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ROSARIO
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lunes, 13 de mayo de 2013

OPINION
La detención durante el proceso penal también es una cautelar!

En estos momentos en que está en boca de todos la palabra “cautelar”,   utilizada para designar al mecanismo legal de asegurar el objeto de un proceso (en materia civil un embargo preventivo),  en el ámbito del enjuiciamiento penal,  ese mecanismo es la detención,  la restricción a la libertad ambulatoria,  con fundamento en la búsqueda de la verdad.

Los Jueces utilizan su coercio para garantizar el objeto de un proceso penal,  la búsqueda de la verdad,   qué pasó en un hecho del pasado.

El proceso penal es la herramienta constitucional direccionada a garantizar un juicio justo,  con reglas claras,  desembocando en una sentencia emitida por un Juez con poder emanado de la misma Carta Magna.  Esa resolución puede derivar en una condena si se encuentran probadas las imputaciones realizadas,  con sustento en la sana crítica racional de Su Señoría.-

Aquí encontramos la línea constitucional que divide las aguas entre una restricción a la libertad legítima de una ilegítima.  Una Sentencia!!  Podía opinarse en el pasado sobre la extensión del art. 18 de la Constitucional Nacional;  ya no.  

Desde la incorporación a nuestro derecho interno de los Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos por la puerta del Art. 75 inc. 22 ya no puede dudarse de la extensión de la normativa.  Se expandió el espectro de la carta de derechos,  focalizando en un autocontrol del Estado de sus mismas funciones para no violentar derechos y garantías que hacen a la dignidad de la persona humana. 

Uno de esos derechos fundamentales es la libertad.  El Estado solo puede restringirla en los casos absolutamente indispensables cuando algún interés superior se encuentre en juego.

A través de la ley penal se establece legítimamente los casos en los cuales será restringida esa libertad ambulatoria.   El delito y la pena los institutos garantizador para todos los ciudadanos,  aun para los sometidos a un enjuiciamiento penal,  al saber que su libertad solo puede ser flanqueada por haber realizado una conducta de las mencionadas legalmente como reprochables.  

Reglas claras es lo que confirma la existencia de un Estado de Derecho.  Brindando seguridad a los nacionales y extranjeros.   Aquí el Estado restringe la libertad luego de la imputación de una conducta reprochable legalmente,  de un juicio justo que lleva a una sentencia emitida por un juez con facultades para decidir.

Todo lo mencionado se ve desvirtuado ante la existencia de reglas de forma;  cómo llegar al descubrimiento de esa verdad?   A través del abuso de la cautelar,  aplicando coerción personal sobre los imputados de un delito,  los jueces de nuestra provincia “previo a una sentencia” (como lo exige la Constitución Nacional) llegan a un anticipo de la pena,  sin certeza.

Sabido es que las Comisarías de nuestra provincia se encuentran superpobladas de detenidos,  personas privadas de su libertad “sin una sentencia condenatoria”,  todo bajo el slogan de la bendita “peligrosidad procesal”

Que es la peligrosidad procesal?   El Código Procesal Penal de Santa Fe dice que “ …..Peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación” y se enumeran una serie de condiciones que hacen presumir la existencia de esta peligrosidad.

Entonces los Jueces,  ante pedidos de excarcelaciones, resuelven la denegatoria con fundamentos en estos dichos procesales.  No realizan concretamente una investigación para dilucidar en qué casos existe esta peligrosidad.   Con fórmulas abstractas toman una decisión tan vital como lo es la privación de libertad de un ser humano.  Todo esto cuando la Constitución demanda de ellos motivación suficiente en sus decisiones,  no la trascripción exegética de un artículo de un código procesal,  sino  “Los hechos”. 

Se dice: “la magnitud de la pena en expectativa”  como criterio de peligro de fuga.  Es la misma policía interviniente, en la mayoría de los casos,  quien califica provisoriamente.  Que luego pasa a un Juzgado tapado de causas,   que se toma todo el tiempo del mundo para resolver la situación procesal de esa persona detenida.  En muchos casos no se realizan medidas probatorias,  por que la Fiscalía que debiera impulsar y probar,  recién entiende en el asunto cuando los defensores realizan pedidos de libertad por la ilegitimidad de las detenciones prolongadas.

Entonces con escasa o ninguna prueba de los hechos imputados se mantiene en una comisaria a un ser humano por una “supuesta pena en expectativa”,  sin ni siquiera “probabilidad”  como lo exige el mismo código de forma,  sin datos concretos,  se aplica una pena sin sentencia condenatoria.

Así las cosas difícil es vislumbrar la puesta en marcha de un sistema acusatorio de enjuiciamiento penal,  los fiscales llegan tarde a la investigación,  no impulsan y se rigen por el principio inverso…. es culpable hasta que usted me demuestre que es inocente…..que otro fundamento podría tener una detención prolongada “solo” por una pena en expectativa.

A esto hay que sumarle el proyecto de ley que se encuentra en la legislatura provincial,  redactado por el Senador Enrico,  que endurece las condiciones de peligrosidad procesal,  y que de sancionarse,  invertirá el estado de inocencia y el principio de libertad en el transcurso del proceso. 

En el proyecto de ley se menciona como presunción de peligrosidad procesal lo siguiente: “no tener residencia o tener residencia en un lugar que por sus características provocara gran dificultad para cumplir las resoluciones que debieran ejecutarse en aquel”,  es decir,  al tener en cuenta esta condición como presunción de peligrosidad claramente se crea una discriminación inconstitucional entre aquellas personas que tengan domicilio en un sector central y aquellos que lo tengan en un lugar periférico.  (por ej.: una persona con residencia en Barrio Ludueña deberá pasar todo el transcurso del proceso en prisión,  mientras que los afortunados con domicilio en el barrio del Parque España de Rosario podrán mantener su libertad).  

Señores si esto no es discriminación.  Qué es?  Imaginemos brindar este marco de discrecionalidad a los Jueces para establecer en qué casos existen esas dificultades y en cuales no?   Se pone a la persona sospechada ante una situación de condena anticipada con el único fundamento de vivir en algún barrio vulnerable de los que abundan en nuestra provincia. 

Vuelvo a repetir,  Sin Certeza positiva de existencia del hecho, autoría,  participación,  culpabilidad,  alcanza con una mera sospecha.

El Estado tiene como función proteger a los sectores más vulnerables de la población,  no criminalizarlos.   Con este mapa en la mano,  y este proyecto de ley,  su busca depositar a los marginados en las cárceles.   No soluciona el problema coyuntural de la inseguridad reclamada por los ciudadanos,  porque como política no va hacia la causa de aquel. 

