el Cordón Industrial, anunciado para el próximo 12 de diciembre, querellantes de las causas contra el terrorismo de Estado, ex presos políticos de la dictadura, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos como Madres, APDH, Familiares, HIJOS y diversas organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, queremos volver a manifestar: que no queremos que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, integre ningún tribunal que tenga como misión juzgar a los genocidas.
Las organizaciones que integramos Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial, entendemos que por su parcialidad manifiesta, la magistrada no está en condiciones de enjuiciar a los militares y represores que han sido subalternos de su amigo genocida.
Además, queremos recordar, que hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced.
En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorimo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.
No olvidamos ese ataque realizado por la jueza federal contra las víctimas, quienes fueron secuestrados ilegalmente durante la dictadura, llevados a centros clandestinos de detención donde fueron salvajemente torturados (entre ellos varias embarazadas), y donde vieron desaparecer y asesinar a centenares de sus compañeros. Por esos días, pusimos de manifiesto la operación que montó la jueza de la mano de los represores acusados en el juicio Díaz Bessone ‒ya condenados por graves delitos de lesa humanidad‒, quienes la propusieron como testigo, para menoscabar la palabra de los sobrevivientes. También denunciamos esa vez, y volvemos a recordar hoy, el acto intimidatorio y de amedrentamiento pergeñado por la magistrada, quien preparó el terreno deliberadamente, primero haciendo circular a través de un comunicado de prensa que declararía en el juicio (para así concitar más la atención de los medios); y luego reservando lugares en la sala de audiencias y llevándose con sigo a policías de la ex división dorgas peligrosas, para que le hagan de barra. Varios de esos agentes estaban sospechados de participar en actos de narcotráfico. Por último llamando “metirosos” a los testigos del horror vivido en el Servicio de Informaciones.
Cosidoy es recordada por decenas de testigos como una abogada oficial que maltrataba a sus familiares, que no tomaba en serio las tremendas denuncias que estos le realizaban, y que incluso les decía a los entonces presos políticos que debían colaborar con las autoridades de la dictadura y confesar lo que estas consideraban crímenes. Queremos remarcar la perversidad de Cosidoy, que conocedora de la (imposible de empeorar) situación en la que se encontraban los detenidos políticos de la dictadura, pretendió en el marco de su declaración en el juicio Díaz Bessone, utilizar como prueba para “refutar los dichos de los ex presos” y de su “buen desempeño” como abogada de oficio en aquel entonces, presuntas cartas en las que estos, mientras estaba aún privados de la libertad, le habrían reconocido ese supuesto buen desempeño como defensora.
En su momento, logramos junto a los integrantes de la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, que la jueza Cosidoy sea apartada del TOF Nº1 que intervendrá en el Caso “Saint Amant, Manuel F. y otros s/Priv. Ilegal de la libertad, torturas y desaparición forzada” Expte. Nº 149/10. Hoy, volvemos a reclamar lo mismo frente al juicio anunciado para el próximo 12 de diciembre, en el que serán juzgados el Capitán Osvaldo Cervera, el Coronel Horacio Maderna y Pedro Alberto «Pili» Rodríguez.
Aprovechamos esta ocasión para sumar nuestro repudio ante la forma en que fue elevado a juicio oral este expediente, separándolo del resto de los hechos de represión de la zona, por una sola víctima, el compañero Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado del cordón industrial. Entendemos que esta decisión es un claro beneficio para los genocidas, no solo en detrimento del resto de los sobrevivientes, sino en detrimento del mismo Manuel Casado, que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los hechos sufridos dentro del plan sistemático, sino que será reducido a un hecho aislado.
Por último remarcamos, que frente a su cuestionada trayectoria, las intimidaciones y ataques realizado contra los sobrevivientes de la dictadura y su declarada amistad con el dictador Galtieri, la jueza Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado.
*Este texto se hará circular para juntar firmas con la intención de evitar que Cosidoy integre el tribunal oral que en Rosario juzgue por primera vez delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en el Cordón Industrial.
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