El Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe se reunieron esta mañana con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, María Angélica Gastaldi y con el ministro Daniel Erbetta, ante quienes plantearon la preocupación por dos hechos que los gremios consideraron lesivos para la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde la Corte se explicó que en ningún momento se quisieron avasallar los derechos mencionados, y que el debate entre trabajadores de prensa y operadores judiciales forma parte de la tensión permanente que existe entre unos y otros, en tanto la capacitación y el diálogo pueden colaborar para responder a las necesidades de la democracia informativa.

El primero de los hechos citados, fue el desalojo de tres periodistas y un fotógrafo – Eduardo Caniglia (La Capital), Carina Ortiz (El Ciudadano) y Lorena Panzerini y Alberto Gentilcore (Rosario/12)-, del edificio de los Tribunales provinciales de Rosario, cuando estaban por cubrir las alternativas de un resonante caso penal. Allí un policía les comunicó que por orden de la jueza de instrucción N º 12, Mónica Lamperti, debían abandonar el edificio. En el caso ocurrido en la capital provincial, también un juez penal de Instrucción, Nicolás Falkenberg se presentó en una productora de contenidos, “Ciudadanos SRL”, de donde se llevó un DVD sin labrar siquiera un acta. Ese DVD almacenaba imágenes de una cámara de seguridad del municipio santafesino desde la que se captaron los movimientos de un hombre, que ya fue detenido, por abusar sexualmente de la empleada de un comercio ubicado sobre la peatonal San Martín. El SPR y la APSF entendieron que el juez Falkenberg tuvo un proceder intimidatorio e irregular que condicionó el trabajo periodístico.
Gastaldi explicó que en Rosario se trató de una mala interpretación de las indicaciones de la jueza Mónica Lamperti –quien dispuso una investigación interna dentro del juzgado-, dadas en el momento en que iba a declarar el abogado Fabián Casarini, acusado de dar muerte al joven Andrés Arduvino en el domicilio de calle Montevideo al 1600. La delegación gremial planteó que ni la magistrada ni sus subalternos tenían derecho a tomar esa decisión, ya que el de los Tribunales es un edificio público, se trataba de cubrir información de interés para la sociedad y los periodistas no violentaban ninguna norma procesal.
En el episodio capitalino, tanto la presidenta de la CSJ como el ministro Erbetta aseguraron que no se trató de un intento de limitar el trabajo periodístico, sino de evitar que la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio santafesino se transformara en un obstáculo para la investigación judicial.
El pedido sindical a Gastaldi y a Erbetta se centró en que se promueva un mayor compromiso de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial con los principios que hacen al trabajo periodístico y a la necesidad de contar con información veraz y oportuna, destinada a la construcción de la noticia dirigida a los distintos sectores y actores sociales. Para eso, no sólo es necesaria la capacitación de las y los periodistas en la que ambas organizaciones sindicales están empeñadas, sino, y sobre todo, que el Poder Judicial en sus distintas instancias se comprometa con todo lo que implica la libertad de expresión y el derecho a la información arriba citados.
Rosario, 23 de abril de 2012
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
SINDICATO DE PRENSA ROSARIO
ASOCIACION DE PRENSA DE SANTA FE