Nuestros legisladores seleccionan medios ineficaces para la lucha contra el delito,  o podríamos decir que la política estatal posee una ideología política muy definida que orienta el control social punitivo hacia la “mano dura” a los vecinos del Barrio.

La noción de política criminal se encuentra en toda campaña electoral,  y se presenta como la solución a todos los problemas sociales que se manifiestan en nuestra provincia.   Con un tinte demagógico,  sin reconocer y luchar contra las verdaderas causas del delito,  la marginalidad,  la pobreza y la exclusión.   Eso es lo peligroso,  el olvido.-

Andrés Luraschi
Abogado Equipo Jurídico APDH Rosario
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viernes, 10 de mayo de 2013



Delirios del poder

El brutal despliegue de fuerzas represivas estatales realizado sobre el fin de la pasada semana en la principal ciudad del país, expone la impronta de ferocidad asesina que  caracteriza a esa administración.
Estas escenas ya vistas y no por repetidas menos repudiables, que tuvieron como escenario años atrás el Parque Indoamericano con el desalojo de familias a pura bala, son un eslabón más de la perversa cadena que se inició con el espionaje telefónico ordenado desde la más alta jerarquía gubernamental.
Ahora, las fuerzas policíacas metropolitanas fueron a destruir un taller protegido en el que los internos de un hospital psiquiátrico realizan tareas manuales, es decir labor terapia, una técnica alternativa a los medios disuasivos de la psiquiatría tradicional mortificadora de los yo y atrofiadota de las subjetividades.
A su crónica deserción ante las catástrofes que se abaten sobre la población cada vez que se desatan tormentas y aguaceros, se suma ahora este despliegue destructor de iniciativas autogestivas donde confluyen diversos actores de la comunidad: artesanos, médicos, internos.
Al delirante y omnipotente poder formal que impera en la Capital Federal lo irrita la construcción de ámbitos de libre expresión y libertad por eso los ataca. Temible señal para toda la población de la región, este delirio artillado que se lanza contra  las personas con ferocidad por salvar los negociados y la codicia de la minoría prebendaria.
Pero no son sólo los delirios de una élite sino un frío plan de apropiación territorial, la resistencia y la activa solidaridad entre los que somos más podrá frenarlos.

Carlos A. Solero
Miembro de APDH-Rosario
28-04-2013
Cronología de los hechos ocurridos en la Comunidad Potae Napocna Navogoh
(elaborado por SERPAJ)

AÑO 1940,
El Gobierno Nacional, por medio del Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 80.513, resolvió la reserva de “la superficie de 5.000
hectáreas constituidas por las leguas a y b Sección III de la Colonia
Laguna Blanca en el Territorio de Formosa (…) para ser ocupada
gratuitamente por los componentes de la Tribu del Cacique Trifón
Sanabria”.

Año 1985
La provincia de Formosa transfirió a la “Asociación Civil Comunidad
Aborigen La Primavera” en propiedad comunitaria 5187 hectáreas. Para
realizar esta entrega, se basó en el Decreto de 1940. No obstante,
decidió excluir de la titulación las tierras que estaba ocupando la
familia Celía. Por tal razón, a modo de “compensación” por tal
exclusión, incluyó en el título de propiedad comunitaria otro sector
correspondiente al Parque Nacional Río Pilcomayo.

Año 2010
23 de noviembre. La comunidad Potae Napocna Navogoh, realizó un corte
en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus
tierras. Al lugar se presentó un operativo policial y produjo una
violenta represión para dispersar a los manifestantes. El
enfrentamiento costó la vida de un miembro de la comunidad, Roberto
López, y del oficial principal de la fuerza de seguridad provincial
Heber Falcón, además de numerosos heridos.

24 de noviembre, un indígena pilagá Mario López, quien organizaba un
viaje al lugar del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los
hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en la
localidad formoseña de Estanislao del Campo. La comunidad Potae
Napocna Navogoh denunció que se trató de un homicidio cometido por un
policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una
tarea de inteligencia.

23 de diciembre. Integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh de
Formosa y su representante Félix Díaz inician un acampe en la
plazoleta Cervantes (Avenida de Mayo y 9 de Julio) de Buenos Aires, en
reclamo del esclarecimiento de los homicidios de los indígenas muertos
y la restitución de 1.300 hectáreas de tierra que les habían sido
adjudicadas, pero luego les fueron expropiadas por el gobernador Gildo
Insfrán. El objetivo es ser atendidos por la Señora Presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner.

25 de diciembre de 2010. Félix Díaz y sus compañeros inician una
huelga de hambre.

30 de diciembre de 2010. Félix Díaz levantó la huelga de hambre luego
de un acuerdo alcanzado con Claudio Morgado, titular del INADI y
Marcio Barbosa Moreira, viceministro de Interior, quienes se
comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la
comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de documentos
nacionales de identidad, asistencia sanitaria y una propuesta para que
Gendarmería les garantice la seguridad.

Año 2011

21 de abril. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la
integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas,
agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza
pública u otros agentes estatales”.

25 de abril. A cuatro meses del acampe, Félix Díaz y sus compañeros
inician una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio.

30 de abril. La Justicia contravencional porteña ordenó levantar el
corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente
a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, manifestó un
colaborador de Cristina Caamaño, por entonces viceministra de
Seguridad. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego
nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz
luego de despejar la calle.

2 de mayo. En Casa de Gobierno se acuerda una agenda en el marco de
una Mesa de Diálogo y Trabajo. Además del ministro Randazzo
participaron del acuerdo Félix Díaz junto al CELS, el SERPAJ, Madres
Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a
brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de
diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de
fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”,
precisó el CELS en un comunicado.

6 de mayo. En la reunión se había acordado el levantamiento del acampe
y regreso a su Comunidad para el día lunes 9, pero uniformados
sorprendieron a los manifestantes el viernes 6 a las 9 de la mañana, y
al grito de “vamos, vamos, levántense”, los despertaron. La
Gendarmería Nacional se hizo presente en el acampe para proceder al
desalojo. Subieron a los indígenas a micros y sus pertenencias a
camiones.

