La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hace público su absoluto rechazo al nombramiento del nuevo Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abel Posse.
Este rechazo está basado en hechos que prueban fehacientemente la imposibilidad que una persona como Abel Posse asuma la conducción del sistema educativo de la ciudad.
Los antecedentes del actual funcionario nombrado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no dejan lugar a dudas sobre su posición antidemocrática y contraria a los valores fundados en los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad.
Sus acciones y sus dichos desconocen las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido en pos de la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos y civiles de toda la población.
Su actuación como funcionario en diferentes períodos dictatoriales, su adscripción a la teoría de las víctimas inocentes, su cuestionamiento a la existencia del terrorismo de Estado y su oposición a la búsqueda de verdad y justicia demuestran su posición antidemocrática.
A su vez, su perfil autoritario se refleja en numerosas declaraciones públicas sobre la actual coyuntura, entre las que se destaca: "Debemos devolver a los poderes legales y constitucionales a las fuerzas que garantizan el orden público: Policía Federal, Gendarmería, servicios de inteligencia. Urge establecer el orgullo y la función esencial a las Fuerzas Armadas. Hoy somos ya un país indefenso que podrían, en caso de conmoción interna, ser convocadas como garantía del orden republicano o la soberanía.... los sospechosos de terrorismo se siguen vengando y humillando a las Fuerzas Armadas...." (La Nación, 17-10-07).
Por otra parte, ha expresado cabalmente que no concibe a los niños, niñas y adolescentes –entre otros- como sujetos de derecho: afirma que “la entidad "asesino" prevalece sobre la edad biológica” y denigra las expresiones culturales juveniles aseverando que estupidizan a los jóvenes.
Por último, desconoce que el derecho de los educadores y educadoras es parte constitutiva del derecho humano a la educación que como Ministro de Educación tiene la obligación de garantizar y criminaliza toda protesta social: “Hoy el vandalismo, el piqueterismo politizado y la protesta de tantos desamparados se derraman por las calles con su perfil agresivo.” (La Nación, 10-12-09).
Estas son solo algunas muestras de su posicionamiento ideológico y político, y por ende, del de la gestión de gobierno que lo ha honrado con su nombramiento.
Un funcionario que contradice principios constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de asumir una carga pública en un gobierno democrático. La APDH exige su renuncia inmediata.
Este rechazo está basado en hechos que prueban fehacientemente la imposibilidad que una persona como Abel Posse asuma la conducción del sistema educativo de la ciudad.
Los antecedentes del actual funcionario nombrado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no dejan lugar a dudas sobre su posición antidemocrática y contraria a los valores fundados en los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad.
Sus acciones y sus dichos desconocen las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido en pos de la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos y civiles de toda la población.
Su actuación como funcionario en diferentes períodos dictatoriales, su adscripción a la teoría de las víctimas inocentes, su cuestionamiento a la existencia del terrorismo de Estado y su oposición a la búsqueda de verdad y justicia demuestran su posición antidemocrática.
A su vez, su perfil autoritario se refleja en numerosas declaraciones públicas sobre la actual coyuntura, entre las que se destaca: "Debemos devolver a los poderes legales y constitucionales a las fuerzas que garantizan el orden público: Policía Federal, Gendarmería, servicios de inteligencia. Urge establecer el orgullo y la función esencial a las Fuerzas Armadas. Hoy somos ya un país indefenso que podrían, en caso de conmoción interna, ser convocadas como garantía del orden republicano o la soberanía.... los sospechosos de terrorismo se siguen vengando y humillando a las Fuerzas Armadas...." (La Nación, 17-10-07).
Por otra parte, ha expresado cabalmente que no concibe a los niños, niñas y adolescentes –entre otros- como sujetos de derecho: afirma que “la entidad "asesino" prevalece sobre la edad biológica” y denigra las expresiones culturales juveniles aseverando que estupidizan a los jóvenes.
Por último, desconoce que el derecho de los educadores y educadoras es parte constitutiva del derecho humano a la educación que como Ministro de Educación tiene la obligación de garantizar y criminaliza toda protesta social: “Hoy el vandalismo, el piqueterismo politizado y la protesta de tantos desamparados se derraman por las calles con su perfil agresivo.” (La Nación, 10-12-09).
Estas son solo algunas muestras de su posicionamiento ideológico y político, y por ende, del de la gestión de gobierno que lo ha honrado con su nombramiento.
Un funcionario que contradice principios constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de asumir una carga pública en un gobierno democrático. La APDH exige su renuncia inmediata.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
Mesa Directiva
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
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