Lo que sigue es parte de un debate que tuve en mi muro luego de haber subido una opinión que la compañera Norma Vermeulen, Madre de Plaza de Mayo, dio a la prensa el jueves 4 de octubre. Esto era lo que expresaba: "Esto se ha estado planeando desde hace tiempo. Primero los cacerolazos, después esto de los gendarmes y prefectos, y hoy desapareció un testigo del caso Ferreyra. Esto quiere decir que están agazapados. Los que están ahora son algunos hijos del huevo de la serpiente. Por eso tenemos que estar atentos. Siempre digo que tengo un pie más afuera que adentro de este mundo, pero por mis nietos quiero un país que merezca ser vivido".
Ante algunas respuestas que recibí y los comentarios que leo en algunos muros, en los que se plantea que el amotinamiento de las fuerzas de seguridad es algo que organizó el propio gobierno para que le tengamos lástima y salgamos a vivarlo, he decidido reproducir lo ya escrito antes con algunos leves retoques y agregados.
Cuando los milicos están en la calle organizados no lo hacen para atacar a un presidente burgués, sino para disparar sus armas contra el pueblo.
Cuando lo derrocaron a Hipólito Yrigoyen- fusilador de obreros durante la Semana Trágica, en La Forestal y en la Patagonia- el hombre estuvo un tiempo en la isla Martín García. Nunca denunció torturas. Las torturas y fusilamientos que ordenó Uriburu bajo el imperio de la Ley Marcial, fueron contra el pueblo trabajador.
Cuando Perón- el presidente que reprimió a los collas del Malón de la Paz, envió a la Gendarmería a Las Lomitas para que fusile a los pilagás en Rincón Bomba y encarceló a comunistas que en muchos casos fueron salvajemente torturados- fue derrocado, se refugió un tiempito en Paraguay, luego en Panamá y finalmente en España, bajo el amparo de Franco.
Las balas de la Libertadora- que contó con el apoyo y la colaboración del Partido Socialista, que puso a Alicia Moreau de Justo como integrante de la Junta Consultiva Nacional creada por la dictadura- fueron a parar al corazón del movimiento obrero.
Cuando Frondizi - el presidente que ejecutó el Plan CONINTES que habilitaba a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares- fue derrocado, estuvo también un tiempito en la Isla Martín García sin recibir un solo rasguño. Un año después, se reincorporó a la vida política. Felipe Vallese, obrero metalúrgico y militante peronista, no corrió la misma suerte. Tras el golpe de José María Guido, fue torturado hasta la muerte en la Comisaría 1º de San Martín y luego se hizo desaparecer su cuerpo.
Cuando los milicos derrocaron a Arturo Illia- con el beneplácito del imperialismo, la Sociedad Rural y la cúpula de la CGT que asistió a la asunción de Onganía- ,el hombre se volvió a su casa, la única que tenía, y fue el único presidente que tuvo la dignidad de no aceptar la jubilación de privilegio. Arturo Illia se mantuvo activo en la militancia y tuvo la suerte de vivir hasta los 83 años. Los estudiantes Santiago Pampillón, Juan Bautista Cabral, Adolfo Bello y el estudiante y trabajador metalúrgico Luis Norberto Blanco, no tuvieron la oportunidad de vivir tanto tiempo. Las balas de la Revolución Argentina terminaron con sus jóvenes vidas mientras se movilizaban junto al pueblo en Córdoba, Corrientes y Rosario.
Cuando fue derrocada María Estela Martínez de Perón- que junto a su marido Juan Domingo y el ministro López Rega sostuvo a la Triple A, ejecutora de los asesinatos de 1500 compañeros-, la dama estuvo de lo más cómoda en dos residencias adonde los milicos la alojaron, una en Neuquén y otra en Vicente López. Después se fue a vivir tranquilísima a Madrid, adonde hoy toma el té con señoras de la alta sociedad. 30000 desaparecidos, 500 bebés secuestrados, miles de presos políticos y compañeros asesinados y 40000 exiliados, fueron el saldo del último golpe de Estado, el más sangriento que vivimos.
De más está decir que todos los golpes fueron dispuestos por el imperialismo yanki, la oligarquía y los empresarios vernáculos. Es larga la lista de socios civiles que aún conservan sus privilegios: Acindar, Ledesma, Celulosa, Mercedes Benz, Loma Negra, Techint, la Sociedad Rural, directorios de bancos, dueños de grandes medios de comunicación, representantes de la Iglesia y varios dirigentes políticos y sindicales.
En este siglo XXI la modalidad de los golpes, tiene otras características. Lo vimos en Honduras y Paraguay, adonde el gobierno quedó a cargo de civiles y a los ex presidentes se les ha respetado su integridad física, mientras el pueblo es el que sigue recibiendo las balas.
No estar atentos a esto que sucedió en otros países latinoamericanos; olvidar lo que hace un par de años ocurrió en Ecuador o en Bolivia, es peligroso.
Con golpes al estilo Plan Cóndor o a la “paraguaya”, lo cierto es que los caídos siempre pertenecen al campo popular.
La presidenta y sus funcionarios pueden alojarse en sus cómodas residencias. Pueden quedarse en la Argentina o en el exterior. No es contra ellos la cosa, sino contra el pueblo trabajador, que desde el año 2003 a la fecha tiene 30 compañeros asesinados en las protestas sociales, cinco mil luchadores procesados, a Julio López desaparecido por segunda vez y a Silvia Suppo asesinada. Sobre el pueblo trabajador también se descargan la Ley Antiterrorista y el proyecto X, nacidos de las entrañas del gobierno nacional, y también es sobre el pueblo que caen las balas del gatillo fácil y las muertes en las cárceles, con la anuencia de todos los gobernadores, incluido el “socialista” de la provincia de Santa Fe.
Razones para que los militantes del campo popular salgamos a la calle a repudiar todas las medidas antipopulares del gobierno nacional y el provincial hay de sobra. Para lo que no hay razón es para que perdamos la independencia política y salgamos a reproducir lo mismo que dicen los “periodistas” del portal de SEPRIN, una página diseñada por los milicos.
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