9 de mayo, luego de una ardua discusión en la mesa de Dialogo y
Trabajo se arribó al siguiente acuerdo:

“1. En el plazo de 15 días los miembros de la comunidad “La Primavera”
deberán fijar la fecha, metodología y lugar para realizar una
asamblea comunitaria y elegir a sus representantes. En caso de que no
lleguen a un acuerdo, el gobierno propondrá la fecha y la mesa de
diálogo se ocupará de garantizar las cuestiones organizativas.
2- Las partes acordaron recordar la prohibición del arrendamiento de
tierras tradicionales de la comunidad, tal como lo establece la ley
vigente.
3 Se sugiere que la Administración de Parques Nacionales efectúe una
evaluación técnica para brindar soluciones a la superposición
existente entre el Parque Nacional Río Pilcomayo y las tierras
reclamadas por la Comunidad.
4- Los representantes del gobierno nacional y provincial acordaron
avanzar en la aplicación de la ley 26.610, que establece la
obligación del Estado de delimitar el territorio que ocupan las
comunidades indígenas, incluido el relevamiento catastral”10

En la reunión de la mesa del 30 de mayo, a raíz de que las partes no
llegaron a un acuerdo, el
Gobierno nacional expresó que la elección se realizaría por sufragio
con voto secreto11. Félix Diaz y su grupo aceptaron participar de una
elección en los términos occidentales, en una muestra de buena
voluntad y como expresión de confianza de que el espacio político le
permitiría avanzar con el tema de la tierra. A la vez, se creó una
Comisión organizadora de la elección, en la que –en tres reuniones
sucesivas- se discutió y armó un reglamento para llevarla a cabo. Los
acuerdos de esta comisión corrieron peligro porque la provincia se
negaba a poner en las actas de reunión que la persona elegida sería
considerada como representante de la comunidad en relación con todos
los reclamos y que reemplazaría la representación de la asociación
civil. Para destrabar este conflicto fue importante el reconocimiento
expreso que en tal sentido efectuó el gobierno nacional

25 DE Junio. Felix Diaz, es elegido como Qarashe (autoridad
tradicional) de la Comunidad Potae Napogna Navogoh (La Primavera)

13 de septiembre. El Gobierno de la Provincia de Formosa se mostró
reticente EN avanzar en las soluciones propuestas, de manera
permanente intentó en obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos
logrados, y antes de finalizar la reunión se retiro de la Mesa. Por su
parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el
gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su
exclusiva competencia, como la situación de Parques Nacionales. En ese
mismo mes le incendiaron las casas de Adolfo Miranda y de uno de los
nietos de Félix Díaz, Tino Díaz.

8 de noviembre. El hijo de Félix Díaz, de 17 años, y el nieto, de 11,
se desplazaban por un camino de la comunidad y fueron agredidos con
disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no los alcanzaron.
Los disparos provinieron de personas que se encontraban dentro del
territorio que pertenece a la comunidad y está ocupado por la familia
de Alberto Celia.

23 de noviembre. Organismos de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH, CELS y
Madres de Plaza de Mayo L.F) envían una extensa carta a la Señora
Presidenta, donde destacan que el gobierno formoseño sigue
desconociendo los derechos de los Qom, a pesar de los acuerdos
logrados en una mesa de diálogo.

7 de diciembre. El señor James Anaya, relator especial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, fue
a la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa.

Año 2012

7 de enero. Rolando Díaz, el hijo menor de Félix Díaz, fue golpeado
con un elemento cortante por cuatro criollos con la intención de
asesinarlo. Al menos uno de ellos portaba un arma. El joven pudo
escapar, pero quedó en estado de shock y con un fuerte dolor en la
cabeza. Tenía temor de ir al médico pero finalmente fue internado en
el Hospital Central de Formosa.

18 de enero. Tres adolescentes qom, mientras buscaban miel en sus
territorios, fueron atacados por un criollo quien disparó con un arma
de fuego. Un joven qom que caminaba por la comunidad también fue
intimidado con disparos por otro criollo y a la familia de Sindulfo
Caballero le dispararon desde el exterior.

26 de mayo. Durante la madrugada, la familia de Félix Díaz sufrió
intimidaciones por parte de pobladores criollos de la zona de Costa
Alegre.

27 de junio. Félix Díaz fue amenazado de muerte cuando se encontraba
aguardando para ingresar a una audiencia en el palacio de Tribunales.
Cristino Sanabria le manifestó que si continuaba con los reclamos
territoriales iba a avanzar con sus patotas para lastimarlo a él y a
su familia, y destruir la radio comunitaria. Al día siguiente bloquean
el celular de Félix Díaz.

28 de junio. Abelardo, hijo de Félix Díaz, fue atacado con armas
blancas por un grupo de personas que amenazaron con degollarlo.
Durante el ataque le provocaron heridas contundentes que requirieron
atención médica en el hospital local.

9 de agosto. Félix Díaz fue atropellado por un vehículo en la ruta con
claras intenciones de atentar contra su vida, dado que el agresor no
se detuvo. Fue auxiliado por personas que pasaban por el lugar y
hospitalizado.

9 de diciembre. En la localidad Misión Tacaaglé, perteneciente a la
Provincia de Formosa, Ricardo Coyipé y Celestina Jara, miembros de la
comunidad indígena QOM Potae Napocná Navogoh (La Primavera), viajaban
en moto con su nieta Lila de diez meses de edad, por la ruta nacional
86 (Formosa) cuando fueron atropellados por el gendarme Walter
Cardozo que iba en un auto. A consecuencia del impacto, Celestina Jara
murió en el acto y Lila un día después. De acuerdo con la información
obtenida, luego del choque, el gendarme descendió de su auto y en
lugar de socorrer a las víctimas, tal como lo establecen las normas
nacionales, le propinó una brutal golpiza a Ricardo Coyipé

2013
9 de enero. En la Provincia de Formosa, se encontró gravemente herido
a Juan Daniel Asijak, un jóven de 16 años, sobrino del carashé Félix
Díaz, referente en la lucha del pueblo Qom. Fue hallado por vecinos
de la zona junto a su moto, al borde de la ruta 86 del interior de la
comunidad formoseña La Primavera. Murió a causa de una fractura de
cráneo luego de agonizar durante tres días en el Hospital Central de
Formosa.

15 de enero. Héctor Alonso, un joven Qom de la comunidad La Primavera,
estaba limpiando el cementerio comunitario cuando fue atacado por tres
criollos que circulaban en dos motos dentro de la comunidad, sin
patente y con cascos. Los atacantes lo amedrentaron exhibiendo un arma
blanca mientras le proferían toda clase de insultos, y calificaciones
peyorativas extremas como “indio de mierda”.

3 de mayo, Abelardo Díaz, hijo del qarashe Félix Díaz, Potae Napocna
Navogoh (La Primavera) cuando sorpresivamente llegó una patota de
alrededor de 30 personas y, sin mediar discusión alguna, comenzaron
una brutal golpiza sobre el joven de 21 años y su amigo Carlos Sosa
Enviado: Viernes, 10 de Mayo de 2013 08:00 a.m.
Asunto:  Mi colega era un espía de la Federal

  Adriana Meyer En medio de escándalos de secretarias y valijas que remiten a otras épocas, esta noticia pegó en las tripas de miles de militantes y periodistas que cubrieron las actividades de los movimientos sociales en la Argentina desde hace más de una década. Porque al pelado Balbuena --ex estudiante de radio y periodismo, ex movilero y hasta la semana pasada miembro de la agencia de noticias Rodolfo Walsh-- lo conocían todos. No hay dirigente social que no haya sido su entrevistado. Y resultó ser oficial de Inteligenia de la Federal. Apenas trascendió el dato la ministra de Seguridad lo pasó a disponibilidad, mientras que más de un centenar de organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de medios de prensa alternativos repudiaron el "espionaje sistemático al movimiento popular" y exigieron el desmantelamiento de toda estructura destinada a este tipo de actividades. Según pudo establecer OJOS VENDADOS, el dato habría sido filtrado en medio de una interna de la Federal.
El caso lejos de ser una golondrina perdida, se suma a otros episodios similares ocurridos a partir de 1983. Reiteramos la breve reseña de antecedentes de esa mala costumbre de hacer inteligencia interior, prohibida por varias leyes.
Balbuena era ese "pesado" que siempre insistía en grabar unas palabras para su programa de radio. Era el que llegaba primero y se iba último de cada manifestación y corte callejero. No se le conocía pensamiento propio pero parecía inocuo, era dedicado y persistente. Hace pocos días descubrieron que es otro tipo de "pesado".
En el caliente diciembre de 2001 comenzó a ser parte de la red de corresponsales populares de FM La Tribu y al año siguiente entró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Había sido vecino y compañero de la escuela primaria de uno de los fundadores de ese pionero medio alternativo, Roberto Grinberg, con quien se reencontró mientras estudiaban periodismo. "A partir de la relación personal que tenía conmigo se sumó a la agencia en 2002", dijo Grinberg en la conferencia de prensa del martes 7 en la sede de Correpi, de la que participaron 124 organizaciones (ver listado al final de la nota). 
"No es un infiltrado en la agencia Walsh particularmente, se ha metido en todo el movimiento popular, la agencia fue el medio del que se valió para entrar en el resto de las organizaciones", dijeron los integrantes de la redacción. Durante la conferencia explicaron que hace veinte días les llegó el dato de una fuente propia, que les acercó una lista de nombres entre los que figuraba Américo Alejandro Balbuena como oficial de inteligencia de la sección Reunión de Datos, división Análisis. En la redacción se quedaron azorados, no lo podían creer. Finalmente, el abogado Eduardo Soares confirmó que eran cierto con una fuente vinculada al ministerio de Seguridad de la Nación.
El domingo 5 la agencia había difundido que "Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, había ingresado en 2002 y se mantuvo hasta hace pocos días espiando a sus integrantes". Luego de detallar que "tenía a su cargo la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener un mapa del movimiento popular", responsabilizaron al gobierno nacional. "Nosotros no habíamos hecho ninguna denuncia en el ministerio ni en Tribunales porque consideramos que no es un ataque a nosotros como agencia sino a todas las organizaciones que se ven afectadas por el espionaje del Estado, y por eso las decisiones las tomaríamos en conjunto. Pero nos llamó la atención tanta celeridad en pasarlo a disponibilidad", dijo en la conferencia otro de los miembros de la Walsh.
Según informó ayer PáginaI12, la ministra de Seguridad Nilda Garré dispuso que se investigue a todos los jefes de la sección Reunión de Información de la División Análisis de la Policía Federal. "Según Garré es claramente incompatible ser PCI (Personal Civil de Inteligencia) y trabajar en una agencia de noticias monitoreando a las organizaciones sociales", dice el artículo. De modo que eso era Balbuena, un PCI que durante once años "estableció vínculos de confianza y amistad con luchadores y luchadoras sociales para socavar a sus organizaciones", tal como decía la Walsh en su primer comunicado. Por ejemplo, sus vínculos eran con los familiares de las víctimas de Cromagnon, del desaparecido Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal, como así también con un amplio espectro de integrantes de organizaciones que va desde la Federación Universitaria de Buenos Aires hasta el colectivo La Alameda, pasando por los trabajadores del Subte y los pueblos originarios.
"Era casi más antiguo que nosotros en la agencia. Parecía tan bobo, a veces decía boludeces, a mí me sacaba de quicio, pero ya era medio personaje entonces todos decían 'no te enojes, es Américo'", relató a este sitio Oscar Castelnovo, de la Walsh. Al principio fue un golpe duro para todos pero en particular para Grinberg, hubo días de mucho "bajón", luego pudieron reaccionar y se hicieron fuertes. "En este lugar hay mucha solidaridad, y con el acompañamiento de todas las organizaciones decidimos enfrentar esto todos juntos", dijo el periodista, quien enmarca este episodio dentro de una política represiva que, a su criterio, es superior en todos los rubros a los demás gobiernos. "Acusamos al gobierno porque no entendemos cómo puede estar un servicio trabajando diez años en la policía y que nadie se dé cuenta, y si bien entró a la agencia en la época de Eduardo Duhalde hoy es responsabilidad de esta administración. Sabemos que los estados son represivos porque es su esencia de clase, no es un ataque al kirchnerismo en sí, es una denuncia al Estado nacional, a los estados provinciales y también al de la Ciudad", concluyeron en la conferencia de prensa.
Entre los dirigentes hubo coincidencia en señalar que este no es un caso aislado sino una práctica generalizada en varias fuerzas de seguridad. Correpi incluso elaboró una cronología de los hechos de infiltración que llegaron a detectar, y otras organizaciones mencionaron sus propios casos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, con el espía Alberto Amarilla. También recordaron al espía militar Raúl Tarifeño, que llegó a ser candidato en las elecciones de 2007 por el MST en Neuquén.
Para la abogada Myriam Bregman, del Ceprodh, el caso de Balbuena evidencia que "el espionaje está direccionado hacia organizaciones políticas, sociales y gremiales", y que "la Federal también tiene su Proyecto X como denunciamos en el caso de la Gendarmería". En tal sentido exigió "el listado completo de todos los infiltrados en las organizaciones populares y el desmantelamiento de todos los programas y organismos destinados a estas tareas". Bregman afirmó que la Federal "tiene una división específica que proviene de la dictadura, con mil agentes, que se rige por legislación secreta de la época de la Libertadora y que ningún gobierno desde 1983 hasta ahora se ha atrevido a tocar".
Varios dirigentes indicaron que información recolectada por Balbuena aparecía en causas de la justicia contravencional por cortes de calles y otras manifestaciones. La abogada María del Carmen Verdú recordó que ya en 2002 cuando hubo una marcha a la casa de Salta tras el asesinato de Aníbal Verón, se abrió un proceso contra los manifestantes con datos aportados por la Federal. Para Verdú "es inverosímil que ahora investiguen qué hizo y dónde estuvo estos diez años, y que no supieran que no le pagaban el sueldo para dirigir el tránsito". Y opinó que esto es un "nombre nuevo para una historia vieja de infiltrados que hemos detectado, desde los burdos buchones que se meten disfrazados en las marchas hasta los servicios de inteligencia del Servicio Penitenciario que luego de nuestras visitas hostigan al preso para que les cuente de qué hablamos". Sin embargo, la letrada de Correpi destacó que tanto Balbuena como varios de los gendarmes denunciados en Proyecto X apelaron al recurso de hacerse pasar por periodistas.
Ahora bien, ¿cómo llegó a la agencia Walsh el dato sobre Balbuena? Según dos fuentes consultadas, un grupo de agentes "pesados que responden más a la dictadura que a Garré" mantiene un disputa adentro de la fuerza y la intención era que "saltaran" los jefes del falso periodista. Por eso les insistían que sacaran la información rápido, pero los miembros de la agencia se tomaron el tiempo de confirmar la versión, en primer lugar, y luego convocar a las organizaciones para hacer la denuncia pública de manera conjunta. 
Compañero de banco, de cancha, alumno, el falso notero tipo CQC alternativo fue desenmascarado: era nada menos que un buchón de la Federal disfrazado de periodista "del palo". Una cara conocida por muchos de los que pelean, resisten, paran fábricas, frenan desalojos, reclaman tierras, y por tantos otros que cubren esas luchas. Por eso el estupor primero, la bronca después, el asco de haber formado periodísticamente a un espía de la policía (pudo haber sido alumno de esta periodista) ¿A quién reportaba? ¿Qué decía? ¿Cómo lo hacía? ¿Usaría otra ropa, otro lenguaje cuando volcaba sus informes a sus superiores? ¿Cuánto daño hizo? ¿A dónde fue a parar esa información y para qué la usó la Federal? En el poco probable caso de que hubiera actuado por su cuenta, ¿no sería alarmante semejante actividad autónoma de un agente de una fuerza de seguridad?
Los agentes infiltrados de la Federal no se parecen en nada a los facheros de ficción que produce Hollywood. Son apenas distintos a cualquier colega, sólo dicen boludeces. Castelnovo dice que "siempre hacen lo mismo, lo pasan a disponibilidad cuando el infiltrado nuestro era de ellos, como si fuera uno solo". Y de despide con una inquietante duda. "Lo peor es que no nos dimos cuenta, y entonces no podemos dejar de preguntarnos cuántos más habrá".
Antecedentes de inteligencia interior
ESA MALA COSTUMBRE DE ESPIAR  FRONTERAS ADENTRO
El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque vedado por la  ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de  los marinos de la base Almirante Zar. Pero los antecedentes se remontan a 1997, cuando el ministro menemista Carlos Corach realizó "espionaje ideológico" a pobladores, organizaciones y dirigentes de las "villas de emergencia".
Dos años más tarde, el también menemista Carlos Alderete usaba  los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados. En 2000 el Ejército hizo seguimientos a la justicia federal en Córdoba.  Ese mismo año, en marzo, cinco oficiales de la Fuerza Aérea fueron procesados por hacer tareas de inteligencia a una decena de periodistas, a una ONG  de mujeres y a agrupaciones estudiantiles y políticas. El caso de los aviadores espías había sido revelado por Página/ 12, y uno de los periodistas  espiados llegó a ser indemnizado. Seis meses más tarde, el juez Martín Silva Garretón ordenó a la Policía Federal, al Poder Ejecutivo y al ministerio del  Interior que "pongan fin de inmediato a toda actividad de servicios de inteligencia" sobre partidos políticos y organizaciones sociales.
En marzo de 2007  la policía salteña investigó a docentes en huelga. Y en julio del mismo año este diario informó que fiscales y policías federales entregaron informes a la  Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) sobre la "presunta amenaza del narcoterrorismo de las  FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)". En esos trabajos pusieron bajo la lupa los "secuestros de la Triple Frontera" y las actividades en  el país del vocero de las FARC, Javier Calderón. Entre los "denunciados" de participar en ellas figuraban Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio  Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. "Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el  tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es 'ese sitio oscuro a  atacar', como sostiene (George) Bush", había dicho en aquel momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 
En noviembre del año pasado varias organizaciones, encabezadas por la abogada Myriam Bregman del Ceprodh, denunció a la Gendarmería Nacional por haber realizado tareas de inteligencia interior sobre militantes y delegados de base de la zona norte. Fue primicia de OJOS VENDADOS. 
http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/95-m%C3%A1s-pruebas-confirman-el-espionaje-de-gendarmer%C3%ADa-proyecto-x

jueves, 9 de mayo de 2013

“SOY UNA MUERTA CAMINANDO”....

por Apdh Rosario (Notas) el lunes, 6 de mayo de 2013 

Opinión en párrafos cortos (esta nota me publicó la Revista Viento en Contra

Por Norma Ríos- APDHRosario

 
 )
 
 
 
 
….“Soy una muerta caminando”, aseguró Norma Acosta, ex esposa de Miguel Ángel Saboldi, alias Japo, quien falleció el viernes pasado (12 /04/2013) durante un incendio “intencional” en la Alcaidía de la Unidad Regional II”…..
…"Mi marido me mandó un mensaje de texto diciéndome que lo iban a matar. Fue cinco minutos antes de que empezara el incendio. Pedro Jorge González es quien mandó a matar a mi marido y padre de mis hijos. Y El Pollo (Luis Orlando) Bassi agitó a su gente, a la que tiene en la alcaidía, para que lo mataran", afirmó la mujer. Luego de que Acosta lanzara estas fuertes imputaciones contra el Intendente de esta localidad del sur provincial, Pedro González salió por una radio a admitir que era “amigo” de Japo Saboldi….”
(Diario Cruz del Sur)

Si bien Saboldi había sido detenido en una causa por drogas y "tenencia de armas" el jueves 4, la mujer dijo que "la droga se la mandaron a poner…”
 (Acosta ) ..”ratificó ayer en la Justicia las acusaciones contra Luis "Pollo" Bassi y el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, por la autoría de esa muerte. Tras las acusaciones, González pidió que confíen en él y aclaró que se equivocó al decir que conocía a Saboldi.…”
..”Acosta estuvo 2 horas en el Juzgado, con su abogado…"Querían que mi marido se uniera a González, pero él se negó, y los Bassile dijeron `estamos en guerra, los vamos a matar de a uno'". Ella sostiene que Bassi está en el tráfico de drogas. También se pudo saber que mencionó como"jugadores del intendente" a personal policial, y que quienes se llevaron detenido a Saboldi le dijeron "mirá bien a tu familia; despedite porque de ahí no salís más".(Rosario12)

Hasta acá párrafos de una historia que llevó hojas y hojas de periódicos, que aún continúa y que seguramente terminará como tantas otras en la más absoluta impunidad, en una provincia donde, valga como ejemplo, tenemos preso a uno de los más recientes Jefes de Policía acusado de cómplice del narcotráfico. Con todo lo que eso significa. El miedo de Norma Acosta no es una fantasía. Sin dudas ella y sus hijos corren peligro.

Pocos días antes de los hechos antes citados, Pedro González  se había despachado a gusto con diarrea verbal incontenible en un acto donde , a decir verdad, lo escuchaban, además de centenares de personas y los miles que lo vieron por TV abierta, un silencioso y apocado Ministro de Seguridad...”González, encendió una nueva polémica por la creciente inseguridad que se instaló en su ciudad, próxima a Rosario. Ante el propio ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, durante un acto en el cual el gobierno provincial entregó movilidad a la policía de ese distrito, González se preguntó y respondió: "¿Cuántos serán los que roban?¿Veinte, treinta?. Y bueno, matémoslos a todos y listo", señaló en su discurso”…(La Nación.com)
 No es un mensaje menor a tener en cuenta frente a las acusaciones por  los hechos sucedidos pocos días después.
Aunque estos pequeños párrafos dan para hacer un estudio de sectores de nuestra sociedad y sus "clocleos" miserables pidiendo seguridad (sólo para sus propios bienes), los medios de comunicación, la corrupción, la justicia, los gobiernos (aunque sean elegidos “por el pueblo”), etc. etc.etc., quiero poner el eje en la profunda y asqueante hipocresía que atraviesa a nuestra sociedad frente a un problema que nos aqueja como ciudadanos y seres humanos aunque no queremos enterarnos.

El narcotráfico y todo lo que acarrea, su camino de devastación y dolor, con muertes de miles de jóvenes con sus cerebros extraviados , caídos bajos las balas policiales, pudriéndose en cárceles infames, con penas de muerte extrajudiciales reales y efectivas, es una guerra que se pelea en todos los planos, en todos los territorios y que genera beneficios y complicidad entre la policía, los gobiernos, la justicia, y también la de personas que ven en su venta y distribución un trabajo no más doloroso y humillante que ser explotado en negro en una fábrica o en una casa de familia. Porque a decir verdad, pocos son los/as jóvenes que se encuentran en los bunkers y demás, que tienen posibilidades de llegar a las universidades, que aunque gratuitas (lo son?) sólo son un lugar de privilegio para pocos/as. O tan sólo de un trabajo digno que les permita tener sueños menos efímeros que ser narcos.

Pero están los verdaderos beneficiarios de esa guerra, esos que impunes e intocados, enriquecidos y soberbios, saben que pueden ser votados por miles para que aplique “la mano dura tan necesaria” para “terminar con el delito”. Así, algunos mueren tristemente quemados/asesinados en la cárcel y otros nos gobiernan durante años. Aunque cometan los mismos delitos. Pero quien abraza al gobernante y lo sienta en sus mesas y salones, nos avisa a los ciudadanos que tengamos cuidado con meternos, que está todo bien, que no vale la pena preocuparse, porque los muertos “eran narcos”, como si eso justificara su asesinato.

Del 1 de enero al 28 de abril de 2013 (cambiará la cifra hasta que esto se publique?) 79 muertos/as-asesinados/as en las calles rosarinas , entre tiroteos, asaltos, ejecuciones, “daños colaterales”, a los que agregamos desapariciones y heridos por decenas, nos hablan de una guerra real y visible por el territorio de los diferentes cartels de droga locales.

Esta guerra se traslada, sin dudas, a uno delos espacios más controvertidos, la cárcel, donde conviviendo policías y ladrones, penitenciarios y narcos, criados y crecidos en los mismos espacios de necesidades y miserias, entremezclan sus destinos sin que la línea pueda demarcarse con claridad, y mucho menos certezas.Y también tiene sus espacios en los sillones junto a algunos políticos, que gobernando o no, no le hacen asco a ese dinero tan necesario para las campañas.

El asesinato por encargo, por dinero, dentro o fuera de las cárceles, son una realidad ya inocultable. No quedan pruebas, solamente certezas. Que las barriadas  silencian como propias.

La indiferencia frente a las denuncias es de una desidia insoportable. El incendio de una cárcel para lograr ese cometido es una responsabilidad total de un gobierno que en este tema aparece como perdido y descontrolado. Reflejando, tal vez, la ceguera de una sociedad que encontrará a sus propios hijas e hijos en ciudades imposibles de vivir con la libertad que merecemos.
Decimos la verdad hace muchísimos años, aunque no nos escuchen.

Rosario, 30 de abril de 2013
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

lunes, 6 de mayo de 2013

Imßgenes integradas 1
San Justo, 2 de mayo de 2013

Queremos manifestar nuestro repudio a la agresión e intento de silenciar al Juez Alfredo Drochi, del Tribunal Oral en lo Criminal nº1 de La Matanza; el hecho sucedió anoche, después de salir de un programa de televisión donde habló de una vinculación entre el narcotráfico y la policía, enmarcado en el caso por el asesinato de Candela Rodríguez en 2011. "No hables más, callate la boca. La próxima te matamos", le dijeron los agresores luego de golpearlo y robarle algunas pertenencias.
La denuncia pública de Drochi que vincula a la policía bonaerense con el narcotráfico la hemos realizado desde la APDH La Matanza años atrás, enmarcada en el caso por la desaparición de Luciano Arruga. Reclutamiento de jóvenes para robar, narcotráfico y policía tienen una relación directa, abalado por parte de la justicia, parte de la institución policial y parte del sector político. Celebramos que un miembro de la justicia denuncie lo mismo que denunciamos los militantes de derechos humanos, y que ante los amedrentamientos el juez no se calle y continúe en la búsqueda de verdad. Por eso nuestro apoyo a Alfredo Drochi.
Necesitamos jueces que no se callen, que denuncien y actúen en consecuencia a la verdad. Esa es la democratización de la justicia que necesitamos los sectores populares.

Compañeros APDH La Matanza

PERIBEBUY 2383á (1754)á SAN JUSTOá -á Pcia. de BUENOS AIRESá -á ARGENTINA

Tel.: 4482-6500 á/ Tel/Fax: 4620-2837

E-mail: apedehache@yahoo.com.ar


viernes, 3 de mayo de 2013



COMUNICADO DE PRENSA
La policía de De La Sota también ataca a los que reclaman.
Los abogados del Encuentro de Organizaciones, representantes legales de los 21 detenidos, en la comisaria de Carlos Paz,  acaban de informarnos que presentarán en carácter de URGENTE un habeas corpus correctivo ante el Juzgado de Control de Carlos Paz, debido a que MATÍAS GASTÓN LORENZ, uno de los 15 detenidxs el día martes 30/04, está siendo HOSTIGADO POR LAS FUERZAS POLICIALES, quienes entran vestidos de civil y uniformados a las celdas de la comisaría gritando a viva voz “como el arruinó a un policía, lo vamos a matar” “vos te hiciste el picante, espera que estés solo y no contas más la historia” “por más que te cuides te vamos a encontrar”. 

El detenido es uno de los imputados por supuestas lesiones leves, siendo que los sucesivos videos muestran el accionar policial desmedido y el fiscal Dr. Marchetti lo justificó aduciendo que “los policías están nerviosos”. 

Dada la falta de garantías mínimas (legales y procesales) de protección de la vida y condiciones de detención, decidimos dar a conocer esta información para hacer responsable al Servicio Penitenciario de Córdoba, Alcaldía de Carlos Paz, al Comisario de la Departamental de Punilla, Crio. Godoy, al Comisario Mayor Frías, al Ministro de Seguridad Alejo Paredes y al Gobernador De la Sota como máxima autoridad de la provincia, de la INTEGRIDAD FÍSICA Y LA VIDA de MATIAS GASTÓN LORENZ, compañero detenido. 

EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS 21 DETENIDOS, PRESOS POR LUCHAR. 

Encuentro de Organizaciones - 02-05-2013 / 12:00 Hs.
Contactos:

Erika (EO): 351-5158451 
Gerardo (EO): 351-5941498 



Comunicado de prensa
Encuentro de Organizaciones:
¡Libertad inmediata a los y las presas políticas! ¡Basta de represión! ¡Vivienda digna!

Repudiamos el accionar represivo y las 21 detenciones ilegales que viene llevando a cabo la policía provincial durante las últimas dos semanas en Córdoba. 
Dichas detenciones fueron llevadas a cabo de modo irregular y violento en el marco del conflicto desatado a partir de los desalojos de vecinos y vecinas del Bº Comechingones, ubicado en  Cuesta Blanca. Los vecinos y vecinas,  desde hace ocho meses se encuentran tomando de manera legitima y legal posesión de sus tierras.
El sábado 27 de abril, fueron detenidos 5 vecinos/as, entre ellos/as el presidente de la cooperativa Solares de Icho Cruz. El martes 30/04, 16 personas fueron detenidas mientras reclamaban de forma pacifica la liberación de los/as detenidos/as frente a la comisaria de Carloz Paz, militantes del Encuentro de Organizaciones, del Movimiento Evita y 2 abogados.

Ante esta situación de total impunidad y una represión de extrema violencia desplegada sobre los sectores populares, se convierte en una obligación denunciar el preocupante, ilegal y desmedido dispositivo represivo desplegado por la policía provincial.
En este marco, exigimos que el gobierno provincial asuma la responsabilidad política de los hechos que provocó y la represión que ordenó. Es necesario que se tomen medidas contundentes, y en este sentido, solicitamos la intervención de la Justicia Federal, dado que la Justicia Provincial, en particular la jurisdicción de Carlos paz, no ha garantizado los derechos sustanciales y procesales más básicos de la ciudadanía.
En el mismo tenor, exigimos l renuncia del Ministro de Seguridad de Córdoba, Crio. Paredes, el jefe de la Policía Provincial, Crio. Ramón Frías, el responsable de la delegación Punilla, Crio. Godoy, y la remoción de las autoridades judiciales involucradas. Un acto diferente, confirmaría la asociación ilícita, impune, ilegal y autoritaria del gobierno provincial, en connivencia con los intereses inmobiliarios y especulativos de la provincia.
Esta es la Córdoba que padecemos miles de ciudadanos, lejos de aquella que se muestra en las pautas publicitarias. Esta es la Córdoba que en nada dista de las recientes represiones ocurridas en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la Córdoba de De la Sota que anda se diferencia de la Buenos Aires de Macri, socios predilectos en el negocio de la política y el negocio inmobiliario.

Encuentro de Organizaciones - 01 de mayo de 2013

lunes, 29 de abril de 2013

NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS A LOS QUE ASESINARON TANTOS SERES HUMANOS POR SER GOBERNANTES INESCRUPULOSOS Y CORROMPIDOS

EN RECUERDO PERMANENTE DE LA INFAMIA , COMPARTIMOS ESTE EXCELENTE TRABAJO



“PROHIBIDO OLVIDAR”

“Memoria y olvido son como la vida y la muerte. Vivir es recordar y recordar es vivir. Morir es olvidar y olvidar es morir.” Samuel Butler
              
A una década de la mayor calamidad sufrida por la ciudad de Santa Fe, es necesario evocar lo ocurrido, no para  alimentar odios, rencores o venganzas, sino como medio para la toma de conciencia, de darse cuenta, de saber, en definitiva como actitud de vida y proyección hacia el futuro.
             Abril de 2003 fue mucho más que el desborde del río Salado; fue un antes y un después en la vida de miles de santafesinos, que vieron que como consecuencia de la imprevisión e irresponsabilidad de los que debían velar por su seguridad, se le escurrieron de las manos: sueños, afectos, seres queridos, historias e ilusiones compartidas.
             Fue también, una década de consolidación de impunidad, silencios, complicidades y olvidos interesados, por parte de quienes debían dar respuestas a las angustias de tantos.
             10 años no son nada en el devenir de los pueblos, pero son un montón, para aquellos que hemos padecido tantos dolores, sin siquiera ver una condena ejemplar de parte de quienes debían impartir justicia.
             Justicia, que hoy pareciera reaccionar, pero que también estuvo anegada por una trama de lealtades,  una lentitud exasperante y poco valor desde el punto de vista de la equidad.
             Frente al papel, me siento impotente para describir, en unas pocas líneas, los gritos ahogados, las frustraciones, los dolores del alma que no curan y la sinrazón de los hechos.
             Quizás, los recuerdos capten en su mayor significado y dimensión el desastre y revelen, lo que mis palabras no pueden, dejando como testimonios sensibles, lo cotidiano y querido transformado en basura, los sueños interrumpidos, los desgarros sin cicatrizar y la angustia ante lo inexplicable.
También exhibirán la solidaridad hacia el otro, el compartir, la fuerza para levantarse ante las zancadillas y seguir adelante, con los dientes apretados y dejando como enseñanza de vida, que se puede.
Quienes padecimos esta lamentable experiencia y que hicimos de los techos nuestra isla salvadora, sabemos que los ojos, los rictus y los rostros fueron y son fieles testigos de cargo, que reflejan lo vivido y que nos seguirán acompañando, marcados a agua por el resto de nuestras vidas.
Tal vez a muchos de los responsables de esta calamidad, se los recordará por sus éxitos electorales, sus buenas posiciones económicas o sus cargos encumbrados, pero estoy seguro de que no se los recordará por haber contribuido al mejoramiento de la dignidad y la calidad de vida de miles de santafesinos.
El prohibido olvidar se debe constituir en una consigna, un testimonio indeleble y un recordatorio, para pensar, reflexionar y exigir justicia.

Ricardo Luis Mascheroni – Docente

viernes, 26 de abril de 2013

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario
repudia la terrible represion contra los trabajadores/as del Hospital Borda,
pacientes y organizaciones sociales que los acompañan a resistir el brutal
ataque a sus derechos elementales de parte de un gobierno insensible y predador.
Reclamamos por los/as compañeros/as detenidos/as,
apoyamos la resistencia a la quita de derechos de los pacientes y
trabajadores,
los felicitamos por la dignidad de la lucha,
y estamos a su disposición para cualquier cosa en la que podamos ayudar.
Abrazo fraternal

POr  APDH Rosario
Norma RíosPresidenta
María del Carmen Martínez-Lorena Lezcano- Florencia Delnegro:Mesa Ejecutiva

miércoles, 24 de abril de 2013

Proyecto X en Rosario: presentación de querellantes

 
En el marco de la Investigación por el llamado Proyecto X, El día 9 de abril de 2013 se presentó en Buenos Aires, con el patrocinio letrado de Myriam Bregman y María del Carmen Verdú a quienes se agregan María Del Carmen Martínez y  Claudia Ferrero , como querellantes unificando Personería :  Norma E. Ríos, Presidenta   de la Delegación Rosario de la  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), por sí y en representación de dicho organismo; Constanza Villanueva, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Alicia Graciela Bernal, integrante de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (CADH), Octavio Crivaro, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Gustavo Ariel Brufman, Secretario de Derechos Humanos de CTA Rosario y ex Secretario General de COAD, Alejandro Mariano Parlante, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST),;Juan Pablo Casiello, secretario de Formación de CTA Rosario,  congresal de Amsafe en Ctera e integrante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional y Edmundo Enrique Finkelstein, integrante del Partido Obrero (PO), en la querella unificada en autos “Hermosilla Javier c/ Gendarmería Nacional Argentina s/ Delito de Acción Pública - expte. N° 14.966/2011” que se tramita hace más de un año.
 
Se trata de una querella unificada ante la evidencia que surge de la documentación recopilada por el Juez de la causa, de la que se desprende la existencia de un Centro de Reunión de Información (CRI) en Rosario, que estaría funcionando desde 2006, remitiendo los datos acopiados a la Dirección de Inteligencia Criminal (DIRICRIM) donde es sistematizada para su uso oportuno, como ya sucediera en las causas abiertas contra las luchas de los trabajadores de KRAFT, Frigoríficos Rioplatenses, etc.

El material obrante en una docena de CDs., fue transcripto y surge del relato en primera persona de agentes infiltrados en movilizaciones y reuniones dando constancia de lo que va expresando cada compañero que allí aparece con nombre y apellido, como así también, del archivo sistematizado de notas de prensa, que van dejando claro testimonio de la existencia real, material y concreta de lo que constituye actos de inteligencia ilegal.

Ante nuestra condición de damnificados y sin perjuicio de las medidas de prueba solicitadas por los querellantes y presentados, a las cuales adherimos, se ha solicitado además, se produzcan las siguientes medidas:

1) Se determine, por la vía que V. S. estime corresponder, quiénes conforman y cómo opera el Centro de Reunión de Información Rosario.

2) Se requiera del ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe toda documentación en su poder proveniente del Centro de Reunión de información referido.

3) Se proceda al secuestro de toda la documentación, en soporte papel o informático, almacenada en el Escuadrón "Rosario - Victoria" de la Gendarmería Nacional, referida a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales o de derechos humanos; especialmente la vinculada a las siguientes organizaciones: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH), Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (CADH), Unidad Antirepresiva por los Derechos Humanos (UADH), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) seccional Rosario, Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), Partido Obrero (PO) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Una vez más, queda en evidencia que nuestras denuncias por la existencia de políticas y acciones que tienen por objetivo la judicialización y criminalización de la protesta y que ponen en el centro de su atención a las luchas obreras, contradicen el sentido fundante del más estricto respeto a los derechos humanos diluyendo el contenido y el sentido mismo por el que peleaban nuestros compañeros. PROYECTO X es, junto a la Ley Antiterrorista, la expresión más acabada de esa política.
 
APDH - Asamblea Permanente por los DDHH - Rosario
 
CEPRODH – Centro de Profesionales por los DDHH - Rosario
 
CADH – Comisión Antirrepresiva y por los DDHH – Rosario